La confederalización del reino de España no obedece a una interpretación retorcida de la constitución del 78, tal y como se ha pretendido desde algunos medios de la derecha, sino que culmina de forma consecuente las previsiones contenidas en la misma sobre la conformación “plurinacional” del estado autonómico en un conglomerado de “nacionalidades”.

El estado de las autonomías como modelo político de distribución territorial del poder y la dialéctica ETA-paz son sus piedras angulares. La implementación de esta agenda no sólo ha sido una prioridad del PSOE, sino que constituye un eje permanente en la política de estado juancarlista y tiene garantizada su continuidad con el Partido Popular al frente del gobierno. La monarquía confederal prosigue su marcha invariable precipitando a España hacia la descomposición nacional a la vez que agudiza su postración colonial a Eurolandia en la medida que se agrava su catastrófica situación económica.

Son hitos de la hoja de ruta confederal del juancarlismo, alcanzados con Zapatero en su momento, el reconocimiento de la “nación catalana” mediante la reforma del estatuto de Cataluña y el lanzamiento del “proceso de paz” con ETA, pura dramatización de las negociaciones entre la banda y el régimen.

La próxima etapa supone, emulando el estatuto catalán, encajar en el ordenamiento jurídico a la “nación vasca” con vis expansiva hasta Navarra. Para hacerlo aceptable se precisa de la completa “normalización” de Vascongadas clausurando el “conflicto vasco” con una “paz sin vencedores ni vencidos” como si los españoles, en lugar de haber sufrido la lacra del separatismo vasco con sus tiros en la nuca, secuestros, extorsiones y bombas, hubieran participado como parte contendiente en una conflagración. Corresponde al ejecutivo de Mariano Rajoy, en cumplimiento de las cláusulas del armisticio, gestionar “el final de violencia”.

Como jalones del “proceso de paz”, en lo reciente, ha mediado la declaración de “alto el fuego” de ETA a la par que, en contrapartida, con la connivencia de todas las instancias del régimen, se procedía a la rehabilitación de sus terminales políticas con la denominación al uso de “izquierda abertzale” y se permitía bajo diversas marcas –Bildu y Amaiur– su entrada en las instituciones representativas, tanto a nivel local como estatal. En un capítulo más de la colaboración entre el juancarlismo y la banda terrorista, ahora llega la fase de encauzar de manera encubierta las excarcelaciones de los ensangrentados gudaris y su reinserción en la vida civil.

Rajoy practica una retórica fraudulenta sobre la “derrota” de ETA, heredada de su predecesor. Conmina a la banda a entregar las armas y autodisolverse “incondicionalmente”. Es decir, recuerda a ETA la obligación de cumplir con su parte, conforme a los términos del pacto. En este sentido, causa perplejidad la confianza que todavía depositan las asociaciones de víctimas del terrorismo AVT y VCT en el gobierno del PP para la consecución de la “derrota total” de la banda cuando en el discurso oficial, ya ni siquiera por guardar las apariencias, figura referencia alguna a la desarticulación por medios policiales del grupo terrorista ni a la incautación de sus arsenales, sino que lo único que se espera es que ETA anuncie que abandona el negocio. Y aunque se aludiera ello, a la vista de los hechos, no sería más que palabrería como la que invoca el escrupuloso respeto a la legalidad mientras se realiza una interpretación torticera de la política penitenciaria.

Así, el Ministerio del Interior ha presentado un programa de reinserción de etarras encarcelados, a pesar de las declaraciones del gobierno que prometían no mover ficha hasta que no hubiera disolución de la banda, que en la práctica supone una rebaja de condiciones respecto a las establecidas en el anterior programa del ejecutivo del PSOE, conocido como vía Nanclares.

Ahora basta con abandonar ETA y rechazar el terrorismo “de forma clara, solemne y pública” para acogerse al plan. La participación en “talleres de convivencia” permitiría el acercamiento de los presos a cárceles del País Vasco. Después, ya podrían gozar de beneficios penitenciarios: permisos, tercer grado y prisión condicional para los matarifes y sus colaboradores. Esta medida se justifica como una estrategia para acelerar “el final de ETA”. Sin embargo, no puede tener otra finalidad que colar de rondón una vía para la amnistía individualizada.

Las declaraciones altisonantes del gobierno del PP negando negociaciones con la banda, jurando y perjurando que no habrá cambio en su política antiterrorista, cuando su política es la misma que la desplegada por el anterior ejecutivo del PSOE; las idas y venidas de la Comisión de Verificación Internacional como altavoces de ETA; los fallos jurisdiccionales sobre la doctrina Parot; los ofrecimientos de intercesión del comisionado de la paz del gobierno vasco; las peticiones de perdón de etarras a las víctimas y los encuentros bis a bis; todo esto y más que está por venir forma parte de la coreografía coral del “final dialogado de la violencia”.

Con el horizonte puesto en a las elecciones autonómicas vascas previstas para 2013, si no se adelantan como consecuencia de la ruptura del pacto de gobierno del PPV de Basagoiti con el PSE de López, se sucederán más actos de este espectáculo bochornoso representado como mofa a los españoles.

La verdadera derrota de ETA, la puesta a disposición de los tribunales de los sicarios del nacionalismo vasco y el cumplimiento íntegro de las penas que les corresponden por sus crímenes contra la Nación sólo podrá tener lugar con el derrocamiento del juancarlismo y la instauración de una República española de justicia. Lo demás es teatro.