El Partido Nacional Republicano aborda la cuestión del aborto desde un punto de vista político, el propio de un partido que se define como nacionalista español.

La defensa del nasciturus es defensa de la comunidad nacional

La práctica totalidad de los discursos en presencia, sean abortistas o antiabortistas, gravitan en torno a la figura apolítica del Individuo. Para los abortistas, sólo está la Individua-madre y su “derecho a decidir”. Para los antiabortistas, hay dos Individuos: la madre y el embrión. Una reducida minoría hace intervenir a un tercer Individuo, el padre (perdón, el “progenitor”). No pueden ser éstos los planteamientos del PNR, que siempre se ha centrado en la figura jurídico-política del Ciudadano, componente de una comunidad nacional concreta, lo que implica inmediatamente la referencia al Estado, organización de dicha comunidad.

Desde este punto de vista, en el preciso momento del embarazo se configura un embrión de ciudadano español, con todos los derechos que puedan serle favorables, comenzando por el derecho a vivir. Y la mera existencia del nasciturus, del embrión de ciudadano, solicita una intervención tuitiva, asignada al Estado, facultado para imponerla sobre cualquier otra consideración. Es decir, es obligación positiva para el Estado actuar con toda la diligencia posible para que se extiendan ante el nasciturus las necesarias expectativas de vida y desarrollo, mediante singulares medidas de apoyo a la mujer y, en el caso de su desistimiento a atender al hijo ya nacido, con la exploración de canales de acogida y, finalmente, de cuidado a cargo de las propias instituciones del Estado.

Los textos del PNR que han circulado no desconocen que, en ocasiones muy excepcionales, puede constatarse la existencia de un bien jurídico superior a la vida del nasciturus, que justifique su sacrificio. Pero no cabe en caso alguno debilitar sus derechos permitiendo que dependa de una simple declaración de la mujer, no objetivable, no evaluable ni mensurable por criterios externos a su puro y simple arbitrio.

El nasciturus como verruga a extirpar

En el artículo “UN RÉGIMEN DE ANIQUILACIÓN NACIONAL”, publicado el pasado mes de octubre en esta página, se cita al ministro de Sanidad, Bernat Soria: «El Partido Socialista dice: el propietario de tu cuerpo eres tú. Tú eres quien toma decisiones. Eso es ideología socialista».

En el artículo se califica esa manifestación como propia “del individualismo burgués más putrefacto”. Sería preciso añadir que la putrefacción llega al grado de retroceder respecto de la burguesía para desembocar en el propietarismo esclavista. Únicamente en una sociedad esclavista el derecho de propiedad puede recaer sobre los cuerpos humanos. Fuera de esa sociedad, no se aplica más que a las cosas y los animales. La “ideología de género”, soporte del derecho al aborto, no se contenta con la aberrante proclama general de Soria, sino que atribuye a la mujer un derecho de propiedad sobre el feto. Y para ponerse a salvo de objeciones, el abortismo debe negar  al mismo su calidad de organismo humano distinto al de la mujer y asimilarlo a un simple forúnculo o una verruga. Esto es lo que subyace en la aseveración de la Sra. Aído, ministra de Ideología de Género, cuando asegura que un feto de treces semanas no es un ser humano.

El nasciturus no es un tumor que se opera a voluntad de la mujer. El "nosotras parimos, nosotras decidimos" es una proposición neo-esclavista con virtualidad criminal: podría aplicarse también al recién nacido, al lactante o al niño que aún no puede valerse por sí solo. Todo sería cuestión de tiempo.

Asimismo, hay que considerar las alusiones de la Sra. Aído a la independencia o viabilidad del embrión fuera del claustro materno como algo completamente accesorio; depende de los progresos de la medicina y de la técnica. Hacen muy bien los textos del PNR en no condicionar sus posicionamientos sobre el nasciturus al último modelo de incubadora.

Chapuzas incongruentes

Las propuestas del PSOE sobre esta cuestión dejan al descubierto las más flagrantes contradiciones e incongruencias. En España no es posible oponerse al sacrificio de la vida del peor criminal al tiempo que se aplaude como un logro progresista el que cualquiera por su capricho pueda disponer de una vida indefensa. Pero siguiendo la regla de que quien puede lo más puede lo menos, si es legal terminar la vida del concebido, también se le deben poder causar lesiones, aún las más graves, por capricho y sin que sea delito, pues éstas serán siempre menos que llegar a quitarle la vida por completo.

La frivolización del aborto se completa al prescindir del consentimiento paterno cuando la mujer ha cumplido dieciséis años. Aún no podrá conducir un automóvil, pero sí matar, con todas las bendiciones legales, a un futuro compatriota. Conviene además recordar que la edad mínima para casarse en España son catorce años (artículo 48 del Código Civil) y que la edad de consentimiento legal está en los trece. Por tanto, en congruencia con el proyecto del PSOE, ¿no deberían ser alguna de éstas la edad para decidir abortar sin necesidad de consentimiento paterno?

