Rodríguez Zapatero, miembro del partido que hizo la guerra sucia contra ETA, ha firmado una paz sucia con ella. Esa paz pretende separar a Vascongadas y Navarra de España y repartirse el botín de la nueva “nación” con los separatistas, a cambio de que ETA abandone definitivamente la “lucha armada”.

La “parte del contrato” que corresponde a Rodríguez en este repugnante negocio es mentir a los españoles y colaborar con la banda armada.

Rodríguez ya mentía cuando propuso al PP un Pacto por las Libertades y el Terrorismo, a la vez que mantenía conversaciones secretas con los batasunos. Mintió al proclamar que no pagaría precios políticos, mientras apoyaba que una franquicia de los pro-etarras, el Partido Comunista de las Tierras Vascas, entrase en el parlamento vasco. Mintió al prometer que solicitaría el permiso de las Cortes para entablar negociaciones con ETA, y luego anunció desde un pasillo el inicio de las conversaciones. Mintió al asegurar que sólo negociaría en ausencia total de violencia, para luego reunirse con ETA mientras ésta lanzaba a sus cachorros a sembrar el terror en las calles. Mintió al decir que la única salida de ETA era el abandono de las armas, para luego prestarle cobertura internacional llevando sus reivindicaciones al parlamento europeo.

Junto a la mentira, la ayuda al movimiento terrorista. Hubo un pacto político previo a la proclamación del alto el fuego. Contemplaba la inactividad de la banda –con la excepción del “impuesto revolucionario”– a cambio de una huelga de brazos caídos del sistema de justicia penal. Tras la declaración de tregua, el gobierno se afanó en suspender la presión policial y judicial sobre etarras. El Ministro de Justicia invitó a los jueces a adaptarse a la nueva situación política, es decir, a prevaricar. Bajo las instrucciones del Fiscal General del Estado, los fiscales se transformaron en defensas de Batasuna-ETA; no perdían ocasión de postular la reducción de penas de los peores asesinos. 

 Rodríguez ha ordenado o consentido que se dieran avisos a los colaboradores de los asesinos, para desbaratar operaciones judiciales contra ellos. Ha permitido que el brazo político de los etarras tome las calles, a pesar de estar ilegalizado. Ha tratado de de dividir y de acallar a las víctimas mediante la coacción y la amenaza. Impulsa una reforma del Código Penal, con nuevas reglas de prescripción que beneficiarán a los jefes terroristas.

La colaboración con el terror se inserta en una vía de administración del mismo. Zapatero nos endilga el mismo mensaje de fondo frente al terror que en marzo del 2004. Rodríguez busca congregar de nuevo al rebaño en que se ha convertido una parte de los españoles, dispuestos a permitir cualquier infamia, con tal de seguir arrastrando su pastueña existencia. Como ha descrito Raúl del Pozo, «sigamos viviendo como si no pasase nada y, si pasa, que pase».

Por ello, poco han preocupado a Rodríguez, en los últimos meses, las manifestaciones y concentraciones de una organización ilegalizada, el paulatino resurgimiento de la kale borroka, la continuidad de la extorsión –le evitaba tener que sufragar los gastos de ETA a cargo de los fondos reservados– o las noticias que se filtraban desde Francia sobre aprovisionamiento etarra de explosivos, vehículos, etc. Lo que hubiese preocupado a Rodríguez es que esa “violencia de baja intensidad” no se produjese. Sin la amenaza latente del terror, Rodríguez no puede presentarse como campeón de la paz.

Ciertamente, algunas alarmas se han encendido con el robo de 350 pistolas en el país vecino y, sobre todo, con el reciente intento de asesinato de dos policías municipales. Pero Rodríguez ya se curó en salud cuando previno que durante el “proceso” podía haber algún “accidente”. Naturalmente, si ello ocurriese, tendrían la culpa quienes «se oponen a la paz». Y en modo alguno interrumpiría “el proceso”.

Lo único que preocupa a Rodríguez es que, pese a su insistencia en que Otegui «es un hombre de paz» y De Juana Chaos, un «comprometido con el proceso de paz», necesitará más tiempo del previsto para atajar las actuaciones judiciales que «crean dificultades al proceso». Tampoco está todavía asegurada la docilidad de todos los fiscales.

En lo que concierne a los etarras, se atienen a sus pactos con los gorrinos –así denominaron en sus actas a los socialistas–. Han recordado una y otra vez que la autodeterminación y Navarra son innegociables. Pero, además, han reivindicado la vigencia de la violencia «como reacción justificada de autodefensa frente a las agresiones judiciales». La constitución de la mesa de partidos, la legalización de Batasuna y la inmunidad judicial son para ETA temas ya pactados y, por tanto, de cumplimiento inmediato. En caso contrario, amenazan con el retorno de los atentados.

Rodríguez no se inmuta: «El Gobierno ha expresado y reitera que sin violencia, podemos dar pasos para un diálogo que permita el fin de tanto horror de 40 años, y que con violencia, esos pasos serán mucho más difíciles». Es decir, con violencia etarra o sin ella, el pacto social-separatista seguirá adelante. Ningún “accidente” detendrá a Rodríguez y ETA hará “nuevos esfuerzos a favor del diálogo”. Rodríguez está tan convencido de que ETA no puede reanudar la “lucha armada”, como lo está ETA de que Rodríguez, prisionero de sus iniciativas, no puede dar marcha atrás en su carrera hacia el objetivo común de la “paz”, es decir, hacia la disgregación de España.