Rescate

Persiguiendo la salvación de su parasitario sector financiero, el juancarlismo ha rendido España a los pies de un rescate de Eurolandia asistido por el FMI. El ministro de Economía lo ha presentado cínicamente como una mera «petición de ayuda financiera» y Mariano Rajoy lo ha calificado triunfalmente como «línea de crédito de hasta 100.000 millones» arrancada a sus socios europeos. El rey, complacido, les ha repartido sus parabienes. Estos fondos, cuya cuantía no se ha determinado todavía, se canalizarán a través del mismo instrumento empleado para el rescate de los primeros estados parias de la eurozona en caer –Grecia, Irlanda y Portugal– o el que le sustituya con carácter permanente a partir de julio.

La nacionalización de Bankia –con un manguerazo de dinero público equivalente al 2% del PIB– y la última reestructuración del sistema financiero acometida por el gobierno del PP han detonado la bomba que pretendían explosionar de manera controlada. Pero les ha estallado en la cara y amenaza con desencadenar una reacción en cadena que va más allá del sector bancario: la recapitalización, a cuenta de los españoles, de instituciones de crédito en cuyos consejos de administración se apoltronan representantes de la partitocracia y el sindicalismo oficial, empeñadas hasta el cuello y preñadas en sus balances de activos basura procedentes del ladrillo. Un inconmensurable agujero negro en el «sistema financiero más sólido del mundo» cuyas necesidades de aprovisionamiento no podrían ser cubiertas por las deficitarias cuentas públicas sin quedar comprometida la solvencia del Estado.

Después de jurar y perjurar que no se precisaría el rescate, el gobierno del PP no sólo ha acudido a este mecanismo para auxiliar a la banca en apuros, sino que ha dado cumplida satisfacción a las demandas de los acreedores europeos e internacionales: el saneamiento del sector que garantice el reintegro de sus préstamos. El conjunto de la economía española, tanto pública como privada, adeuda 662.000 millones de euros a la banca europea, de los cuales, 186.000 millones pertenecen sólo a la banca alemana, cantidad que constituye alrededor del 50% de las reservas del sistema financiero de ese país. Pero ante todo, ha solicitado el rescate para salvaguardar a este régimen al servicio de las oligarquías de las finanzas y los oligopolios del gran capital.

Intervención

Rajoy ha aprovechado para alardear de sus reformas, afirmando que «si no hubiéramos hecho los deberes, habrían intervenido el reino». Pero el reinito de España está intervenido desde hace dos años y todos los planes de ajuste y recortes impuestos a los trabajadores españoles por los gobiernos del PPSOE han sido dictados por el Euro-Reich. La monarquía de los banqueros ha sido sostenida hasta la fecha con mini-rescates a base de inyecciones de liquidez y programas de compra de deuda soberana del Banco Central Europeo (BCE). Un circuito en el que la banca y cajas de ahorro se han beneficiado de un chorro de financiación baratísimo que, en lugar de fluir en forma de créditos hacia las famélicas empresas y familias, ha sido colocado en rentables títulos del Estado facilitando la transformación de su deuda privada en pública, convirtiendo a estas entidades de crédito en las mayores tenedoras de deuda española. En definitiva, un círculo vicioso en el que Estado y banca se han sostenido mutuamente alimentado la espiral de deuda y déficit público. Ha bastado que estos resortes de financiación no hayan sido accionados por el gobernador del BCE –y procónsul del Bundesbank–, Mario Draghi, para abocar al juancarlismo a aceptar el rescate. Hasta el último momento, según ha trascendido, Rajoy suplicó –y sigue implorando– en todas las instancias de Eurolandia la intercesión ante el BCE a cambio de plegar España a «más Europa».

Aunque esté dirigido al sector bancario, el préstamo «es dinero que se da a España» en palabras del ministro de finanzas alemán, Schäuble. Responde el Estado español. Los intereses derivados computarán como déficit público, engrosando la partida más elevada en unos presupuestos restrictivos plegados a la “consolidación fiscal” predicada por la Unión Europea. Es decir, los españoles pecharán con estos gastos mientras sufren recortes en prestaciones y servicios básicos en aras de reducir el déficit. En contrapartida a esta “ayuda”, aunque se diga que su “condicionalidad” quedará limitada exclusivamente al sector bancario, el régimen –vigilado estrechamente por la Troika– deberá emplearse a fondo en la aplicación de las recetas redentoras de Eurolandia y el FMI, so pena de que la ayuda deje de fluir. Someterá a los trabajadores españoles al enésimo apretón de clavijas macroeconómico que profundice, más si cabe todavía, el ataque generalizado que se viene propinando contra sus condiciones de vida mediante nuevas reformas estructurales, paquetes de austeridad y subidas de impuestos. A la vista están las “recomendaciones” de la Comisión Europea: incrementar el IVA, acelerar las reformas para atrasar la edad legal de jubilación, nueva incursión en el mercado laboral con desvinculación de los salarios al IPC, recortes en las prestaciones por desempleo, subida de las tarifas eléctricas, etc.

