Las dos principales fracciones políticas del régimen juancarlista, el PP y el PSOE, han escenificado un intento de acuerdo ante el problema social de los desahucios. Ha sido una mera pose electoralista ante el agravamiento desvelado por los medios de comunicación en las últimas semanas. Finalmente, el gobierno ha aprobado un decreto-ley de medidas urgentes que el PSOE ha calificado como insuficiente.

Control social

Tras evacuar las correspondientes consultas con Berlín y Bruselas, las medidas aprobadas han sido consensuadas con los banqueros del juancarlismo. Se trata de una suspensión por dos años de los desahucios de las «familias más vulnerables», un porcentaje minoritario de los afectados, y del encargo al gobierno de la creación de un fondo social de viviendas destinadas a quienes ya han sido desalojados de las suyas.

Como no podía ser de otra manera, estas medidas han defraudado a los colectivos sociales afectados ya que al no modificarse la ley hipotecaria queda excluida la dación en pago. La portavoz del gobierno lo dejó bien claro: «las deudas hay que pagarlas». Todo esto ha tenido como efecto inmediato la desactivación mediática del problema pese a que la desesperación y la desilusión permanezcan entre los afectados y la ciudadanía en general.

Una ley hipotecaria injusta

Que la vigente ley hipotecaria es injusta lo han reconocido jueces, fiscales y juristas. El propio CGPJ encargó un informe cuyas demoledoras conclusiones no quiso asumir. Desde Bruselas, incluso, se ha denunciado la indefensión del hipotecado ante su depredador bancario. Y frente al creciente convencimiento de la necesidad de modificarla, el PP se ha opuesto argumentado que tal decisión requiere tiempo y consenso. El PSOE ha reconocido cínicamente que cuando gobernó durante ocho años no tocó ni una coma. Entonces era igual de injusta pero eran los años felices de la economía del pelotazo y nadie se quejaba.

Esta ley hipotecaria es uno de los pilares fundamentales del sistema financiero expañol. Sostiene el principal instrumento de financiación de los bancos: las cédulas hipotecarias, las garantías que emplean para financiarse en los mercados internacionales de capitales. La ley hipotecaria descansa en la máxima de que un hipotecado responderá con todos sus bienes, presentes y futuros, de la deuda contraída. Cualquier alteración de esta premisa depreciaría aún más el valor de esas cédulas hipotecarias, ya cuestionadas por la devaluación ocultada pero existente del mercado inmobiliario español. Así las cosas, la dación en pago es una quimera a la que siempre se opondrán los banqueros de su majestad.

El parque social de viviendas

El real-decreto insta al gobierno a promover su creación junto con las instituciones financieras, a partir de las viviendas propiedad de las entidades de crédito. No se especifica plazo alguno. Es, ni más ni menos, una forma de transferir el mantenimiento del enorme parque de viviendas vacías en manos de la banca al Estado, que será quien asuma con cargo a los presupuestos los costes de promover y mantener esa bolsa de viviendas con alquileres sociales.

El problema social, un negocio para la banca

En España, desde que estalló la crisis se han ejecutado más de 350.000 hipotecas. En los últimos meses la banca ha acelerado los desahucios ante la creación del banco malo (SAREB), donde colocar la mayor cantidad posible de inmuebles subastados y adjudicados. Se desprenderá así de estos «activos tóxicos», muchos de los cuales acabarán siendo demolidos siguiendo el ejemplo de la similar experiencia irlandesa.

La banca ha dado este acelerón porque, pese a lo que afirman en sus recurrentes campañas de imagen, sí le interesa ejecutar los desahucios. Cuando finalmente se adjudica la vivienda subastada consigue un doble beneficio: la deuda del desahuciado crece por los intereses de demora y las costas judiciales, mientras que el valor de la vivienda baja al adjudicársela por el 60% de su valor de tasación. No es inusual que la deuda final del desahuciado con el banco sea superior al precio al que la entidad se adjudica el inmueble.

Así, tras el embargo y la subasta, la banca añade un inmueble más a su propiedad. Una parte de los mismos, gracias a su monopolio del crédito y a su control del mercado, son finalmente vendidos con un beneficio adicional. Los que no han encontrado comprador pasarán dentro de poco al SAREB. Una vez más, al revés que los beneficios, las pérdidas de los bancos son asumidas por todos los españoles.

Consecuencias

Estas medidas aprobadas de urgencia han conseguido desactivar la tensión al posponer los lanzamientos de los casos más mediáticos. Pero no solucionan el problema de los cientos de miles ya desahuciados y de los cientos de miles más que no caben bajo su paraguas: aquellas familias que no son las más desprotegidas y vulnerables.

La banca ha blindado su ley hipotecaria y, además, se deshace del parque de “viviendas tóxicas” para las que no encuentra hueco en el mercado. El Estado se hace cargo de ellas bajo la apariencia de convertirlas en viviendas sociales para los desahuciados. “Viviendas tóxicas” se transforman en viviendas sociales.

