Es habitual al ojear el periódico de cada día conectar la televión o la radio, encontrarnos con la noticia de que unos cientos de inmigrantes subsaharianos han llegado en cayucos a las costas del litoral español. Aunque el puerto más concurrido es el de las islas Canarias, también son invadidos puertos de Andalucía, Murcia y las islas Baleares. A estos dos últimos destinos arriban por medio de barcos nodriza, que descargan los cayucos en las proximidades de la costa. Se debe contar, además, a los inmigrantes que llegan desde Suramérica en avión, como turistas. Y no en menos cantidad, vienen inmigrantes procedentes del Este, que atraviesan la frontera de la Junquera, sabiendo que hay órdenes de las autoridades francesas de no devolverlos atrás y sólo unos pocos efectivos de la policía española para controlar el paso. Aquí, con el pretexto del desbordamiento producido por la avalancha inmigratoria, la policía tiene la orden de no detener a los que deambulan por las calles, a no ser que les sorprendan cometiendo un delito.

Hasta el mes de agosto han llegado a las costas de las Canarias 18.000 inmigrantes, de los cuales mas de 11.000 han sido trasladados a la Península, para descongestionar el colapso que sufren las instalaciones de las islas. Esta cifra supone tres veces más que los derivados en todo el 2005, según datos del Ministerio de Interior. Estos “sin papeles” se distribuyen  por Madrid, Málaga, Murcia y Comunidad Valenciana en desigual reparto: el 85% de los subsaharianos es enviado a autonomías del Partido Popular en una política premeditada para crear problemas al adversario. La consejera de inmigración de Madrid, Lucia Figar, afirma que su región recibe el 65% de los traslados, mientras que Cataluña recibe el 6% del total.

Cuando Rodríguez Zapatero estaba en la oposición, incorporó a sus discursos sobre el programa electoral un espacio a la inmigración. Reiteró su deseo de consensuar una política de Estado para este tema fundamental. Ahora, cuando lleva más de media legislatura, su única aportación ha sido la regularización del pasado año, con el consiguiente efecto llamada. Así pues, el gobierno carece de propuestas y respuestas, aparte de los irrisorios tours, de cara a la galería, del ministro de Interior por el África tropical. Sus movimientos van por detrás de los acontecimientos. Y estos no son otros que los 500.000 inmigrantes que llegan todos los años a España, en su gran mayoría sin permiso de residencia.

¿Que propone el PP frente a este gran problema? Un único responsable ministerial que aglutine las competencias en inmigración y más dinero para las comunidades autónomas.

PP y PSOE han practicado políticas desastrosas respecto a la cuestión migratoria: tras esto hay no sólo negligencia y vacua palabrería humanitarista, sino sobre todo el interés de dotar al capital de mano de obra barata.

Según un reciente estudio de La Caixa la economía española debe a la inmigración el crecimiento de estos últimos años. Pero este crecimiento económico, que ha supuesto un aumento en los beneficios empresariales, no se ha traducido en una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores españoles. En el año 2005 la remuneración real de los asalariados se redujo en casi un 1% y en lo que va de año un 1,4% (en términos interanuales). Es decir, a pesar de que la economía ha crecido, los asalariados están cada vez peor pagados. Se registra un descenso en los incrementos salariales que ha coincidido con las regularizaciones masivas de inmigrantes realizadas por ministro Caldera.

Este efecto negativo de la inmigración sobre los salarios de los trabajadores nacionales no es un fenómeno puntual del momento, ni se limita a España. La mayoría de las investigaciones sobre inmigración realizadas en diversos países hasta principios de los años noventa reflejaban ya un efecto negativo de la inmigración sobre los salarios, que se hacía notar más en Europa que en EEUU.

Ante esta situación:

• De entrada, se impone la repatriación inmediata de todos los inmigrantes ilegales a sus países de origen. Quien entra a las bravas sin respetar las leyes, debe ser expulsado. No hay duda de que las dificultades que conlleva la repatriación de indocumentados, así como las que ponen los países receptores, paralizan el proceso. Por lo tanto, hay que adoptar medidas que eviten el que deambulen por la calle y caigan en manos de redes de explotación y delincuencia. Se impone la necesidad de reagruparlos en centros para la realización de trabajos públicos. Se dirá, ¿con qué dinero se monta esto? La respuesta es bien sencilla: con el mismo dinero que nos cuesta la atención de un inmigrante al año, 10.000 € según los últimos estudios. Mientras, se debe seguir intentando su repatriación.
• Desde estas páginas, hemos sostenido que la inmigración ilegal plantea un problema de soberanía. Se debe dotar de medios suficientes no sólo a las fuerzas de seguridad, sino también a los ejércitos para que puedan controlar nuestras fronteras desde tierra, mar y aire, para persuadir a los inmigrantes de sus intentos de allanar nuestro territorio y, en su caso, para escoltarles a sus lugares de origen.
• Debemos de oponernos a que desde organismos oficiales se siga facilitando a los inmigrantes ilegales documentos públicos, tales como certificados de empadronamiento, tarjetas de la Seguridad Social, e incluso documentos de ahorro subvencionados con dinero publico, como abonos de transportes; es decir, todos aquellos documentos que después sirven para regularizar su situación e incluso solicitar ayudas públicas.
• Denegación del acceso de los inmigrantes ilegales a los servicios sanitarios, salvo en casos de urgencias. Si bien, en tales casos, deberá repercutirse el coste de estas intervenciones a los países de procedencia de los inmigrantes, presentando las facturas que procedan en las embajadas correspondientes.
• Reducción drástica de la inmigración legal, limitándose a supuestos de estricta necesidad y a criterios de compatibilidad cultural. La estancia de inmigrantes debe de justificarse tan solo por la necesidad temporal e imprescindible de ciertos trabajos. Tiene que vincularse a contratos para servicios determinados, con precisa delimitación de su objeto y registro previo de su oferta con un mínimo de un mes de antelación, y después de que durante este tiempo no se haya cubierto con trabajadores españoles inscritos en el desempleo.
• Rechazo de la línea de discriminación positiva seguida actualmente: los inmigrantes legales no deben de gozar de más privilegios que los trabajadores españoles.
• Hemos denunciado también los riesgos que implica abrir la puerta a la inmigración islámica masiva, incompatible con los valores europeos cívicos y de igualdad entre los sexos. La inmigración subsahariana actual es mayoritariamente islámica.
• La agrupación familiar debe efectuarse con el mismo carácter temporal y nunca definitivo que deberán tener los permisos de residencia y trabajo. Y se hará teniendo en cuenta la base de cotización mensual del inmigrante, que solicita la agrupación. Supresión de la figura del arraigo laboral, incentivadota de la burla de la legalidad.
• Imposición de sanciones a los empresarios que se presten al empleo de inmigrantes ilegales habilitando los medios necesarios para hacer efectiva las sanciones.

La inmigración es un arma del capital contra los trabajadores y un problema de soberanía nacional.