Al comienzo de la crisis, el crac financiero mundial desnudó ante la opinión pública los fundamentos del negocio de la banca. Cuando la economía va bien, los beneficios que generan se los reparten sus propietarios. Entre 2001 y 2008, los del sistema bancario español fueron 94.300 millones de euros. Pero cuando se desatan los problemas, exigen que sean todos los demás quienes apechuguen con los resultados de sus nefastas gestiones. Cuando ocurre, sus números rojos tienen tantos dígitos que sólo una institución es capaz de acudir en su rescate: el Estado.

Para ello, a través de sus altavoces mediáticos, esparcen el pánico por las consecuencias que para la sociedad tendrían la quiebra de sus bancos. Al fin y al cabo, estos plutócratas disponen de los mayores recursos a su alcance: economistas, académicos, periodistas, cabilderos, etc. La labor de sus voceros en televisión, prensa, radio e internet acaba siendo completada por la partitocracia borbónica –mera ejecutora de sus imperativos deseos– al aprobar los multimillonarios rescates a costa de la ciudadanía española. En realidad, estos rescates no son más que transferencias del Estado a los bolsillos de los oligarcas para que nunca pierdan y siempre ganen.

De manera impúdica, se pone en evidencia que en una situación de desastre sin precedentes, al que en gran medida ha contribuido el sistema financiero del reinito, el régimen sea con el PSOE o el PP en el gobierno, ante todo protege a sus banqueros mientras impone a los españoles ajustes brutales.

El mayor rescate de la historia

Desde octubre de 2008 hasta finales de 2011, el total de ayudas autorizadas a la banca europea ha ascendido a más del 12% del PIB de la Unión Europea. Un 3% corresponde a 1,4 billones de euros en recapitalizaciones y compra de “activos tóxicos”, mientras que el 9% restante equivale a los 4,2 billones de las garantías, avales y liquidez.

En el caso de España, sólo en 2010 estas ayudas equivalieron al 8,2% del PIB nacional. En total, la estimación de su coste es de unos 100.000 millones de euros. Además, el Estado ha avalado la refinanciación de la deuda privada de la banca por valor de otros 150.000 millones.

Esto no es nuevo. Las crisis bancarias se han repetido a lo largo de la historia del capitalismo. Las más recientes crisis bancarias fueron las de Japón y Suecia en los años 90. La actual, pese a su magnitud, se ha pretendido explicar de una manera infantil. Se intenta desviar la atención de las causas verdaderas echando la culpa de todo a la voracidad y avaricia de los directivos y empleados. Los socialdemócratas keynesianos denuncian el origen en las desregulaciones del sistema financiero que el neoliberalismo impuso desde los tiempos de Reagan y Thatcher. Y todos proponen nuevos códigos de conducta y más vigilancia para que estos excesos, estas malas prácticas, no vuelvan a suceder. Piden un imposible que va contra la misma esencia del modelo capitalista: la maximización del beneficio privado es la única ética del capitalismo.

Algunos costes del rescate de Eurolandia

El propio comisario para la competencia de la UE, Joaquín Almunia, recientemente ha señalado como «excesivos» los 52.000 millones de euros destinados a la recapitalización de la banca española, 13.000 de las arcas públicas de 2010 a 2011 y 39.000 procedentes de los mecanismos de rescate de Eurolandia. Una carga que recae sobre el contribuyente español y cuya principal finalidad es el saneamiento de balances y la restructuración de un sistema podrido asentado en un círculo vicioso de financiación entre el Estado y las entidades de crédito, las mayores tenedoras de rentable deuda del Tesoro adquirida con financiación casi gratuita a través del BCE.

Todo a cambio del estrangulamiento de la economía mediante la contracción del crédito para pymes que irremisiblemente se ven abocadas al cierre al no poder financiar ni inversiones ni sus circulantes y familias en paro cuyas viviendas hipotecadas serán ejecutadas por los bancos.

Además, el impacto de este rescate bancario se traslada al conjunto de los españoles al ensanchar el bucle déficit-deuda pública con las consiguientes políticas antisociales de  recortes impuestas por el Euro-Reich.

