Anacronismo y “modernidad” en el juancarlismo

Se constata fácilmente en el vigente régimen la presencia de instituciones de hiriente significado antidemocrático, como la propia monarquía, los regímenes de privilegio foral o concierto económico que gozan algunas regiones, una “aconfesionalidad” del Estado que cierra el paso a la verdadera laicidad del mismo, etc. Pero, a la vez, el Partido Nacional Republicano ha llamado la atención sobre la combinación de ese lastre de anacronismo, que concierne esencialmente a la forma de Estado, con elementos de innegable “modernidad” en cuanto a la modalidad de gobierno: con las formas de gobierno parlamentario degenerado que se han abierto paso en gran parte de Occidente tras la Segunda Guerra Mundial. En la fase del capital monopolista, el sistema de gobierno parlamentario decimonónico, hiperpluralista, se ha trasmutado en partitocracia, en sistema oligárquico de partidos: la política de mercado que siempre ha constituido el liberalismo, se limita ahora a una escenificación en la que grandes oligarquías políticas, catapultados por el gran capital, se someten a burdos plebiscitos en el ritual periódico de los procesos electorales. Este análisis refleja una realidad: la evolución de los aparatos políticos de la forma de gobierno liberal parlamentaria corre pareja a la evolución del sistema económico. De la “libre concurrencia” se pasa al oligopolio. En este proceso no hay marcha atrás, ni económica, ni política.

Así, en las recientes elecciones europeas, únicamente el PSOE y el PP contaban con la posibilidad de obtener resultados relevantes. A su cuantiosa financiación pública regular, completada por la irregular a través de tramas mafiosas adheridas como ventosas a las instituciones y al capital privado, se suma el hecho de que el PSOE controla el 70% de los grandes medios de comunicación y el PP gran parte del resto. A mucha distancia, y para complementar a esos grandes partidos, u oficiar como bisagras entre los mismos, han concurrido diversos partidos medianos como IU, UPyD, CiU y PNV –estos dos últimos también enfangados en el expolio y el clientelismo a través de las instituciones autonómicas que controlan– y, como apoyos regionales del PSOE, algunos partidos separatistas de menor entidad. Finalmente, la sopa de siglas: antitaurinos y soñadores de mundos justos; neofranquistas, feministas radicales e imitadores de Le Pen; paleo-estalinistas y trotskystas declarados o encubiertos; neofascistas, diáspora de la Falange y franquicias de ETA, etc. Ninguno de ellos tenía la menor oportunidad de conseguir escaños, pero con su concurrencia a “la fiesta de la democracia”, han contribuido a esmaltar la imagen de “pluralismo” del régimen.

Gatopardismo

Todo grupo dominante trata de dirigir, con ayuda de las oportunas concesiones, a los sectores afines y mantiene siempre la posibilidad de someter, incluso con el recurso a la fuerza armada, a los grupos subalternos, potencialmente adversos. Pero, en circunstancias normales, es preferible dirigir sin necesidad de someter. Ésta ha sido la opción de nuestra oligarquía económica al final del franquismo. Y es innegable el éxito de su proyecto. ¿Cómo lo ha logrado? Por una parte, mediante el pacto de la Corona con partidos nacionalistas anti-españoles embarcados en la defensa de los intereses de las burguesías catalana y vasca. Si el franquismo había dorado la píldora de esas burguesías mediante el proteccionismo y poniendo a su servicio el sudor de millones de trabajadores andaluces, extremeños, castellanos, etc., el juancarlismo ya en 1977 las dota de “entes pre-autonómicos”, como premisa política de futuros oasis económicos. En segundo lugar, mediante la atracción de los directivos e intelectuales asociados a los movimientos de trabajadores, ya sea en el periodo histórico anterior a la Guerra Civil, ya sea en el curso de la resistencia antifranquista: encerrando gradual y metódicamente en el círculo de la hegemonía de la alta burguesía a los elementos dirigentes de la “subversión social”, primero de la socialdemocracia y luego del comunismo.

Se ha desplegado, en suma una estrategia gatopardista, de “cambiarlo todo para que no cambiase nada” respecto de la hegemonía del gran capital. Ha consistido esencialmente en dos cosas. Incorporación de la disidencia -y los negocios- del nacionalismo periférico a un proyecto escalonado de confederalización del régimen. Y en la decapitación y neutralización de los movimientos sociales con el concurso de su escalón dirigente que, además ha fragmentado por autonomías cualquier atisbo de esos movimientos. No cabe duda de que el parlamentarismo, central y regional, ha resultado el instrumento político más eficaz para conseguir esos fines.

Junto a este expediente hay que mencionar el recambio operado en las estructuras sindicales. Los sindicatos verticales del franquismo han sido desmantelados y sus recursos distribuidos entre las principales burocracias sindicales –CCOO y UGT–, que han pasado a ser subvencionadas por el gobierno, al igual que los organismos patronales, mientras que los viejos enlaces y jurados del franquismo eran reemplazados por los comités y delegados de empresa. Se ha consumado así el tránsito a un sindicalismo vertical “pluralista”. Pero éste no es más que una de las formas de absorción de los sindicatos por el Estado que en la época imperialista se imponen en todas partes.

