El reciente anuncio de la decisión del gobiernito autonómico de Madrid de acelerar el programa de privatización de su sistema de salud ha movilizado a todos los colectivos laborales sanitarios afectados, que han convocado diversas jornadas de huelgas entre otras protestas. En Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Galicia, Baleares y Castilla y León existen proyectos similares.

La oligarquía del juancarlismo está aprovechando la crisis para acelerar el expolio de los españoles. Las privatizaciones no son más que descarnadas transferencias del patrimonio de todos los españoles a manos del capital privado.

La excusa de los «necesarios recortes presupuestarios» ampara el desmantelamiento del Estado. Los sectores elegidos, la sanidad y la educación, son el objeto de deseo de las depredadoras corporaciones capitalistas. Pero esto, el desmantelamiento del Estado, no es algo novedoso en el juancarlismo. Es algo que el PP y el PSOE llevan haciendo durante años.

Privatización de la economía

Por toda justificación aparece ese mantra falso del liberalismo: la propiedad privada gestiona mejor que la propiedad pública. Se puede argumentar que teóricamente es una memez y que empíricamente se constata que la gestión dependerá, siempre, de los gestores. Los propietarios serán, en última instancia, los responsables de designar a unos gestores más o menos eficaces. Por esta razón hay empresas públicas eficientes y empresas privadas ruinosas.

Con esta falsa lógica de la privatización los liberales añaden argumentos para disparar contra su gran enemigo: el Estado. Su discurso se centra machaconamente en denunciar la supuesta sobredimensión del sector público: hay que reducirlo despidiendo a funcionarios y empleados públicos y privatizando todo lo que se pueda.

Pero esto no es cierto. El sector público español no está sobredimensionado en relación al conjunto de la economía. El gasto público total (en 2009) fue el 45,8% del PIB, inferior a Alemania (47,5%), Italia (51,9%) o Francia (56%), por ejemplo.

De acuerdo con otro indicador, el peso del valor añadido público en el PIB de España, el 13,7%, es similar al de los países de su entorno: Francia (16,4%), Italia (13,8%), Reino Unido (13,1%). Este indicador refleja el peso del Estado sobre el total de productos y servicios en general (educación, sanidad, etc.).

Los hechos desmienten los argumentos liberales incluso en la comparativa con los EEUU, lo más parecido al paraíso del liberal-capitalista. De hecho, es un mito extendido la creencia de que el sector público yanqui es muy reducido en comparación con los demás países, especialmente los europeos. Pero tampoco es así porque el gasto público es el 42,63% del PIB (en 2009). En el caso del valor añadido público, el indicador es del 12,5%.

Privatización de la sanidad

La excusa esgrimida por los políticos del juancarlismo es la supuesta incapacidad de mantener las correspondientes infraestructuras sanitarias por ser «deficitarias». A esta conclusión llegan tras aplicar los análisis de costo-beneficio y otros cálculos de eficacia económica propios de la «economía de libre mercado» a ámbitos inaplicables. A aquellos que por su propia naturaleza sólo pueden ser exclusivos del Estado por cuanto constituyen los servicios fundamentales de la comunidad ciudadana.

En el caso concreto de la sanidad, esta justificación se convierte en una fenomenal contradicción ya que no falta un cártel de corporaciones privadas dedicadas al negocio de la salud que pugnan abiertamente por convertirse en los adjudicatarias de esos “deficitarios” hospitales y centros de asistencia primaria que van a privatizarse. No lo harían, evidentemente, si no vieran en ello un gran negocio y unos grandes beneficios.

Los dos principales grupos privados que gestionan ya la salud de millones de españoles son Capio Sanidad y Ribera Salud. El primero pertenece a uno de los cinco mayores fondos de capital riesgo del mundo, CVC Capital Partners, y sus ingresos proceden en un 75% de la gestión de hospitales públicos mediante concesiones y conciertos. El segundo es propiedad de Bankia y BancoSabadell y gestiona cuatro zonas de salud de la Generalidad valenciana en las que viven el 20% de españoles residentes en esa región. Un tercer grupo, recién llegado al negocio, es Sanitas (propiedad de la mayor aseguradora sanitaria británica). Gestiona dos hospitales y una zona de salud valenciana. Un cuarto es USP-Quirón, también propiedad de una corporación británica.

Geografía de la privatización sanitaria

No es nueva. En Cataluña se da un modelo de centros concertados desde hace muchos años y en Valencia el proceso se inició en 1999. La privatización se desarrolla bajo la fórmula de concesión administrativa: se cede la gestión a una empresa privada por un tiempo determinado y, a cambio, la empresa adjudicataria recibe una cantidad de dinero que se determina mediante capitación: tanto por cada paciente potencial del ámbito sanitario comprendido en la concesión. Estas concesiones pueden ser de diversos tipos: las que incluyen la atención sanitaria integral (modelo Alcira) o las que la excluyen (modelo PFI).