Un “banco malo” para proseguir con el expolio

La creación del “banco malo” (SAREB) no es más que una nueva fase del saqueo perpetrado por la monarquía de los banqueros. Tras las capitalizaciones y nacionalizaciones de diversas entidades y los masivos avales a los “bancos buenos”, el Estado crea el “banco malo” para comprar los “activos tóxicos”, la sobreproducción invendible del ladrillazo.

Pese a los descuentos anunciados, se hace a unos precios irreales, sobrevalorados, para que las pérdidas de los bancos que se desprenden de esos activos sean las menores posibles. La diferencia entre lo que el SAREB pague y lo que valgan dentro de un tiempo correrá a cargo del Estado. Según el Banco de España, el volumen de los “activos tóxicos” inmobiliarios que los bancos tienen es de 180.000 millones. Pero la deuda total de las constructoras y promotoras con la banca asciende a 400.000 millones. No sólo se desprenden de estos activos, sino que traspasan los costes de su mantenimiento al Estado al tiempo que cínicamente proponen su conversión en vivienda social.

La desaparición de las cajas de ahorro

Esta crisis ha supuesto la desaparición de las cajas de ahorro, instituciones financieras privadas de gran aceptación y popularidad en la sociedad española. Nacieron en el siglo XIX con el fin de amparar a las capas laboriosas de la sociedad frente a la usura bancaria y ofrecer obras benéficas sociales y asistenciales. Con ellas ha desaparecido una incómoda competencia para la oligarquía banquera.

La concepción tradicional de las cajas de ahorro, orientadas a la financiación de mercados minoristas, comenzó a desaparecer a principios de los años 80 con la llegada del PSOE de Felipe González al poder. La nueva clase política del juancarlismo que se estaba conformando tomó las riendas de las mismas en sus consejos de administración. Las nuevas élites políticas locales y regionales que llegaban encontraron en ellas una fuente excepcional de financiación de los proyectos con los que tejer su tupida red clientelar. Los cambios que se sucedieron las convirtieron en privilegiados competidores de los bancos debido a su peculiar condición jurídica. La élite financiera tradicional fue perdiendo terreno hasta controlar sólo la mitad del mercado español.

El boom del ladrillo (1998-2007) convirtió a las cajas y a las élites regionales y locales en ambiciosos protagonistas de un penoso capitalismo autóctono rendido al pelotazo y a los delirios de grandeza de caciquillos, afanado en hinchar una burbuja a base de un descomunal endeudamiento con la banca europea, principalmente francesa y alemana. Pero la crisis ha quebrado estas estructuras financieras de desmesurada corrupción local y regional, controladas por las sucursales del PPSOE y el sindicalismo oficial. La oportunidad ha sido aprovechada por la oligarquía bancaria: junto a la desaparición de la gran mayoría de esta competencia han fagocitado a la otra parte de la misma. Con la desaparición del sistema de cajas de ahorro, los banqueros del juancarlismo han fortalecido su oligopolio.

Pese a la nostalgia de algunos por el sistema de cajas de ahorro no hay vuelta atrás. Sólo queda, en el mejor de los casos, su ejemplo de que es posible un sistema financiero no usurero, que gestione adecuadamente unos recursos económicos de acuerdo con unos fines diferentes a los de la maximización del beneficio privado. Esta misma idea la han aprovechado algunos banqueros oportunistas para lanzar al mercado un nuevo producto llamado «banca ética», con la que aprovechar la crisis actual en su propio beneficio bajo el disfraz de capitalismo de rostro humano.

Banca pública frente a bancos privados

Hasta los más recalcitrantes ultraliberales reclaman la necesidad de la intervención del Estado en situaciones como la actual para que el tinglado no se derrumbe. La gran estafa que proponen como la única solución posible se culmina cuando los bancos nacionalizados vuelven a ser privatizados tras ser saneados. Retornan los antiguos propietarios, los magnates y sus gestores, ensalzados por un coro mediático que repite el mantra de que la gestión del capital privado siempre es más eficaz. Como si nada hubiera pasado. Así, por ejemplo, celebran la elección de un banquero profesional como José Ignacio Goirigolzarri para reflotar Bankia. No ven entonces contradicción entre gestión eficaz y propiedad pública.

