El juancarlismo nos ha precipitado al desastre y nos conduce a la miseria absoluta. Acuciado por la astronómica deuda privada, primordialmente de sus bancos y cajas de ahorro, el reinito de Expaña es un protectorado de Eurolandia, dependiente de las inyecciones de liquidez y el sostenimiento de deuda soberana que le procura el Banco Central Europeo, mera correa de transmisión del Bundesbank alemán. Esta cautividad financiera exige en contrapartida el cumplimiento de los devastadores planes de ajuste dictados por Berlín: Expaña es un estado intervenido de facto.

El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido que estamos todavía en «el kilometro cero de las reformas», después de haber adoptado una batería de medidas de “austeridad” dirigidas a expoliar y dejar baldados a los españoles: entre otras, aumento de las exacciones sobre las rentas del trabajo, con subidas cantadas en los impuestos indirectos; nueva legislación laboral que liquida conquistas elementales y abre las puertas para los despidos masivos tanto en el sector privado como público; recortes presupuestarios para cumplir con los compromisos de reducción del déficit, con una segada adicional del 20% en sanidad y educación; cobro por el uso de estos servicios públicos básicos o el incremento de tasas. Y para quien no se quiera dar por enterado, Rajoy se ha ratificado anunciado que habrá «cada viernes reformas y el que viene también».

Ante un hipotético escenario de explosiones sociales, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado la reforma del Código Penal con el pretexto de atajar actuaciones violentas en la convocatoria y celebración de actos relacionados con los derechos de reunión y manifestación, amén de tipificar como delito de resistencia a la autoridad determinadas expresiones pacíficas de protesta. La guerra social desatada por el juancarlismo contra las condiciones vitales de los españoles, se prolonga ahora en un ataque a sus libertades.

Las líneas defensivas del régimen 

El Partido Nacional Republicano ha identificado como trincheras para la defensa indirecta del juancarlismo y del orden capitalista que representa, el electoralismo parlamentarista y el sindicalismo de los grandes aparatos. Su función esencial es evitar que la lucha política y social discurra al margen de los circuitos de representación y movilización preestablecidos por el régimen. Así, por un lado, los procesos electorales son meros mecanismos plebiscitarios de la partitocracia borbónica, cuya finalidad es encumbrar sin solución de continuidad a sus principales fracciones políticas, el PP y el PSOE. Por el otro, el “conflicto social” que canalizan los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, queda reducido al ritual de las huelgas generales y movilizaciones domingueras destinadas a encauzar la “paz social” frente a la amenaza de crecidas y desbordamientos. Son diques de contención para la preservación de la hegemonía del gran capital, destinados a evitar la erosión que supondría para el régimen acudir constantemente a la última ratio, la represión.

Sin embargo, los efectos de la crisis económica minan estos parapetos. El monumental batacazo del PSOE en las pasadas elecciones generales, la acelerada pérdida de intención de voto del partido en el gobierno, el PP, o el fracaso de los grandes aparatos sindicales en la huelga general de marzo y en las recientes movilizaciones en torno al primero de mayo, señalan un creciente deterioro de la maquinaria político-social juancarlista. Sumado al descontento extendido que generan las políticas antisociales encaminadas a cumplir con los compromisos de disciplina fiscal con Eurolandia y el aprovechamiento que de tales circunstancias son utilizadas para asestar un golpe definitivo a servicios públicos esenciales mediante su lucrativa privatización, avanzan un paisaje convulso con generalización de protestas ante las que el poder coercitivo del régimen podría pasar a primera línea.

Las orejas del lobo

La declaración del estado de alarma y militarización a finales de 2010 para ahogar la huelga de los controladores aéreos con intervención de la Unidad Militar de Emergencias y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para obligar a este colectivo de trabajadores a ocupar sus puestos, pese al derecho que les asistía; o el uso desproporcionado de la fuerza policial para disolver al «enemigo» durante las recientes concentraciones estudiantiles de adolescentes en Valencia, han mostrado la vis represiva del régimen.

Las simiescas acciones de los sedicentes colectivos antisistema contra escaparates, lunas, cajeros automáticos y mobiliario urbano durante el 29-M han servido de coartada para que el Ministerio de Interior anuncie una reforma del Código Penal que contemple tipificar la convocatoria de acciones violentas y que alteren gravemente el orden público a través de internet, o cualquier otro medio. Su finalidad no puede ser otra que la de desactivar cualquier posibilidad de movimiento propagado por redes sociales, al estilo de la «primavera árabe» islamista o el 15-M. Bastaría que se produjeran incidentes o altercados en estas movilizaciones para que cayese todo el peso de la ley sobre sus organizadores.

Para dar una vuelta de tuerca más, la mera resistencia pasiva podrá ser calificada como atentado contra la autoridad y castigada con penas de uno a seis años de cárcel. El principio de veracidad que asiste al ejercicio de autoridad sería suficiente presunción para detener a un manifestante en este caso. Igualmente, según el proyecto, se incluirá como delito de desorden público los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos. Así, se contemplará como cuantía de los daños no sólo a los que se produzcan en tales establecimientos, sino también a los que se deriven por la interrupción de cualquier servicio.

Resistencia frente a la represión

La situación de extrema gravedad en la que nos ha sumido el juancarlismo sólo puede ser revertida mediante su derrocamiento con movilizaciones masivas. Ante los golpes del régimen sobran motivos para una rebelión nacional que avance contenidos para una República española, soberana, independiente y socialista.

El propio régimen nos muestra la vía de su derrota: si el juancarlismo  quiere impedir a toda costa la acción directa de masas a través de la restricción y penalización de libertades y derechos políticos es porque lo que más teme es que la acción política se desarrolle al margen de sus partidos y sindicatos de manera auto organizada, mediante manifestaciones, concentraciones y ocupaciones de centros públicos e institucionales.

Si la represión y la coacción van a ser proporcional al recrudecimiento de la ofensiva antisocial y antinacional, lejos de amedrentarnos habrá que garantizar el derecho de los españoles a salir a la calle libremente, constituyendo piquetes de autodefensa que protejan a los manifestantes de las agresiones policiales, las detenciones arbitrarias y la infiltración de alborotadores.