La barrena con la que el PRISOE pretende minar España no ha penetrado lo suficiente en Cataluña. Sin embargo, la quiebra de la soberanía nacional, de la igualdad de los españoles y de su unidad, ha sido consumada. El Estatuto, que acaba de ser sometido a referéndum, no ha cumplido ninguno de los cuatro requisitos fijados por el propio Zapatero. No es constitucional, ni ha concitado el consenso, ni ha servido, tal como se argumentaba como pretexto, para integrar al independentismo catalán en el sistema vigente, ni ha contado con una participación de facto: reconoce a Cataluña como nación, en relación bilateral con el “Estado”, blinda las competencias autonómicas, otorga a los catalanes derechos separados del resto de sus compatriotas españoles, crea una agencia tributaria y tribunales propios y persiste en erradicar el castellano haciendo obligatorio el catalán.

La progresiva disminución de apoyos del Estatut ha sido una característica que lo ha acompañado en todo su trayecto. Pero es algo más que una cuestión de números: expresa la pérdida de legitimidad del proyecto. Una iniciativa tramposa desde el principio, que ha sorteado torticeramente los cauces prescritos para toda norma que implique una reforma de la Constitución –como es el caso–, desemboca finalmente en un fiasco global, con crisis de gobierno autonómico incluida. Por el camino, aquel presidente que se comprometió a aceptar el Estatut "como venga" ha traicionado a sus aliados de Esquerra, los ha cambiado por otros y ha mandado a la jubilación al presidente socialista del Gobierno catalán.

Este estatuto es, además, provisional. De entre las principales fuerzas que apoyan el Estatut, socialistas y convergentes, éstos últimos ya han hecho saber que aspiran a más. Aumentará la voracidad separatista.

En ningún momento las cifras que se barajaban en torno a la participación y la intención de voto han supuesto que el número de votos afirmativos al Estatut pudiese superar el 50% del electorado real. Así ha sido. Sólo ha participado un  48,8%. Precisaban, según ellos, de al menos un 50% de participación para legitimar su estatuto de ruptura. No se trata, pues, de un “éxito colectivo”, como dice Zapatero, sino de un colosal fracaso político y personal del presidente que ha puesto todo su empeño en sacarlo adelante.  Pero ZP debe seguir adelante “como sea”. Y sus socios catalanes, también.

Este exiguo resultado implica la imposición de una fuerte censura y represión para ser sostenido frente a quienes osen proclamar su ilegitimidad. Ya se han estado entrenando durante la campaña del referéndum. Los escamots han hecho horas extras. Y no cesarán en su acoso a los españoles con el aliento entusiasta del Gobierno de la Generalidad y la connivencia rastrera de Zapatero y sus corifeos. Estas escuadras de la cuatribarrada estelada, formadas durante los últimos veintitrés años en las madrasas del pujolismo, con la complicidad de todo el régimen juancarlista, se saben llamadas a limpiar las calles de disidentes. Y lo intentarán, que nadie lo dude. Ya advertimos a los catalanes que están por España cuales serían las consecuencias del triunfo del Sí.

¿Qué piensa hacer el PP o Ciudadanos por Cataluña? El intento de revertir la actual situación invocando el restablecimiento del propio marco legal que la ha posibilitado. Nos parece absurdo. La Constitución, sus autonomías y sus partidos de derecha e izquierda, nacionales y nacionalistas, nos han llevado a esto. El propio rey ha escurrido el bulto obviando su preceptiva firma en la convocatoria del referéndum ilegal para la desintegración de España.

Nosotros no lamentamos la perdida de un orden político-legal viciado de origen. Nos enfrentamos  al virulento ataque al fundamento de cualquier ordenamiento democrático posible: la Nación española.