Doble enmascaramiento

Ese régimen engloba a diversas facciones políticas, de izquierda y de derecha, del centro y de la periferia. Y no sólo incluye a los grandes aparatos y micro-aparatos políticos, sino también a quienes les votan, con lo que se hacen partícipes del sistema.

Así, de entrada consigue algo primordial: la participación en un mismo juego tanto de quienes se proclaman patriotas españoles como de quienes profesan un odio mortal a cualquier idea de España. Con ello, junto a la disolución de todo concepto de Nación española, se conduce al extremo la perversión de la idea de democracia. Ésta queda reducida, según la concepción liberal del “Estado de derecho”, al respeto de unos procedimientos electorales y a la ausencia de violencia entre los contendientes políticos. Es, por el contrario, nuestra opinión que la democracia reposa sobre dos postulados fundamentales: la concordancia entre voluntad popular y ley, y la máxima identificación e interacción entre gobernantes y gobernados. Y que estos dos postulados se desmoronan en ausencia de homogeneidad nacional. Sin idea de España no puede existir democracia alguna en su seno.

Simultáneamente, la “democracia” juancarlista es capaz de abarcar tanto a unas pocas decenas de miles de grandes capitalistas, con sus ejecutivos y sus familias, como a decenas de millones de asalariados, autónomos y pequeños empresarios sumidos en todo tipo de privaciones; tanto a una costra de parásitos políticos y sindicales como a casi cinco millones de parados y a ocho millones hundidos en la pobreza extrema.

En definitiva, las instituciones representativas del régimen –centrales, autonómicas y locales– y sus correspondientes procesos electorales, no tienen otra función que la de enmascarar una doble fractura existencial. De un lado, entre españoles y antiespañoles. De otro, entre la oligarquía del gran capital, con sus aliados burgueses en las “naciones históricas”, y el pueblo trabajador. La única vía de superación de esa fractura es llevarla a su máxima cota de antagonismo. Es la tarea que se impone el Partido Nacional Republicano tratando de propiciar, en su opción estratégica, la acción del pueblo trabajador español en ruptura con los cauces institucionales del régimen,centrales y periféricos.

Un mundo alucinatorio

Se diría que la portentosa integración política alcanzada por el juancarlismo sólo ha podido ser fruto del Milagro o de la Magia. Pero ha sido suficiente la droga del cretinismo parlamentario. Tras cuarenta años de despolitización franquista, han venido treinta años de desnacionalización juancarlista adobada con inoculación de la drogadicción electoralista a través de la familia, la escuela, los medios de comunicación y la labor de todos los partidos al uso, de modo incesante y en masa.

Esta inoculación, extendida como infección y luego como epidemia de grandes proporciones, reposa en la mentirosa igualdad liberal-capitalista. Según ella, “en democracia”, y al menos de tanto en cuanto, todos somos iguales y el sistema nos toma en consideración. Somos importantes: “influimos en la formación de la soberanía popular”. Hasta nos dan una “jornada de reflexión”.

El opio electoralista ayuda a huir de la realidad. Esa realidad es que, gobierne quien gobierne, avanzan la desarticulación de España en naciones a la greña y el hundimiento en la penuria de millones de compatriotas… Y como la realidad es tozuda, para seguir huyendo hay que incrementar la adicción. El chute del voto se convierte en acuciante para persistir en el auto-engaño. Siempre hay que votar a algún partido. Y cuando la realidad arrecia sus bofetadas, los drogodependientes necesitan nuevos pretextos: voto útil, mal menor, voto de castigo a equipos… Jamás se pone en cuestión el sistema y algunos colgados terminales piden listas abiertas para castigar a personas…

Para empeorar las cosas, diversos partidos extremistas, deciden participar en los comicios del juancarlismo “para combatir las ilusiones burguesas”. Es decir, consideran que para combatir las “ilusiones” hay que plegarse a ellas. Que para curar a los drogadictos, lo apropiado es que nos convirtamos en drogadictos.

El único camino, la acción directa de masas

Ahora estamos en las puertas, sólo en las puertas, de una crisis del capital posiblemente más grave que la aflorada a comienzos del pasado siglo, que condujo a dos guerras mundiales. Nuestro deber es ayudar a nuestros compatriotas a evitar las derrotas sufridas en ese ciclo, en gran medida provocadas por la orientación de la II y la III Internacionales marxistas (acción política como acción electoral, acción económica como acción sindical, partido como partido parlamentario y sindicato como correa de transmisión del partido en la esfera labora).

El nuevo ciclo exige la construcción de un partido no sólo capaz de una profunda renovación programática, sino también de difundir primero e impulsar después un giro radical en los enfoques estratégicos y tácticos. Estos deben ordenarse en torno a la idea de la acción directa de masas en todas las formas que se hagan necesarias en cada momento. Esto exige una lucha contra el parlamentarismo y las burocracias sindicales mucho más enérgica, y sobre todo mucho más correcta, que la realizada en el pasado.