Los nacional-republicanos estamos a favor de la constitución de España en república unitaria. Manifestamos nuestro rechazo frontal al Estado autonómico de la monarquía de Juan Carlos I, régimen cuya demolición preconizamos en aras de la supervivencia de nuestra Patria. Calificamos al Estatuto de Cataluña de engendro antiespañol, antidemocrático y antisocial. Proporciona encaje privilegiado en el dominio general del gran capital a las 200 familias de una burguesía corrupta y declinante, mimada por subsidios y amparada por la Caixa, que considera al conjunto de España como su botín. Junto con los demás estatutos de autonomía, pretende impedir mediante alambradas “identitarias” que llegue a forjarse un frente unido del pueblo trabajador español contra el régimen juancarlista de los bancos y oligopolios.

A partir de ahí poco nos importa el pronunciamiento que sobre la constitucionalidad del Estatuto pueda emanar del Tribunal Constitucional (TC), mera transposición de la partitocracia purulenta del régimen vigente. Y no somos tan ingenuos como para pensar que el contenido de la sentencia será una incógnita. Como recientemente ha afirmado Rodríguez Zapatero, «no va a pasar nada». El Estatuto será “constitucional” porque es fundamental para el despegue confederal de la monarquía autonómica.

Una miríada de juristas, leguleyos y plumillas afectos al régimen se encargan ya de justificar la constitucionalidad del Estatuto, adelantado el fallo de un tribunal cuya presidencia se ha prorrogado arteramente para asegurar que el resultado de la deliberación sea el convenido. La alteración de las mayorías en las que se agrupan los magistrados de dicho tribunal –“conservadores” y “progresistas”– por el alineamiento de uno de los magistrados “progresistas” con las tesis de los “conservadores”, puede prolongar sine die la publicación de la resolución, pese a que la presidente del TC, María Emilia Casas, ha aseverado que la sentencia llegará «antes de las uvas». Este escollo ocasional explicaría el rosario de declaraciones procedentes del Ejecutivo del PSOE en los últimos tiempos, dirigidas a fijar el posicionamiento del TC. Así, el ministro de interior, Pérez Rubalcaba, afirmaba: «lo que España no puede hacer es negar la decisión del Parlamento elegido por los catalanes». Igualmente, el ministro Caamaño volvía a la carga pontificando con que «una ley aprobada por los representantes legítimos de los ciudadanos de España (...) debe siempre entenderse que es constitucional por respeto a esa voluntad de las Cortes Generales mientras que el tribunal, de manera expresa e inequívoca a través de una sentencia, no diga lo contrario». Así también el vicepresidente tercero y ministro de política territorial, Manuel Chaves, terciaba sobre el asunto: «debe ser tenido en cuenta»  (el Estatuto) «es una ley aprobada por el Parlamento Catalán, las Cortes Generales y refrendada por el pueblo catalán».

La sentencia, tarde lo que tarde en ver la luz, mantendrá incólume su impronta desarticuladora de España: el catalán como única lengua oficial; aparatos de justicia, tributos y gestión de la inmigración propios; modelo privilegiado de financiación y, por supuesto, consideración de “nación” para Cataluña y bilateralidad. El Estatuto es el modelo para otras reformas estatutarias claves en la consolidación de la Monarquía Confederal, especialmente, la que se planteará para Vascongadas en relación a la anexión de Navarra y la “paz” con ETA, y también para la Galicia de Feijóo. En este sentido, el ministro de justicia, Francisco Caamaño, este verano pasado se refería al papel trascendental de la sentencia ya que «va a marcar el futuro del Estado de las Autonomías y hacia donde pueden o no evolucionar». Añadía que depositaba su confianza en que el TC hiciera «una buena interpretación de la Constitución», y señalaba que España es un Estado federal con sus tensiones centro-periferia y que el Estatuto lleva tres años aplicándose sin mayores consecuencias.

En este asunto, como en muchos otros, el régimen se cisca en su legalidad. Aquí prescinde cínicamente de los procedimientos de revisión previstos en su propia norma fundamental. Así, a través de una mera ley orgánica, el Estatut, cuela de rondón la reforma del título preliminar de la Constitución e introduce un nuevo sujeto de soberanía o constituyente: la nación catalana. Este “quebrantamiento” del papelucho de 1978, una vez publicada la sentencia que admitirá la constitucionalidad de dicho Estatuto, convertirá los estatutos de autonomía en mecanismos ordinarios de revisión constitucional.

Los nacional-republicanos no tenemos motivo alguno para profesar un desprecio menor que el manifestado por el régimen juancarlista hacia su propia legalidad. Pero no podemos contentarnos con ello. Debemos ganar a todos cuantos quieren seguir siendo españoles a la convicción de que no deben considerarse representados por las instituciones de la monarquía, sean sus ayuntamientos, los parlamentos autonómicos o las Cortes Generales, ni aceptar las “interpretaciones” y “reelecturas” constitucionales de sus órganos y prebostes.

«No va a pasar nada» no es una mera frase de Rodríguez Zapatero. Es la consigna con la que el régimen al completo va a proseguir el desmembramiento plurinacional de nuestra patria. Los nacional-republicanos queremos que sí pase algo. Y no será mediante la interposición de recursos ante los órganos del régimen, ni votando a ninguno de sus partidos. Será mediante el avance hacia una rebelión nacional popular contra la monarquía, y mediante la construcción del Partido capaz de asegurarle desembocadura. Contra todas las oligarquías políticas y económicas que nos llevan a la extinción: ¡refundación nacional, republicana y social de España!