¿Demasiado grande para caer?

Los medios del juancarlismo han defendido que los fondos del rescate permitirán restablecer la normalidad crediticia como base para retomar la senda del crecimiento económico. Algo difícil de creer en una coyuntura sin perspectiva de recuperación de la que la banca se sirve para negar la existencia de “demanda solvente” y agravar el acceso a los créditos. El montante de la ayuda, pura calderilla, se destinará a tapar agujeros, enjugar balances y tendrá como objetivo inmediato la reestructuración y redimensión del sector con las consiguientes fusiones, liquidaciones, bancarizaciones de cajas de ahorro, cierre de sucursales y despido de plantillas, sin perjuicio de que se complete alguna nacionalización.

Pero en realidad la que ha sido rescatada es la banca centroeuropea. Se ha aliviado su exposición a una española que está a punto de estallar por las turbulencias e inestabilidad en la zona euro. Se le han alejado las quitas y esperas que puedan llegar con el acelerado deterioro de los indicadores económicos. Un hundimiento que, por otra parte, facilitará la entrada a saco de los acreedores europeos en el capital doméstico. Mera rapiña bancaria en compensación a las deudas.

La crisis bancaria del reinito sólo muestra la punta del iceberg: la rentabilidad del bono español ya se sitúa al 7%, haciendo insostenible la financiación pública. La prima de riesgo bate récords día tras día y la fuga de capitales es sintomática, mientras las magnitudes no apuntan a otro escenario que la debacle. Basta con considerar las cifras de la deuda global, las previsiones de crecimiento y los datos de desempleo. El análisis del empeoramiento de las condiciones económicas desde 2008 señala que el escenario más probable es la prolongación del mismo. Por el contrario, el improbable es el de una estabilización dentro de la gravedad.

Socialización de la banca sin compensación

La actual situación de catástrofe pone en primer plano la necesidad de medidas urgentes y soluciones de gran calado frente al expolio y el empobrecimiento al que nos condena la monarquía de los banqueros que con sus bancos y cajas de ahorro nos ha empujado a la ruina económica y a la postración colonial.

El Partido Nacional Republicano preconiza, entre otras medidas, la socialización de todos los bancos y entidades de crédito y su unificación en una banca pública, una Banca Nacional del Trabajo con potestades de banco emisor, que ordene y canalice el crédito y garantice el flujo crediticio a pymes y familias además de asegurar los depósitos de los pequeños ahorradores.

No nos referimos a las “nacionalizaciones”, al dinero público a cuenta del contribuyente, destinado a socializar las pérdidas de sectores del capitalismo en bancarrota. Una práctica en la que se han prodigado tanto los gobiernos de la izquierda como de la derecha del capital en España con la intención, de llegado el caso, procurar pelotazos a las oligarquías mediante posteriores reprivatizaciones. Nos referimos al paso a la titularidad estatal con carácter permanente de este sector estratégico y la consideración del dinero como un instrumento y un bien público cuya gestión no puede estar en manos privadas.

Qué decir que esta medida va ligada inexorablemente al desacoplamiento con el sistema financiero internacional: a la ruptura con el euro y toda disciplina monetarista impuesta por la UE y el FMI, al no reconocimiento de la deuda por los trabajadores españoles y a la recuperación de las funciones económicas soberanas cedidas a Eurolandia, como son la emisión de moneda, la fijación de las tasas de cambio y tipos de interés.

¡Abajo la monarquía de los banqueros!

Los lúbricos sueños de cierta derecha liberal-conservadora y casposa, contemplan el rescate como una providencial intervención de Europa para poner orden a los desmanes de la “casta política” y el despilfarro del estado autonómico. Sin embargo, los salvadores sólo quieren chuparnos hasta la última gota de sangre con la colaboración de su estado vasallo juancarlista.

Esta es una tarea que nos corresponde como pueblo merecedor de tal nombre. Los españoles no deben admitir ni un solo sacrificio más para mantener a este régimen corrupto y tributario de Berlín cuya pervivencia sólo puede significar nuestra aniquilación nacional y social.

En esta labor no ocultamos que no se puede socializar la banca bajo el vigente régimen coronado, consagrado a la hegemonía del capitalismo. Una falacia que mantiene, por ejemplo, Izquierda Unida apelando a la “nacionalización”. Antes bien, cualquier lucha por la supervivencia y la dignidad del pueblo español sólo puede marcarse como objetivo la defenestración del juancarlismo en el avance hacia la instauración de una República española democrática y socialista.

En el mismo sentido, constituye un obstáculo la permanencia de España en la UE, una estructura antidemocrática, pretendidamente “supranacional” que entroniza la supremacía del capital de la Mitteleurope a costa de reventar a las naciones más débiles de Europa a la que sujeta con el dogal de la deuda para forzar, conforme a sus intereses, un salvaje proceso de devaluación interna que acarrea la pauperización y el saqueo masivo de sus poblaciones hipotecadas por varias generaciones.