No es aceptable la expresión “interrupción voluntaria del embarazo”. Hay que rechazar  las piruetas semánticas que enmascaran lo que no es más que un crimen de lesa patria. El aborto sigue siendo aborto, aunque lo llamemos interrupción voluntaria del embarazo, o IVE. Ahora resulta que no se aborta, sino que se “ivea”, en las clínicas privadas vinculadas al poder socialista y de sus amigos los nacionalistas antiespañoles.

Disolución física del pueblo español impulsada por el capital

La postura del PNR representa un avance fundamental en la clarificación de estas cuestiones, consistente en integrar el “derecho al aborto” en el plano más general de un proyecto de disolución del pueblo español, del que forman parte además el aliento a la inmigración masiva y la eutanasia. En el artículo citado esto se expone con singular contundencia, al denunciar la naturaleza antiespañola del juancarlismo.

«Esta naturaleza no sólo se ha puesto de manifiesto mediante el reconocimiento de los nacionalismos antiespañoles como corrientes legítimas, la desarticulación institucional que permite alzar “naciones” contra la Nación española, la permisividad con la chulería del separatismo terrorista, la erradicación de la lengua común de los españoles en regiones enteras… También incluye ahora un nuevo paso en la promoción del aborto como herramienta de genocidio de generaciones futuras de españoles; la eutanasia, como devaluación de la vida de muchos de nuestros compatriotas, estigmatizando como “indigno” el deterioro físico o incluso la discapacidad. Y el voto inmigrante como raspado del contenido político de la nacionalidad, hasta equipararla a la residencia por cuestiones laborales. Todo ello en la línea de la disolución física del pueblo español».

Pero el artículo no se limita a esa denuncia, sino que además identifica los intereses capitalistas a los que sirve el proceso en curso:

«Ampliación del aborto y voto inmigrante favorecen la estrategia del Capital, que promueve crecimientos demográficos negativos para reemplazar las poblaciones laborales autóctonas por mano de obra inmigrante. Ambos constituyen un formidable ataque a los derechos conquistados por las generaciones anteriores. La eutanasia pretende incentivar un alivio de la presión sobre la sanidad pública y un aligeramiento de la carga de las pensiones. Y para el régimen al completo es necesario que los españoles aceptemos nuestra aniquilación nacional sin rechistar. De aquí la importancia del planteamiento del PSOE, que disfraza de “derechos” lo que no es sino nuestro propio sepelio como pueblo” (…) “El régimen tiene un plan sobre población que en la actualidad se instrumenta perfectamente con el engendro de la “alianza de civilizaciones” y los nuevos proyectos del PSOE.  El régimen no necesita pueblo español. Precisa tan sólo pobladores, es decir, mano de obra de función indeterminada. Y, para ello, lo mejor es importarla” (…) “Mientras, la tasa de natalidad española no alcanza siquiera a la tasa de reemplazo, lo que significa que a la vez que se incrementan los pobladores de origen extranjero, se reduce la población de origen nacional. Ése y no otro es el objetivo del “multiculturalismo” y de la mencionada alianza con nadie. Y se piensa complementar con nuevos estímulos a la no reproducción de los españoles y apresurando su  muerte cuando no sean “socialmente útiles”».

La izquierda del capital, izquierda de la barbarie

Por otra parte, los textos mencionados localizan los fundamentos ideológicos del  derecho al aborto y la eutanasia en un "derecho a decidir" de raíz individualista y hedonista, vinculado a la actual izquierda descompuesta. Esa izquierda ha roto todas las amarras con los viejos movimientos socialistas. Estos enarbolaban en sus programas, ante sus mujeres militantes, el postulado antiabortista de la protección de la natalidad con la finalidad de reforzar al ejército del trabajo en su combate contra el poder capitalista. Esas banderas han sido abandonadas en nombre del progresismo. Frente a esa pretensión, he aquí lo afirmado por Gustavo Bueno en su reciente obra  “EL MITO DE LA DERECHA”:

«La política de aborto libre no puede hacerse equivalente a progresismo en sentido social o político hasta que no se demuestre que el aborto, como procedimiento de control de la natalidad, constituye realmente un progreso social y no un retroceso a edades más arcaicas de la historia. Edades en las cuales, en función del estado de las técnicas obstétricas, el control de la natalidad sólo podía llevarse a cabo asfixiando al recién nacido bajo la almohada, machacándole el cráneo con una piedra o arrojándole por el Taigeto.

El progreso de las técnicas anticonceptivas permite hoy prescindir del aborto. El hecho de que unas técnicas abortivas sean hoy más avanzadas que las de otros tiempos no permite deducir  que el aborto sea una técnica de control de la natalidad más avanzada que otras técnicas anticonceptivas. El aborto, sin necesidad de entrar en cuestiones éticas, es decir, ateniéndonos simplemente al plano político y económico, supone un despilfarro fisiológico y económico que habría que cargar a la cuenta de la mujer que, por torpeza o negligencia, no ha sabido evitar la concepción».