El PSOE no puede despedirse del gobierno sin dejar expedito el camino de la “paz” con ETA. Ha invertido dos legislaturas para poner fin al llamado “conflicto vasco” mediante la teatral puesta en escena de una negociación encubierta con la banda separatista. Bajo el discurso de un giro en la política antiterrorista –secundado por el PP– cuyo hilo es que el fin de ETA debe llegar unilateralmente y sin contraprestaciones, se ha potenciado la colaboración existente entre el régimen y los etarras.

Paso a paso

Conforme al guión, se ha producido el reparto de papeles: Alfredo Pérez Rubalcaba, el “implacable” ex ministro de Interior, aparentaba mano dura con la desarticulación mensual de la enésima cúpula de ETA y la detención de sus dirigentes –puestos a la sombra en espera de una amnistía– a la par que tendía la otra mano a las correas de transmisión de la banda, denominadas ahora «izquierda abertzale», instándoles a condenar la violencia, conminar a la banda al abandono de las armas y adoptar la vía de la urnas.

De manera coordinada, el entorno de ETA ha venido respondiendo con gestos que son celebrados a bombo y platillo por el PSOE y sus voceros mediáticos como «pasos decisivos» hacia la paz. El acercamiento de presos a las Vascongadas, la aplicación laxa de los reglamentos penitenciarios que les conceden permisos de salida, su clasificación como arrepentidos y otros beneficios, o la convalidación de las listas de Bildu para procurar su participación en las pasadas municipales de mayo y permitirla en las próximas generales, desmentirían la inexistencia de contrapartidas.

Es innegable que el PSOE está vendiendo el «inminente final de ETA» en precampaña electoral. La hipotética entrega de un arsenal o un comunicado de autodisolución de la banda terrorista en víspera de las elecciones generales del 20-N surtirían su efecto demoscópico si bien, a estas alturas, por mucho impacto mediático que tuviera es descartable el sorpasso. Para el PSOE, en el mejor de los casos, puede significar el revulsivo que evite su completo desmoronamiento.

Pero más allá del cálculo electoral de una de sus facciones, el llamado “proceso de paz” forma parte de la hoja de ruta confederal del régimen. Esto es, la amortización llevada a cabo por el juancarlismo de los exiguos resortes unitarios Expaña y su sustitución por lazos de vasallaje con la Corona de un conglomerado de tribus etno-lingüísticas y cortijos domeñados por caciques, amén del relevo de la nación española como sujeto de soberanía por otras “naciones”–como la catalana– y “realidades nacionales”. Este centrifugado no obedece a la implementación de un plan previsto en una agenda oculta, sino que culmina la lógica confederal del estado autonómico, en la que confluye una visión dinámica del reparto territorial del poder, determinada por el vaciamiento de competencias del estado hacia las autonomías, con la concepción de este país como una “nación de naciones” o “realidad plurinacional” en la que conviven proyectos antiespañoles de cuño nacional-etnicista con anacrónicos residuos del Medievo, como los cupos, fueros y regímenes especiales.

El colofón confederal pasa inexorablemente por la reforma del estatuto de Guernica reconociendo la existencia de una nación vasca –siguiendo el precedente del estatuto catalán–con «derecho a decidir» y con la anexión de Navarra a la comunidad autónoma vasca en el horizonte, tal y como contempla la constitución del 78. Pero como condición previa debe producirse el “final de la violencia” con la disolución de ETA, que no la derrota y puesta a disposición de la justica de todos sus integrantes. La “normalización del País Vasco” exige la redención de condenas de los etarras “arrepentidos”, la excarcelación y reinserción de sus matarifes y colaboradores en las instituciones del juancarlismo.

A la carrera

A la vista de los últimos acontecimientos, la representación del “proceso de paz” vive en estos días previos a las elecciones –y no por casualidad– un relanzamiento con una sucesión de movimientos a la carrera perfectamente coreografiados.

Así, desde finales del pasado mes de septiembre, se ha apretado el acelerador con el anuncio de adhesión del colectivo de presos etarras al acuerdo de Guernica, suscrito hace un año por la izquierda abertzale, Aralar, EA y Alternatiba, por el que se suman a la petición a ETA de un «alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacionalcomo expresión de voluntad para un definitivo abandono de su actividad armada». Y añaden estar «comprometidos con el irreversible proceso de paz», aparte de vindicar la amnistía embadurnada con la vaselina de la contrición: «es hora de abordar sin dilación el reconocimiento y la reparación de las víctimas y la reconciliación social». Este mensaje ha sido amplificado por el entorno etarra que ha demandado en un acto público «una paz sin vencedores ni vencidos».

