El Partido Nacional Republicano califica al régimen juancarlista de antinacional, antidemocrático y antisocial: hoy da un paso decisivo en la fragmentación de la Nación española, a la vez que somete a su pueblo trabajador a los planes de ajuste dictados por la UE y el FMI.

El fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatut ha fulminado de un trallazo la soberanía del conjunto del pueblo español. Entretanto, este pueblo se entregaba con efusión futbolera a la jarana de la selección “roja”. Soberano no es el pueblo español, sino Zapatero, Artur Mas, el “Parlament català” y la banda de Montilla. Ellos son quienes, cual constituyente, han decidido proclamar una nueva nación, la catalana, y que el TC, órgano de la partitocracia juancarlista, la cubra de oropeles de legitimidad.

El PNR ha denunciado sistemáticamente el Estatut, desde su gestación hasta su aprobación. La sentencia del TC  no nos podía sorprender: el Estatut es la piedra de toque para el despliegue confederal del Estado Autonómico previsto en la Constitución del 78. Es, además, el troquel para otros estatutos, especialmente, para la reforma del Estatuto Vasco en un contexto de “pacificación” para el imaginario “conflicto vasco”.

El fallo

En el lenguaje de madera propio de los leguleyos, la sentencia afirma que la expresión «Nación catalana» carece de «eficacia jurídica interpretativa». Pero nadie ignora su enorme carga política y por eso se mantiene en el preámbulo, así como se mantienen los símbolos “nacionales” catalanes. Estamos ya en la “nación de naciones”: el pastiche del “Estado español” y las naciones étnicas de trasfondo racista, en vías de confederalización. A la vista del deficitario resultado del referendo de ratificación del Estatut de 2006, con la participación de sólo un 49% del censo electoral, el TC ha tenido que echar un capote legitimando el autogobierno de Cataluña con la leyenda de «los derechos históricos del pueblo catalán». También se mantiene el monolingüismo catalán y la mayor parte de lo relativo a la financiación, a las competencias de Cataluña y a la bilateralidad entre Cataluña y el “Estado”.

El propio Gobierno de la Generalidad acaba de admitir que «no ve en peligro cuestiones básicas, como la inmersión lingüística ni el nuevo sistema de financiación». Cae solamente el articulado relativo a la independencia de un órgano del poder judicial catalán y de un tribunal de justicia de Cataluña como máxima instancia, pero no las atribuciones que le corresponderían. Zapatero ya se ha apresurado a declarar que está dispuesto a «tomar alguna iniciativa para reforzar lo que es el esfuerzo de desarrollo del Estatuto que hemos hecho». Esto es, adecuar la ley a las pretensiones del Estatut.

Otoño, las elecciones catalanas

Quizá, por primera vez en su historia el diario El País hace una correcta síntesis de lo que ha pasado: reconoce que «el Constitucional avala el Estatuto, pero que los escuálidos recortes darán abundante munición retórica en un ambiente preelectoral como el que vive Cataluña».

En efecto, el PSC, al que los sondeos pronostican un descenso y ERC, cuya caída parece muy acusada, se han lanzado a un desaforado victimismo, clamando contra la «humillación de Cataluña» por una sentencia que les parece insuficientemente catalanista. Pero Montilla, que se cree obligado a encabezar marchas de “desagravio”, ha dejado claro que acatará la sentencia, si bien se prepara para entrevistarse con Zapatero con el fin de «restablecer el pacto constitucional». Es decir, pedir más dinero para la voraz burguesía catalana y sus acólitos políticos.

El PSOE celebra la derrota del recurso del PP que, según Rubalcaba, «pierde 290-1». Por su parte, el PP, se ha precipitado a apoyar la sentencia, manifestando por boca de la sin par Soraya que «ahora sí ya tenemos un estatuto catalán constitucional, que representa a todos los catalanes y catalanas». Rajoy no se ha quedado atrás: «toca mirar al futuro con ánimo de concordia». Pasa página y arroja al retrete los cuatro millones de firmas contra el Estatuto que hizo recoger a sus militantes para desfogarlos. En su opinión, tras los retoques del TC, el texto ya cumple las reglas de juego. «Es un tema que no nos interesa», afirma de cara a las autonómicas catalanas y a sus posibles componendas con CiU.

En perspectiva

Así, no ha ganado el PSOE ni ha ganado el PP. Ha triunfado el régimen al completo y lo que queda de España se precipita en caída libre. Sólo algunos ilusos pueden seguir hablando de soberanía del pueblo español y de igualdad entre sus ciudadanos. Pero aún podemos descender más peldaños en la disgregación. Máxime cuando la disolución de España es funcional a los designios colonizadores del Euroreich, cuyo palmarés desintegrador es amplio: partición de Checoslovaquia, desarticulación sangrienta de Yugoslavia, reconocimiento de la independencia de Kosovo... Eurolandia es acicate de todas las tensiones centrífugas que nos asolan. Los intereses del capital financiero centroeuropeo exigen la desarticulación de las naciones más frágiles, para volcar más fácilmente el fardo de la crisis sobre sus trabajadores y apoderarse de sus recursos.

De entrada, la sentencia servirá para alentar pasos en otras partes. Francisco Camps ha corrido a reafirmar sus cláusulas de arrastre. Andalucía ha reclamado una pronta revisión de su Estatuto. Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que Galicia también es una nación. Pero, sobre todo, el Estatut aporta marco formal indispensable a las maniobras que se preparan en Vascongadas para el «final dialogado de la violencia». El lehendakari Patxi López señala satisfecho que el Estatut «cabe en la Constitución». Y añade: «hay cosas que el tribunal ve que ahora no son válidas, pero que en el futuro pueden ser posibles».

Si la “nación catalana” es constitucional, nos sobra la constitución española de 1978 y el régimen que la sustenta, con su reyezuelo y toda su corte de partidos y leguleyos.

¡Abajo el Estado de las autonomías!
¡Abajo la monarquía!
¡República española unitaria!