El régimen borbónico acciona su dispositivo de reproducción y control socio-político con el recurso ordinario a comicios con los que la política discurre, exclusivamente, por los cauces electoralistas de participación y representación de un sistema que tiene en su cúspide a las oligarquías de las finanzas y los oligopolios. Plebiscitando las candidaturas de la corrupta partitocracia a su servicio, financiadas a cargo de los presupuestos públicos, la banca y sus propias tramas mafiosas, se apuntala periódicamente una ficción democrática de urnas de cartón piedra destinadas a perpetuar la hegemonía del gran capital.

En esta ocasión, están convocadas elecciones locales y autonómicas en vísperas de las próximas generales. Indudablemente, esta inmediatez centrará la campaña de los partidos del régimen en asuntos de política nacional y, aunque envuelvan todo en la verborrea de la cercanía al ciudadano de las instancias municipales y autonómicas, lo que cuenta para estos aparatos electorales es ganar las principales capitales de provincia y la mayoría de las comunidades autónomas como trampolín para las elecciones previstas en noviembre, aparte de la imperiosa necesidad por ocupar poltrona.

El 24 de mayo será una “fiesta democrática” para la formaciones que consigan alojar en todos estos niveles administrativos, políticos e institucionales a sus séquitos y a sus clientelas ansiosas por medrar del erario público sobre la base de una estructura inframunicipal, irracional e ineficaz para la prestación de servicios, de más de 8.000 municipios, y unas autonomías que, amén de suponer un sangría insostenible para el contribuyente y un pudridero de lo público, han disuelto la conciencia nacional española en identidades cantonales. La perversión del concepto de democracia bajo el régimen borbónico, desprovisto de sustancia, coherencia y homogeneidad nacional, además, permitirá con esta cita llenar los ayuntamientos de separatistas antiespañoles en Cataluña, Vascongadas y otras regiones.

Pero, en cualquier caso, ni desde los ayuntamientos ni las asambleas regionales, ni siquiera el Congreso, se va revertir el retroceso impuesto en las condiciones de vida de los españoles ni se resolverá la catástrofe ocasionada por este régimen del gran capital que sufrimos cuya ejecutoria global no ha sido otra que esquilmar y fraccionar Expaña, empobrecer a los trabajadores y convertirnos en una colonia del Euro-Reich.

Las expectativas que concitan algunas formaciones pretendidamente regeneracionistas forman parte del embeleco sobre el posibilismo de renovar cándidamente el juancarlismo heredado por Felipe VI. Es un discurso falaz el que pretende endilgar que desde entidades locales cuyo ámbito se reduce, por ejemplo, a la aprobación del encintado de aceras y los presupuestos para los festejos patronales, se aliviará la situación adversa de millones de españoles o se erigirá el “empoderamiento” ciudadano. ¡Venga ya!

Lo que refleja la intención de votar a estas alternativas es, por un lado, la funcionalidad que, objetivamente, desempeñan estas formaciones en relación al circuito de adhesión al régimen y a su preservación: se presentan como un referente electoral para reconducir y retener a las masas de descontentos y desencantados con reformismo dentro de los límites del sistema, evitando la ruptura con el mismo. Por el otro, muestra la adicción de nuestros compatriotas a la “electomanía”, una droga dura que produce, entre sus efectos más letales, la alucinación eufórica de que votando a determinadas opciones se puede castigar e inquietar a la partitocracia, como si estos “partidos emergentes” no formaran parte del mismo sistema, o incluso, ya en el delirio, alcanzar las aspiraciones de cambio, igualdad y justicia social.

El Partido Nacional Republicano llama a los españoles a no participar en esta mascarada y les emplaza a manifestar su repulsa a este régimen antinacional, antisocial, antidemocrático, criminal y corrupto mediante la abstención activa. Pero este posicionamiento no constituye en sí una forma de lucha para acometer la profunda transformación que necesitamos y que permita avanzar en la instauración de una república española verdaderamente democrática, determinada por su carácter unitario, presidencialista y socialista. En lo inmediato, pasa por la materialización de un programa de emergencia nacional que, entre otras medidas, contemplaría las siguientes:

• Soberanía nacional. Ruptura con el FMI, la UE, el euro e impago de la deuda. España, fuera de la OTAN.
• Socialización sin compensación de la banca, empresas energéticas y demás sectores estratégicos. Constitución de un sector público que introduzca un nuevo modelo productivo basado en la potencia industrial y tecnológica.
• Disolución de las comunidades autónomas, abolición de regímenes forales, concentración y fusión de municipios.
• Cese de la financiación pública de partidos, sindicatos y patronales.
• Paralización de las ejecuciones hipotecarias de primeras viviendas y creación de una institución para la promoción pública de viviendas en régimen de alquiler.

Huelga decir cualesquiera de estas medidas que, desde luego no son las que «quieren los seres humanos normales» de Rajoy pero sí son las que reclaman los trabajadores y ciudadanos españoles, resultan irrealizables presentando candidaturas en los comicios del Borbón. La única forma de llevarlas a acabo es defenestrar al régimen vigente mediante la acción directa de masas en contraposición al electoralismo liberal, forma de participación y representación consustancial al dominio del gran capital.