El Partido Nacional Republicano ha venido sostenido que la escenificación del “proceso de paz” había quedado en estado de hibernación, a la espera de tiempos mejores. El ejecutivo de Zapatero, desacreditado por la crisis económica, podría disparar ahora su último cartucho mediante la reactivación pública de las negociaciones con ETA. La resolución del llamado “conflicto vasco” facilitaría al PSOE el pasaporte para una tercera legislatura alumbrada por el futuro candidato al nobel de la Paz, Rodríguez Zapatero, y eximiría de cualquier responsabilidad política a los miembros del Gobierno salpicados, en aras de esa “pazzz”, por el caso Faisán. Todo apunta a que ha empezado el deshielo y la bestia abandonará la guarida: son manifiestos los contactos del PSE con el entorno de ETA tal y como denunciamos en un reciente artículo, la formación de grupos de mediadores y las continuas informaciones que se hacen eco del cambio de orientación del mundo pro etarra ante posibles nuevos atentados de la banda. El «final dialogado de la violencia» se vislumbra, otra vez, en la estación primaveral.

El PNR preconiza la derrota de todos los separatistas, incluida ETA y sus filiales. Pero no llamamos al engaño a nadie: para derrotar verdaderamente a ETA y a los separatistas hay que derrocar primero a la monarquía juancarlista. La existencia de la banda terrorista resulta funcional a su proyecto de confederalización de España.

El “proceso de paz” con el que Rodríguez Zapatero inauguró su primera legislatura fue, aparentemente, abortado en vísperas de los últimos comicios generales. Pesaba el temor a una sangría electoral causada por el desgaste que ejercía un movimiento cívico de resistencia, liderado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y sin duda parasitado por el PP, que salió a la calle con protestas multitudinarias contra la negociación con ETA y amenazaba con desbordar al gobierno y al propio aparato del partido de la oposición. Durante el periodo de aletargamiento, se ha ido preparando el terreno: ha sido preciso el realineamiento del PP con la política antiterrorista del gobierno del PSOE, bajo la consigna de “la unidad de los demócratas” instigada desde la Zarzuela y, por supuesto, la eliminación de elementos remisos al “proceso”, tanto en el PP como en la AVT. En cualquier caso, no se ha derogado el acuerdo de las Cortes autorizando la negociación del Gobierno con ETA ni, presumiblemente tampoco, los acuerdos alcanzados entre las dos bandas. Y los cargos municipales de ANV siguen en los ayuntamientos, recibiendo dinero público.

El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, oficia de maestro de ceremonias de la segunda entrega del “proceso”. Mensualmente desarticula a la última cúpula de ETA o detiene al «número 1» para convencernos de que la banda está en estado terminal, a la par que cierne sobre todos la amenaza del zarpazo del tigre moribundo, intensificando el nivel de alertas ante el riesgo inminente de atentado. Es una sabia administración del terror dirigida a hacer convincente el show, que discurrirá conforme a sus indicaciones: «una vez que ETA entregue las armas, los vascos podrán decidir por sí mismos». En respuesta, su compañero de reparto en el mundillo etarra, Otegui, dramatiza ante los medios: «o ETA se suma a la procesión o se suicidan». Y el ministro, que sobreactúa, le da la réplica: «o rompen con ETA, o convencen a ETA para que dejen la lucha armada». Teatro, puro teatro.

Porque ETA es una componente de la dinámica centrífuga que auspicia el régimen. Sus crímenes son un catalizador para la disolución de los pocos resortes unitarios que restan en España y herramienta de coacción para sembrar el desistimiento entre los españoles. El juancarlismo ha contado desde su instauración con el juego de ETA para dos finalidades primordiales: una, como coartada para adoptar un modelo de distribución territorial del poder políticamente descentralizado, el estado autonómico, en cuyo seno, según se justificaba, no tendría sentido las vindicaciones del separatismo en la medida en que se podía alcanzar amplias cuotas de autogobierno. La realidad es que el estado autonómico plasmaba el pacto preconstitucional de la Corona con las burguesías periféricas de Cataluña y el País Vasco a las que la presión etarra, según la conocida fórmula de «el árbol y las nueces», ha ido desbrozando el camino. La otra, para aterrorizar y desmotivar a una población harta de atentados y, finalmente, dispuesta a hacer todo tipo de concesiones: «¡Qué les den la independencia de una vez!».

El juancarlismo está decidido a culminar la lógica confederal del estado autonómico, a consagrar consecuentemente un modelo “plurinacional” de para-estados integrados por “nacionalidades” que rindan pleitesía a la Corona, que ejercería como nexo de unidad simbólica, más allá del bien y del mal, en la cúspide del tinglado de las oligarquías capitalistas “de este país” y los negocios de las burguesías periféricas.

El régimen echa mano de ETA nuevamente para su espectáculo. El colofón confederal pasa por la supuesta derrota de la banda armada, acosada policialmente por España y Francia, país que añade un plus de determinación por el asesinato del gendarme. Pero resultaría falaz propalar falsas esperanzas sobre un golpe policial definitivo a ETA. “El proceso final de la banda”, la agonía, desembocará en una salida piadosa, una eutanasia dosificada con el “final dialogado de la violencia”. A saber, abandono definitivo de las armas –con la oportuna localización de zulos con explosivos caducados y armamentos obsoletos–, excarcelaciones a mansalva, reinserciones y búsqueda de refugio en otros países para los etarras más ensangrentados. Resuelto el dilema de “bombas o votos” entonces vendría la bienaventurada “normalización del País Vasco”, con la reconversión del entorno pro etarra en “nacionalismo democrático”, como una opción política más del régimen con presencia de pleno derecho en las instituciones, no en precario como ANV y otras marcas de ETA que ha permitido el régimen, sin temor ya a ser inquietado por inoportunos autos judiciales y con posibilidad de formar pactos de gobierno con el PSE. Todo ello incluyendo tanto el “derecho de los vascos a decidir” como la eventual subsistencia de una “ETA auténtica”, grapizada y convenientemente infiltrada, por si en algún momento conviniera “sacudir el árbol”. En esta perspectiva, resulta fundamental la ratificación por el Tribunal Constitucional del estatuto de Cataluña, pues debe fijar el modelo a seguir también en “Euskadi”.

El eurodiputado del PP, Jaime Mayor Oreja, descolgado de la línea oficial de su partido, ha desatado la polémica, tanto en sus filas como en las del PSOE, denunciado certeramente la existencia de esas negociaciones que todo el mundo niega entre el Gobierno y ETA. Sin embargo, hay algo en lo que se equivoca: ETA no sólo es un aliado de Zapatero, como bien afirma, sino del régimen juancarlista al completo. Por cierto, ¿qué hace Mayor Oreja, de acuerdo a sus propias convicciones, en un partido que tiene un pacto de gobierno en el País Vasco con los aliados de ETA?

Para derrotar a ETA hay que derrocar a la Monarquía.