Pero también surgen voces críticas en la sociedad que se preguntan por qué se nacionalizan las pérdidas y se privatizan los beneficios de los bancos. Se preocupan por el destino de los ahorros de los trabajadores ante la conversión de las cajas en bancos privados porque temen que desaparezcan en otro crac financiero. Lamentan, también, la desaparición de la obra social y abogan por recuperar los viejos valores de servicio social de las cajas de ahorro y montes de piedad. Proponen tímidamente que la administración de esos ahorros sea considerado un servicio público. Para ello solicitan la conversión de las cajas en entidades públicas. Pero es un tímido paso, insuficiente y a todas luces impracticable bajo el régimen juancarlista.

Compartimos la demanda de reemplazar los fundamentos economicistas del sistema financiero. El Partido Nacional Republicano, en cambio, preconiza la primacía de la dimensión política, nacional, para todo el sistema bancario, incluidas las cajas de ahorro. Repudiamos la apropiación en forma de beneficio privado por parte de una minoría plutocrática de todos los excedentes generados por los trabajadores españoles (asalariados, funcionarios, autónomos, pymes…). Defendemos por tanto un sistema bancario público, estatal, dirigido a la satisfacción de las necesidades crediticias de la comunidad nacional, al margen de criterios economicistas. Y como tal, debe ser considerado como servicio público esencial cuya titularidad y gestión no puede permanecer en manos privadas.

Socialización frente a nacionalizaciones bajo el juancarlismo

El Partido Nacional Republicano rechaza las nacionalizaciones bajo el vigente Estado. No son más que la pretensión de mantener en el ámbito de la propiedad pública las instituciones rescatadas de acuerdo a las reglas de este régimen de expolio de los españoles. Aspiran a que el dinero inyectado se transforme en permanentes participaciones públicas de su capital social.

El Partido Nacional Republicano denuncia el carácter depredador y antinacional de la monarquía juancarlista y, en consecuencia, propone a los ciudadanos españoles la completa socialización de todo el sistema financiero con su paso a titularidad pública y transformación en un único Banco Nacional del Trabajo, sin compensación ni ningún tipo de indemnizaciones para la oligarquía propietaria. Ello sin perjuicio del resarcimiento que corresponda reclamar a los responsables directos e indirectos de los costes del rescate.

Este proceso es irrealizable, además, mientras se mantenga la subordinación al sistema financiero internacional. Se impone, necesariamente, la ruptura con el euro y toda disciplina monetarista de Eurolandia, el FMI y el Banco Mundial. Sin la recuperación de las funciones soberanas de la economía, como son la emisión de moneda y la fijación de los tipos de cambio, resulta imposible practicar una política económica independiente al servicio de la Nación.

El juancarlismo suele alardear de la fortaleza y la proyección de “nuestros bancos” en el concierto financiero internacional. Pero el Banco Santander, por ejemplo, está controlado en casi un 50% por siete grupos financieros estadounidenses; la familia Botín apenas posee el 1,7% del accionariado. No solo sus intereses entrelazados con otros grupos financieros internacionales y con los mismos oligopolios del juancarlismo, sino sus prácticas abusivas y usureras, cuando no rayanas en el fraude, como el escándalo de las acciones preferentes, convierten a la actual banca en un sector perteneciente a un grupo social privilegiado, hostil a los españoles.

La historia demuestra que ninguna oligarquía ha asistido pasivamente a su desaparición. La creación de esta banca pública nacional sólo será posible si es derrocada la monarquía de los banqueros, el régimen juancarlista.

Este combate debe incluirse pues en una perspectiva más ambiciosa y global que no puede basarse en un frentismo anclado a los referentes de izquierdas o de derechas, meras proyecciones ideológicas del capitalismo. Sino en una organización transversal de autodefensa de los trabajadores españoles articulada en asambleas y comités soberanos por la lucha directa de masas encaminada a la instauración de una República española del Trabajo.

Una República de nuevo tipo que acometa como una de sus tareas prioritarias el impulso de un Plan Nacional del Trabajo, una de cuyas medidas inmediatas, a adoptar con carácter de emergencia, será posibilitar que la financiación vuelva a fluir a través de créditos blandos hacia las pequeñas y medianas empresas. Este Plan no se agotará en la socialización de la banca, sino que afectará a todos los sectores estratégicos de la economía nacional.