Se mantienen las condiciones abusivas de los contratos hipotecarios a favor de la banca. De los ya existentes y de los futuros. Bajo la argumentación de que «a ningún cliente se le obligó a firmar una hipoteca» se traspasa a los compradores toda la responsabilidad de su situación actual: sin vivienda pero con un futuro hipotecado. Se oculta que muchos compradores fueron, sencillamente, engañados cuando lo único que valía era vender y vender, como fuera. Se miente al argumentar que no se pueden «cambiar las reglas a mitad de partido» porque de hacerlo se «endurecería la concesión de nuevos créditos». Todo un sarcasmo si tenemos en cuenta que: a) las reglas se cambian cuando a la oligarquía le interesa, y b) la banca hace tiempo que cortó el grifo del crédito a los trabajadores, a los autónomos y a las pymes.

Este real-decreto de medidas urgentes es la constatación de que aquel código ético voluntario para la banca que se aprobara hace unos meses no ha servido para nada. La banca ha continuado con sus prácticas abusivas y expropiadoras a todo ritmo. Es la constatación de que mientras el Estado esté en manos de la oligarquía financiero-política del juancarlismo será utilizado únicamente en su propio provecho y no al servicio de los españoles. La autorregulación de los actores hegemónicos del capitalismo es un mito porque imponen siempre su interés particular sobre el general de la nación. El capital privado jamás ha ejercido ninguna función social.

La única solución posible

El Partido Nacional Republicano propone a los afectados por los desahucios en particular y a la ciudadanía española en general la transformación, sin compensación económica alguna, del sector bancario y financiero español en una gran banca pública nacional. O sea, la unificación de todos los bancos y cajas (que aún existieran) en un Banco Nacional del Trabajo.

Esta socialización del sector financiero requiere de manera inexcusable la recuperación de nuestra completa soberanía en cuestiones monetarias:

• La ruptura de cualquier dependencia respecto al sistema financiero internacional (Banco Central Europeo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc.).
• La recuperación de una moneda nacional en sustitución del euro y de la capacidad emisora del Banco Nacional del Trabajo.
• El rechazo de cualquier disciplina monetarista impuesta por las altas instancias político-financieras extranjeras.
• La adopción de cuantas medidas fueran necesarias para evitar la fuga de capitales, insolidaria y antinacional, al extranjero.

Sólo entonces, con todos los recursos monetarios y financieros en manos del Estado, será posible el desarrollo de medidas concretas que garanticen el derecho de todos los ciudadanos españoles a una vivienda digna en condiciones de justicia.

Al respecto, la socialización del sector financiero conllevará la creación de un instituto público encargado de administrar el enorme parque de inmuebles y suelo que pasará a titularidad nacional. Dotado de capacidad de financiación y potestad expropiatoria, entre sus funciones estará la gestión de un servicio público de alquiler –al margen de las fluctuaciones del mercado– que atienda las demandas generadas por la movilidad geográfica de los ciudadanos en aras del desarrollo económico y la cohesión nacional. Este servicio establecerá garantías efectivas frente al abuso e incumplimiento de los arrendatarios. Además, y de acuerdo con estas premisas, promoverá la construcción de nuevos inmuebles cuando y donde sea estrictamente necesario.

Finalmente, todas estas medidas tendrían las siguientes consecuencias:

• La derogación de la actual ley hipotecaria. Esto implicaría la suspensión de las obligaciones hipotecarias contraídas por las familias españolas con las instituciones bancarias del régimen juancarlista, y la paralización de los procedimientos de desahucio emprendidos de acuerdo con la misma.
• La reconversión de las hipotecas actuales en créditos sociales. Esto implicaría la aplicación de una quita sobre la deuda hipotecaria de las familias españolas que podría restringirse a las primeras viviendas e inmuebles imprescindibles para la actividad económica de autónomos y pymes. Además, eliminaría las actuales condiciones usureras de las hipotecas por las de unos préstamos establecidos sobre la capacidad económica real de cada familia.
• El fomento de la opción por la vida en alquiler. Esto implicaría, entre otras medidas, la posibilidad de renuncia a la propiedad de la vivienda que ocupan los hipotecados en favor del instituto público nacional, a cambio de equiparar sus cuotas del préstamo con la renta de alquiler.
• El ejercicio efectivo del derecho a una vivienda digna de cualquier ciudadano español. Esto implicaría, entre otras medidas, el realojamiento en viviendas del instituto público nacional de quienes habiten en inmuebles que no reúnan los niveles mínimos de calidad.

El camino para conseguirlo

El Partido Nacional Republicano es consciente de que estas medidas no son posibles en el marco político vigente. Es evidente que la oligarquía financiera del régimen juancarlista se resistirá con uñas y dientes a los cambios propuestos. Ni siquiera son viables los meros parches de la situación actual que algunos exponen en los medios de comunicación. No lo han sido ni lo van a ser.

La solución definitiva al problema concreto de los desahucios así como la garantía efectiva del derecho de todo ciudadano español a una vivienda digna en condiciones justas sólo puede ser afrontada por el Estado. Para ello, éste debe estar gobernado por verdaderos representantes de la ciudadanía que se enfrenten de manera abierta a los banqueros de su majestad.

En esta tesitura caben dos opciones. Una es confiar en la reforma del propio régimen juancarlista. Lo que significa creer en que es posible que sus élites hegemónicas acepten una regulación efectiva de sus intereses en pos del genérico bien común. La otra pasa por tomar conciencia de la imposibilidad de la anterior y afrontar la realidad. Sólo con el derrocamiento del régimen juancarlista y la articulación de España en una republica nacional, socialista y democrática, como la que defiende el Partido Nacional Republicano será posible la aplicación de las soluciones arriba expuestas.