El Partido Nacional Republicano afirma que el régimen borbónico no puede ser regenerado: podrido hasta las entrañas, ha mostrado que desde los niveles más bajos de sus instituciones hasta los más altos está emponzoñado por la corrupción y que buena parte de sus representantes gozan de un bochornoso estatus privilegiado propio de una sociedad estamental. No merecen ninguna credibilidad las medidas regeneracionistas instadas por el propio régimen con sus principales partidos a la cabeza, PP y PSOE, ni las propuestas contenidas en los programas de partidos menores como IU, Podemos y UPyD cuya vocación es la de convertirse en bisagras del sistema a base de embelecos reformistas.

Así, el gobierno del PP ha lanzado dos medidas estelares con el marchamo del regeneracionismo democrático, la limitación del número de aforados y la reforma de la ley de régimen electoral, coincidiendo con el cambio de reinado de Juan Carlos I a Felipe VI, a quien se pretende ungir con el hálito de joven monarca reformista. La primera medida ha sido presentada por fuerza de un efecto no deseado, a rebufo del caso Urdangarín y la precipitada abdicación de Juan Carlos I. Con la ley exprés para aforar al mismo, saltó a la luz el escandaloso número de aforados, de 22.000 a 17.500, entre la judicatura, representantes políticos, tanto a nivel estatal como autonómico, y la familia real, quienes para ser procesados se debe acudir a los altos tribunales, Tribunal Supremo y tribunales superiores de justicia, y en algunos casos, previo proceso de suplicatorio, frente al común que acude a una instancia ordinaria. Por el momento, no deja de ser una propuesta de reforma condenada a dique seco, como va resultando habitual en las que propone el ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón. Al parecer, la aprobación de este proyecto requería la revisión de la propia constitución y varios estatutos de autonomía.

Por su parte, la pretendida reforma del régimen electoral en comicios municipales para investir alcalde a un candidato de la lista más votada y evitar gobiernos de coalición justo en la antesala de la cita electoral de mayo de 2015, ha desatado una gran polémica con la oposición. El argumento para el cambio legislativo es que frente a los arreglos entre formaciones en despachos para ocupar la alcaldía se hurtaría la voluntad popular expresada en la lista más votada. Esta medida ha sido calificada por la oposición de pucherazo y permitiría asegurarse al PP la hegemonía municipal, aun a costa de que este planteamiento favorezca el auge municipal del independentismo en Cataluña y Vascongadas. PP y PSOE han dejado fuera de la mesa de negociación parlamentaria de medidas regeneracionistas esta reforma electoral. Pese a mantener su empeño de sacarla adelante, el propio presidente del gobierno, Rajoy, ha reconocido la dificultad de impulsarla.

Pero ninguna de estas medidas resulta de calado. Como tampoco las que pueda contemplar el PP y PSOE bajo un pacto previsto para antes de diciembre. Nada afectará al núcleo esencial de corrupción consustancial a un régimen partitocrático en el que, al margen de la comisión de delitos por tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y cohecho, está a la orden del día el clientelismo y los negocios en torno al BOE y los diarios oficiales de las autonomías; el trato privilegiado a las oligarquías institucionales, políticas, sindicales y financieras; cuando no, los desproporcionados privilegios inherentes a la condición de cargo público; las puertas giratorias; la prácticas reprobables como los sobresueldos en negro, acumulación de cargos y el correspondiente cobro de emolumentos y dietas; el uso de medios públicos a cargo del contribuyente para fines privados; la financiación ilegal de partidos; los políticos y cargos de confianza designados a dedo; los paniaguados de las subvenciones; el nepotismo y las legiones de enchufados en empresas públicas, organismos autónomos, fundaciones, etc. Todo lo anterior integra el entramado relacional y de fidelización del juancarfelipismo y permite formar una amplia base social sobre la que se sustenta el régimen y, por tanto, descartar que el mismo prescinda de su basamento ni se despoje a sus beneficiarios.

Se puede renovar el mobiliario o redecorar un edificio en estado de ruina. Pero sólo la demolición hasta los cimientos de este régimen corrupto y criminal permitirá edificar en la República el régimen de virtudes que los españoles se merecen.