Ya advertimos en enero pasado, en nuestro artículo El penúltimo servicio de ETA al juancarlismo, que ETA volvería a estar en las instituciones de Navarra y Vascongadas mediante las listas de Eusko Alkartasuna (EA). Este partido –cabe recordar– fue aquella escisión progresista del PNV, la casa del padre de todo el nacionalismo vasco, que encabezó un ex lehendakari navarro llamado Carlos Garaicoechea en 1986.

Ahora, las plañideras de turno lloran por los rincones de los órganos de propaganda del juancarlismo la decisión del Tribunal Constitucional de legalizar la coalición Bildu, una nueva cobertura legal de ETA amparada ahora por el pedigrí “democrático” de EA. Antes hubo otras como ANV, añagazas legalistas necesarias para que el PPSOE pueda hacer cantar el trágala a esa parte de españoles escandalizados por tal felonía.

En el periodo que ha ido entre la ilegalización de Bildu aprobada por los jueces “conservadores” del Tribunal Supremo y la re-legalización acordada por los jueces “progresistas” del Tribunal Constitucional, las dos fracciones principales del régimen se han retratado ante la “opinión pública”. El PSOE ha escenificado una puesta en escena mendaz encargando a sus tentáculos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado una actitud de rechazo a Bildu, la única posible ante los contundentes informes de la Policía y la Guardia Civil sobre su naturaleza. Pero mientras Rubalcaba aparentaba firmeza no dejaba de descargar la responsabilidad de la decisión final en el poder judicial. Al mismo tiempo, los socialistas catalanes de Chacón y los vascos de López defendían abiertamente la participación de ETA a través de Bildu. Y el PP, fiel vasallo de su señor, acusaba al pérfido Zapatero y su gobierno como único responsable al tiempo que decía confiar en los jueces y magistrados. Incluso Trillo pactaba de manera secreta con Rubalcaba el método que aparentemente ilegalizaría a Bildu. Con todo, unos y otros salvaban la cara ante sus electorados.

Todo quedaba, al final, en el poder judicial. Ese poder judicial cooptado por el PPSOE y las minorías nacionalistas vasca y catalana. Ese poder judicial que se repartieron los partidos del régimen desde la Transición y que impúdicamente explicitaron con el llamado pacto de la justicia de 2001. La sentencia del Tribunal Constitucional ha sido alabada por el PSOE y lamentada por el PP. Ha hecho resurgir las protestas por la situación del propio tribunal: su composición, su paralizada renovación... El PNR no descansa en su denuncia, en describirlo como lo que es: un órgano de la partitocracia juancarlista encargado de legitimar sus decisiones.

Quienes ahora descansan la responsabilidad, para bien o para mal, únicamente en los jueces del Tribunal Constitucional de la legalización de Bildu no dejan de ser cómplices de esta gran farsa. Aseguran que todo iba bien hasta ese momento pero ocultan un análisis con una cierta perspectiva temporal. Y ésta demuestra que de una u otra forma, ETA ha estado y seguirá estando en las instituciones. Que no hay voluntad de acabar con ETA porque es consustancial al régimen. En esta ocasión ha llegado hasta el Tribunal Constitucional porque existía la certeza de que el final sería el que ha sido. Así estaba diseñado el plan. Si no, se habría ideado otro, tal y como pasó anteriormente con ANV.

El camino está trazado. ETA se va a ir transformando paulatinamente en un partido más del régimen que posibilite la elaboración de un nuevo estatuto vasco de autonomía, al estilo catalán, que cree en Vascongadas y Navarra una nueva nación y una nueva soberanía. Ya estará allí, también, el Tribunal Constitucional para legitimarlo. Para evitarlo sólo cabe una postura firme y contundente: el derrocamiento del régimen al completo, su demolición hasta sus cimientos. Y la instauración en su lugar de una república unitaria española.