El anuncio de la disolución de ETA tras un prolongado periodo de inactividad coincide en el tiempo, no por casualidad, con la bajamar del “procés” catalanista como un jalón más hacia la confederalización de España promovida por el mismo régimen borbónico. Ni la aplicación del artículo 155 de la constitución pretende arrumbar los objetivos finales del separatismo catalanista, solo aplazarlos, ni la autodisolución de la banda terrorista implica el desistimiento de los abertzales, sino la vehiculización definitiva por medios políticos, procurada por el régimen desde hace años, de lo mismo que pretendían con sus asesinatos. Ahora, con la desaparición definitiva de la banda y la “paz” como telón de fondo, queda expedita la actuación de la tenaza de separatistas vascos y catalanes.

El desarrollo de ETA ha sido paralelo y funcional al del propio régimen del 78 en su hoja de ruta confederal: el modelo de distribución territorial del poder autonómico adoptado en los albores de la transición con el pacto de la Corona y las oligarquías capitalistas de Cataluña y Vascongadas se sirvió de la coartada de la violencia criminal de ETA. La autonomía vasca y catalana debía satisfacer mediante el reconocimiento de “hechos diferenciales” también las aspiraciones del separatismo armado y propiciar el cese de su actividad. En un paso más, la España “plurinacional” abanderada por el PSOE de Rodríguez Zapatero, una vez en el gobierno, a la par que dotaba a Cataluña de un nuevo estatuto de autonomía, inauguró el “proceso de paz” con diversas contrapartidas a la banda terrorista, como la legalización de sus terminales políticas e incluso se llegó a la colaboración con banda armada de elementos de la policía con la finalidad de preservar las negociaciones. Sin embargo, este proceso ha tenido a su mejor continuador con Rajoy y el PP que, pese a sus primeras promesas electorales de derrotar a ETA, ha acabado traicionando durante sus tres últimas legislaturas en el ejecutivo a sus votantes y asociaciones de víctimas, promoviendo excarcelaciones, el acercamiento de etarras a cárceles del País Vasco y permitiendo el acceso de las formaciones políticas de la órbita de ETA en todos los ámbitos de las instituciones representativas del régimen. Es decir, estamos ante política de estado del régimen del 78, al margen del partido en el gobierno.

Sin cejar, los nacional-republicanos siempre hemos denunciado la dramatización del “proceso de paz”, desarrollado en varios actos. Durante los últimos años, desde la declaración de alto el fuego de ETA a la entrega de sus arsenales, el régimen ha proclamado su derrota, dosificando el plan de amortización de la banda etarra pacientemente y con discreción, manteniéndola en su inactividad fuera de los focos para contribuir al olvido y la lejanía de sus crímenes, como si estos pertenecieran a tiempos pretéritos.

Así, el anuncio de autodisolución de ETA ha sido acogido con indiferencia generalizada, a la que se suman ajenas varias generaciones que apenas han conocido la barbarie etarra. Quizá, este acto de escenificación sea de los más importantes pero no el último ni definitivo. En toda esta farsa promovida por el régimen borbónico asistiremos a más humillaciones todavía en nombre de la “paz” de los españoles y de quienes sufrieron directamente el terror del racismo de entraña clerical vasco, mientras que de algún modo, se iniciará un “procés” a la vasca en paralelo al inconcluso en Cataluña.

No hay paz ni perdón que valga, sólo ha de prevalecer el sentido de la justicia hasta que el último asesino etarra, sus soplones y colaboradores cumplan condena íntegra, y quienes todavía no han sido puestos a disposición de las instancias judiciales, sean todos detenidos; sus formaciones políticas blanqueadas y cobijadas por las instituciones del régimen borbónico sean proscritas, hasta que el último partido independentista sea prohibido.

Derrotar a este régimen connivente sí es derrotar a ETA y al separatismo.