La aprobación por parte del parlamento autonómico catalán de una declaración en la que se proclama a Cataluña «sujeto político y jurídico soberano» ha sido calificado por los medios de información del régimen juancarlista como un acto sin valor jurídico; lo que es una perogrullada en la medida en que no tiene encaje en el marco legal presidido por la actual constitución. Pero esta reacción tiene un propósito: esconder a ojos de la sociedad la gravedad de tal decisión. Porque lo que los diputados autonómicos separatistas han aprobado es una declaración formal de independencia de «Catalunya».

Más allá de la incoherencia de que una institución existente al amparo de la constitución de 1978 rubrique un acto de ilegalidad contra la misma, con decisiones como ésta se quiebra el principio fundamental de soberanía sobre el que se asienta cualquier Estado nacional. La soberanía de la Nación deja de ser una, indivisible, inajenable e inalienable cuando unos políticos deciden constituir a una fracción de la misma en poder soberano, susceptible de proclamar en cualquier momento la creación de un nuevo Estado. En el caso concreto que nos ocupa, el régimen pseudodemocrático juancarlista se asienta en la falacia de que, a la hora de forjar la soberanía popular, son iguales los patriotas españoles, los separatistas y los simples extranjeros residentes; los banqueros, grandes propietarios y los parados de larga duración.

De acuerdo a la Constitución vigente, los políticos separatistas antiespañoles han cometido un delito de rebelión. El régimen juancarlista, a través de su actual gobierno, no va a actuar. Antes ha preferido, por ejemplo, aprobar la ley de unidad del mercado. Se ha limitado a advertir de que utilizará las leyes para impedir cualquier «consulta ilegal». O sea, anuncia que evitará el plebiscito que esos padres fundadores tengan a bien organizar para darle apariencia de refrendo popular al acto de rebelión firmado. Para algunos, por mera impotencia. Para nosotros, naturalmente, por su condición de cómplice con los nacionalismos antiespañoles juancarlistas. Sólo un régimen traidor a la Nación española permite actos como éste.

Se ha justificado esta decisión en el parlamento autonómico catalán como un paso necesario para el ejercicio pleno del «derecho a decidir», mero subterfugio semántico para no referirse a él como «derecho de autodeterminación». ¿Derecho a decidir de quién? De la nación catalana, responden los separatistas antiespañoles. Mientras desde el régimen juancarlista se rechaza tal plebiscito por ser «una ilegalidad», o sea, por no ajustarse a la normativa jurídica vigente, los nacionalistas catalanes son coherentes en su camino a la independencia. Saben que la soberanía sólo puede residir en la Nación. Como afirman tener una, «Catalunya», se han apresurado por declararla sujeto soberano. A partir de ahora, su Cataluña, existe como Nación soberana a la espera de la oficialización de independencia.

Con esa crítica meramente formalista al ejercicio del «derecho a decidir de las catalanas y los catalanes», el régimen juancarlista reconoce y acepta el fin de la Nación española. Sus oligarcas, como buenos liberales, sólo aspiran a mantener un Estado español en pie, a mantener la unidad de mercado. España no existirá, pero el Estado español sí. Éste queda reducido a un mero artificio jurídico que sólo cabe defender desde la trinchera de la constitución de 1978.

El acto de rebelión de los diputados autonómicos catalanes pretende ser revestido de legitimidad al presentarse como un «acto democrático». En realidad, en nada diferiría si estos diputados se hubiesen reunido en el monasterio de Montserrat y hubiesen rubricado dicha declaración con las armas en la mano. El resultado hubiese sido el mismo. El delito también.

El Partido Nacional Republicano denuncia, en primer lugar, al régimen juancarlista por su complicidad en la destrucción de la Nación española. Su no persecución de quienes se han erigido en rebelión contra la Nación española le hace merecedor, plenamente, del calificativo de traidor. Es de destacar el carácter sedicioso de quienes son las máximas autoridades del régimen juancarlista en la comunidad autónoma de Cataluña. Una vez más, participa del expolio que los españoles sufrimos de nuestra soberanía. Al hacerlo, el régimen juancarlista liquida cualquier oportunidad para la democracia en España por cuanto ésta sólo puede descansar en una Nación libre y soberana.

El Partido Nacional Republicano denuncia la monserga del «derecho de autodeterminación» esgrimido por los separatistas como una herramienta al servicio del imperialismo de la Mitteleuropa germánica. La burguesía catalana persiste en su propósito histórico de ponerse al servicio de los intereses colonialistas del capital europeo. Ahora más que nunca, la defensa del socialismo pasa por la trinchera de los Estados-nación existentes.

El Partido Nacional Republicano anima a todos los españoles que aún viven el destino de su patria como una tragedia personal a no conformarse, a rebelarse contra este régimen felón constituyéndose en resistencia, a preparar la titánica tarea de reconquista de España que se divisa en el horizonte militando en las filas de nuestro partido.