Juancarlismo, régimen de colaboración con banda armada

Quién dudaba que bajo el juancarlismo los matarifes racistas de ETA, los cobardes gudaris del tiro por la espalda y la bomba accionada a distancia serían liberados sin cumplir su condena íntegramente. Es una de las contraprestaciones derivada de la relación de colaboración con banda armada que mantiene este régimen con la organización terrorista antiespañola. Para que esta amnistía encubierta pase lo más desapercibida posible, al alimón de los sanguinarios etarras, saldrán a la calle violadores, asesinos y otros psicópatas sociales. Cuatro años sin muertos justifican la infamia: el precio de la “paz” pasa por ciscarse en las víctimas y sus familiares, en todos los españoles y en cualquier sentido de justicia.

Las asociaciones de víctimas del terrorismo ‒y la mayoría de compatriotas‒ han sido incapaces de ver que el “proceso de paz” forma parte de la política de estado juancarlista, compartida por el PP y el PSOE ‒y los partidos del “nacionalismo democrático” de la periferia‒ y, por tanto, continúa en vigor independientemente de quien esté en el gobierno. Esta ceguera patológica, causada en parte por la inquina hacia la anterior etapa del gobierno del PSOE ‒sin duda, ominosa‒, ha quedado reducida al odio ad hominem hacia el ex presidente Rodríguez Zapatero, considerado el artífice de la negociación con la banda terrorista. Pero muerto el perro, no ha muerto la rabia: Rajoy no se ha puesto “de perfil”, sino que al frente del ejecutivo ha sido digno continuador de ZP y ha facilitado el acercamiento de presos etarras, excarcelaciones y la presencia institucional de las diversas marcas de ETA en todos los niveles representativos del régimen, incluido el congreso de los diputados.

El “proceso de paz” es una pieza fundamental de la hoja de ruta confederal del régimen borbónico. Esta discurre por dos vías paralelas que convergen en el “encaje” de la “singularidad” catalana y la “normalización” de Vascongadas, la pacificación como paso previo a su propio “acomodo” en el “estado español” a rebufo de Cataluña. El resultado, como hemos señalado hasta la saciedad, será el de una Commonwealth de naciones ibéricas sobrevoladas por la Zarzuela como nexo simbólico, en la que el pueblo y la nación española dejarán de existir de facto como sujeto político de soberanía.

La banda terrorista, “el movimiento de liberación nacional de liberación vasco” ‒Aznar dixit‒ no ha sido derrotada como proclaman los voceros de la partitocracia borbónica, ni permanece agazapada tras una “tregua-trampa”, tal y como han afirmado algunos personajes del aznarismo nostálgico, sino que simplemente ha sido amortizada por el juancarlismo: una vez que la presión terrorista ya no ha sido precisa para imponer a grandes sectores de compatriotas el desistimiento y la más absoluta indiferencia hacia su destino nacional, el “conflicto vasco” ha sido clausurado, permitiendo el reciclaje del entramado etarra y su movimiento como una opción política más del juancarlismo.

Quedaba por despejar el escollo de los presos de ETA, el destino de asesinos en serie con condenas pendientes de cumplir todavía. La falsa salida de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Constitucional para mantener en la sombra a los etarras, la “doctrina Parot”, ha sido demolida por el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en base al propio ordenamiento jurídico español que establece la irretroactividad de las normas y actos sancionadores desfavorables. Cargar contra el veredicto del TEDH es tan absurdo como culpar al código penal franquista del 73 por contemplar la redención de penas que, para este tipo de delitos con sangre, establecía la pena muerte. Es la constitución en vigor la que prima el carácter rehabilitador de las penas y la reinserción del delincuente e ignora la satisfacción y reparación de las víctimas, así como la ejemplaridad de las condenas. La reducción o ampliación del cómputo de penas sobre un tope máximo de 30 años es ridícula cuando se ha establecido castigos milenarios de cumplimiento virtual.

Los poderes públicos del reinito de Expaña sabían que el recurso de la etarra ante una instancia judicial internacional prosperaría en los vericuetos de leguleyos. Nada mejor para el gobierno del PP que una sentencia de los togados de Estrasburgo para escurrir el bulto y trasladar a los tribunales del reino la resolución de los recursos, cómo si aquí contáramos con un poder judicial independiente: no hay separación de poderes, todo está infiltrado por la partitocracia borbónica.

Así, la Audiencia Nacional, la misma instancia judicial que no ha vacilado en exonerar ‒con la complacencia del ministerio fiscal‒ del delito de colaboración con banda armada a los polis chivatos del caso Faisán en recompensa en su afán de velar por “el proceso de paz” y comerse el trullo por Zapatero y Rubalcaba, presta, no ha tardado ni unas pocas horas en ejecutar la excarcelación de la etarra Inés del Río, a la que ha seguido la de Píriz López y las que llegarán en tromba en los próximos meses, como ha reconocido el ministro de Interior, Fernández Díaz. El mencionado órgano judicial del juancarlismo ha declarado la aplicación general de sentencia para todos los casos y lo ha justificado en que, de lo contrario, sería distanciarse “de Europa y del sentido de su civilización”. Precisamente Europa, y la mayor parte del mundo civilizado, para homicidios múltiples como los de los etarras, establecen la cadena perpetua.

El proceso de paz de Rajoy

Rajoy fue quien en la oposición se puso a la cabeza del movimiento multitudinario que se rebeló en la pasada década contra la “política antiterrorista” del PSOE para obtener rédito electoral y, principalmente, desmovilizarlo en las urnas. Ahora, cínicamente, el presidente del gobierno culmina su traición.

Los representantes de las víctimas y sus familiares no deberían de haber comparecido ante los medios con los ministros del gobierno colaboracionista del PP ni haber permitido la presencia de sus prebostes caritativos en sus actos, sólo compasivos con el sufrimiento de estos colectivos para hacerse la foto y tratar de salvar el caudal de votos de un partido en el gobierno que, tras vacilar, acudió a la concentración del domingo 27 de octubre mofándose de todos en un desdoblamiento esquizofrénico, personándose como partido, pero no como ejecutivo. Pocos fueron los abucheos que recibieron.

Pero, a qué han ido las víctimas a ver al rey, ¿a que les compadezca? Esta es la “paz sin vencedores ni vencidos del juancarlismo, de una guerra que nunca tuvo lugar en un periodo en el que, ante todo, campó el brutal asesinato y el secuestro de españoles que ahora queda impune. Y claro que hay vencidos: las víctimas del separatismo vasco, la justicia y todos los españoles a los que se ha engañado con la “derrota” de ETA y defraudado sus expectativas de equidad, repugnantemente trocadas por la humillación de tener que ver a sus verdugos en libertad con el consuelo de que no podrán cobrar el subsidio de desempleo ni celebrar públicamente sus indultos.

Ante la injusticia sólo cabe la rebelión nacional: todavía es posible la derrota del separatismo etarra, la restitución de la justicia y la moral para la Nación española. Consiste en derrocar al juancarlismo en las calles, un régimen antinacional de colaboración con banda armada.

Los nacional-republicanos somos enemigos de la “paz”: la República de Justicia será implacable en el enjuiciamiento, encarcelamiento y cumplimiento íntegro de las condenas de los etarras y sus colaboradores, así como la proscripción de todos los partidos separatistas.

¡Ni amnistía ni perdón a los etarras!
¡Abajo la monarquía!
¡República de Justicia!