Con la investidura parlamentaria de Mariano Rajoy como presidente del gobierno y la designación de la camarilla de titulares de las carteras ministeriales se ha puesto colofón al ritual partitocrático de las elecciones generales de noviembre, en la que una de las dos principales fracciones que conforman el aparato político de la monarquía de los banqueros, el PP, ha relevado a la otra, el PSOE, en el expolio de los trabajadores españoles.

En esta ocasión, el ejercicio de mera alternancia entre el PP y el PSOE no discurre en un periodo de apacible estabilidad. El régimen juancarlista muestra los signos de una crisis que se manifiesta, de manera cada vez más estridente, en varios órdenes: el económico-social, político e institucional.

El escenario de la catástrofe económica está servido: con una previsión de crecimiento rebajada a su mínima expresión, con la estimación de que el incremento de la tasa de desempleo alcance, al menos, el 23% y el astronómico pago del vencimiento de la deuda para 2012, equivalente aproximadamente al 40% del PIB, no puede augurarse más que un desastre sin precedentes para el próximo año. Rajoy, en su discurso de investidura, que en buena parte era una rogativa dirigida a Merkel, anunciaba como medida estelar un recorte de 16.500 millones de euros en gasto público a la vez que la Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS) publicaba que el déficit público se situaría dos puntos por encima de las optimistas previsiones del 6% del anterior ejecutivo y que, para cumplir con los compromisos europeos, 4,4% del déficit, sería necesario reducir el gasto en 40.000 millones. En el último consejo de ministros del año, el nuevo gobierno ha estrenado tijeras con la aprobación de un primer paquete de recortes por 8900 millones de euros, amén de aumento de los impuestos, cuyo montante se aproximará a la cifra apuntada por FUNCAS. De momento, se vuelve a atacar al colectivo de empleados públicos a través de la congelación de los salarios y, pese a la promesa electoral de no subir impuestos, se agrede a los trabajadores españoles mediante la imposición de un recargo de “solidaridad” sobre las rentas del trabajo. La actualización de las pensiones queda en un irrisorio 1%, muy por debajo del IPC de 2011 y se deja a su albur a los nuevos beneficiarios de ayudas a la dependencia, aplazando la prestación hasta 2013.

Esto sólo es el aperitivo, «el inicio del inicio», según Sáenz de Santamaría. El reinito de España, al borde la quiebra, es un estado cautivo de la deuda y su gobierno, al igual que el anterior ejecutivo del PSOE, se empleará en la imposición de los planes de austeridad y las reformas a las que le apremia Berlín, «rápido y consecuente», obedeciendo como colonia las órdenes de la metrópolis, con la única esperanza de que Eurolandia considere que somos «demasiado grande como para dejarnos caer».

El deterioro del liderazgo político-social del régimen se proyecta tanto en el histórico derrumbe electoral del PSOE, castigado por la defección de sus bases, hastiadas de un gobierno cuya agenda económica parecía clonada del programa del PP, como en el débil ascenso del PP que, pese a estar avalado por la mayoría absoluta, apenas se ha traducido 500.000 votos más que en las anteriores elecciones generales. No se ha producido un vuelco electoral que refleje la formación de una gran mayoría social predispuesta a respaldar la exigencia de sacrificios que impone el guión. No ha entusiasmado Rajoy quien, en plena campaña electoral afirmaba no «tener una varita mágica para resolver los problemas». Varias generaciones se hallan decepcionadas e “indignadas” con el default de ilusiones de un sistema que prometía mieles y hojarascas.

A lo anterior se suma la bancarrota de los grandes aparatos sindicales del régimen, UGT y CCOO, encargados de mantener la “paz social”. Están desprestigiados y ningún trabajador, al margen de los liberados y paniaguados sindicales, se cree a estas alturas que sean “representativos” de nadie más que de sí mismos y sus componendas. Las cúpulas sindicales no podrán protagonizar grandes acuerdos, al estilo de los pactos de la Moncloa, si no que deberán salir por la puerta de atrás al momento de cerrar la negociación de la reforma laboral en ciernes.

Las instituciones del juancarlismo no son un espejo de virtudes que permita a sus capitostes predicar con el ejemplo en un momento en que demandan a todos atarse los machos. La galopante corrupción del régimen resulta generalizada en todos los niveles institucionales: salpica a concejales, cargos autonómicos y ministeriales, las altas finanzas y toca de lleno hasta a la emponzoñada familia real que, cara a la galería, se pone a aventar sus cuentas en un ejercicio de cinismo.

Las medidas de ajuste del nuevo gobierno de la monarquía están destinadas a salvar a un régimen enfermo y corrupto, vasallo de Eurolandia. Pero lo hace a costa del retroceso de las condiciones de vida de los españoles, cuya supervivencia sólo podrá lograrse precipitando la caída del juancarlismo.

El verdadero paquete de medidas que necesitamos, entre otras, es el siguiente:

• Combate por nuestra soberanía nacional: ruptura con la Unión Europea y el FMI, negación del reconocimiento de la deuda, recuperación de una moneda y una política monetaria propias.
• La socialización de bancos y cajas y su unificación en una banca pública, con potestades de banco emisor, que ordene y canalice el crédito y asegure los depósitos de los pequeños ahorradores.
• La demolición del Estado de las autonomías, cupos y fueros. La racionalización y concentración de municipios.
• La completa supresión, no meros recortes, de las subvenciones públicas a partidos, sindicatos, patronales, iglesias y clientelas de la partitocracia.
• La defensa del sistema público de pensiones.
• Una fiscalidad basada en la imposición directa y progresiva y no en la extorsión sobre las rentas del trabajo.

 ¡Abajo la monarquía de los banqueros!
España, ¡republicana y socialista!