El régimen, en sincronía, ha actuado como caja de resonancia: el finiquitado Zapatero, ha valorado este anuncio como un «paso significativo». Alfredo, el candidato del PSOE a la presidencia ha declarado estar «prudentemente satisfecho», ha añadido que es «un paso más» y ha recordado, para echarse flores, que están haciendo lo que le dijo hace un año a la izquierda abertzale, «que pare la violencia» y que «estamos ante una situación inédita», como si todo no se ciñera al libreto de la obra. El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, lo ha calificado de«paso decisivo». Por otro lado, Rajoy ha aparentado indiferencia con su desdén hacia al comunicado aludido, pero es pura complicidad que deja hacer y no interfiere. El fiscal general del estado, el de la toga manchada del polvo del camino, ha calificado de «intolerables» las peticiones de amnistía, aunque ha matizado estar de acuerdo con la apreciación de presidente del gobierno. Pero como ha venido a señalar Rubalcaba, es una cuestión de método: la aplicación individual de beneficios penitenciarios, «preso a preso» salvaría el escollo del indulto colectivo.

Por su parte, el lehendakari López ha abogado en el parlamento autonómico vasco por «un gran acuerdo para la concordia» fundado en una «política penitenciaria flexible» que contemple el acercamiento de etarras a las cárceles vascas y en el reconocimiento legal, en alusión a la izquierda abertzale, de todos los partidos. Para que se trague con la píldora también ha pedido el reconocimiento a las víctimas. Bildu ha elogiado el posicionamiento de López como «un paso en la buena dirección».

Siguiendo la estela del proceso irlandés, en las coordenadas de la internacionalización del conflicto, ha irrumpido la comisión internacional de verificación de alto el fuego, liderada por el sudafricano Currin. En su ronda de contactos han concurrido diferentes actores de la política y sociedad vasca (el presidente del PSE, Eguiguren; el del PNV, Urkullu; representantes sindicales de CCOO, ELA y LAB; representantes de la Iglesia católica y de la patronal vasca Confebask).ETA lo ha calificado «paso importante» y, obviamente, ha declarado que colaborará con la comisión que, a su vez, afirma tener garantías del cese de la actividad de la banda.

Entremedias se ha producido una exhibición de fuerza de la izquierda abertzale con una multitudinaria marcha en la calles de Bilbao pidiendo la revisión de condena a Otegui. Para octubre está prevista otra bajo el lema «Euskadi quiere una solución». Bildu, según los sondeos podría obtener en las próximas generales 4 diputados en el Congreso. Sin mayores obstáculos interpuestos por el aparato judicial del juancarlismo, la formación acudirá a la cita probablemente en coalición con Aralar bajo la marca Amaiur. Estas movilizaciones bastan para convencer a la masa de pobladores de Expaña anclados en la ideología liberal que no puede dejarse sin voz y voto una opción que representa a tanta gente siempre que se exprese en términos pacíficos.

Como broche, a principios de octubre ha mediado el anuncio de disolución de Ekin, el aparato político de ETA. Antonio Camacho, el ministro del Interior, a quien todos los indicios le involucran en el chivatazo del bar Faisán durante su etapa de secretario de estado de seguridad, ha aseverado triunfalmente que la banda terrorista se encuentra «en un proceso de disolución imparable» y ha apostillado que ETA «ya ha empezado a asumir que nunca más volverá a condicionar a este país». Mentira. Con el aliento del juancarlismo condiciona a este país más que nunca. Lo hace con la complicidad de las oligarquías del régimen y con el desistimiento de la inmensa masa anacional, indiferente ante el reguero de sangre dejado por más de 850 compatriotas asesinados por el racismo clerical vasco. Paso a paso, coz a coz, llegan tiempos de indignidad y ultraje a las víctimas de la barbarie etarra, igualadas con sus victimarios en nombre de la paz para una guerra que no ha existido. El PPSOE espera el «comunicado definitivo» de autodisolución de la banda terrorista, no su desarticulación policial. Todo sirve de coartada a la dislocación nacional de España.

Los nacional-republicanos somos enemigos de esta “paz”. Preconizamos la derrota de ETA: no importa que entreguen sus armas, se disuelvan e imploren perdón. Luchamos por una nueva España constituida en una república unitaria y justiciera en la que los etarras y sus colaboradores, estén donde estén, amnistiados o no por este régimen, darán con sus huesos por los restos con la cárcel. Y los partidos separatistas antiespañoles serán proscritos.