El primero es el implantado en Valencia y Madrid, y el elegido en Castilla-La Mancha. Consiste en ceder a la empresa adjudicataria todo menos la titularidad del centro. O sea, la atención integral de todos los ciudadanos pertenecientes a la zona sanitaria dependiente del hospital. En Valencia, además, incluye la gestión de los centros de atención primaria correspondientes. En Madrid se sigue una variante de este modelo. Allí, los últimos nueve hospitales inaugurados ni siquiera son de propiedad pública: han sido construidos y serán gestionados por empresas privadas durante el tiempo de la concesión: 30 años. En la Rioja, una empresa privada va a gestionar un hospital público cuyo personal no es funcionario.

El segundo es el modelo inglés PFI (Iniciativa de Financiación Privada). En este, la empresa adjudicataria construye y equipa el nuevo hospital y lo gestiona salvo la atención sanitaria, que sigue dependiendo del Estado. Es el elegido en Extremadura, Galicia, Baleares y Castilla y León.

Las ventajas visibles de este modelo para la clase política son la rápida construcción de una infraestructura sanitaria, sin la elevada inversión inicial, que pueda ser exhibida como logros propagandísticos de una legislatura. Las ventajas ocultas son las de transferir suculentos negocios a intereses privados siempre muy próximos a los profesionales políticos del juancarlismo.

Beneficio privado a cargo de los presupuestos públicos

La lógica de la “rentabilidad” en este negocio de la salud es evidente. Como los gobiernitos autonómicos pagan una cantidad determinada a la empresa gestora, ésta tiene que reducir los costes. Esto sólo es posible reduciendo los salarios del personal, eliminando pruebas diagnósticas, suprimiendo prestaciones y coberturas, reduciendo la atención, el tratamiento y la hospitalización de los pacientes, etc. lo suficiente para que le queden beneficios. Es sencillo: cuando se introduce el lucro y el beneficio en la atención sanitaria, ésta ve reducida su calidad.

Pese a la propaganda justificativa de sus defensores, la realidad es otra ya que la experiencia demuestra que los centros privatizados no sólo no ahorran dinero al Estado sino que son más caros que los del sistema público. La Organización Mundial de la Salud así lo reconoció en un informe de ámbito mundial de 2006: la «iniciativa privada» debe afrontar mayores costes financieros y el reparto de beneficios entre sus accionistas. Además, debe ser rescatada cuando quiebran sus hospitales so pena de dejar sin atención sanitaria a los ciudadanos.

En Reino Unido, donde el modelo PFI funciona desde hace dos décadas, el gobierno ha tenido que aprobar recientemente un fondo de emergencia de 1.850 millones de euros para evitar recortes en los servicios a los pacientes de los hospitales PFI. Un estudio de la Universidad de Manchester de 2008 concluyó que los doce primeros hospitales PFI costaban 75 millones de euros más al año que de haberse financiado con recursos públicos.

Pero además, esta red de hospitales de gestión privada es parasitaria del sistema público de salud. No ofrecen especialización, docencia o investigación, derivan a los públicos los pacientes costosos –o sea, menos rentables– y le restan recursos económicos. En realidad ofrecen unos servicios y atienden unas necesidades diferentes. Como en la Educación.

Por un sistema de salud nacional, equitativo y sostenible

El sistema de salud público no puede ser un negocio. Su fin es garantizar la mejor asistencia sanitaria posible a la ciudadanía, no obtener beneficios. Esto no significa que no se deba mejorar su eficiencia. Esto no significa que el actual modelo de sanidad pública sea el único posible.

El sector sanitario, por formar parte de los servicios esenciales de la Nación junto con la seguridad social y la educación, debe permanecer íntegramente en la esfera de la titularidad pública. En su gestión se deben primar las formas de descentralización funcional mediante un ente institucional que integre como un conjunto dicho sector. En el mismo participarán los niveles administrativos provincial y local. En su consejo de administración se deben integrar representantes de la Administración, de los trabajadores del sector y de los ciudadanos. Su financiación, al margen de cualquier criterio de mercado, debe proceder de los presupuestos generales del Estado.

Vinculadas a este sector se encuentran las industrias farmacéutica y sanitaria, con su correspondiente campo de investigación. El sector sanitario-farmacéutico debe ser socializado, transferida su propiedad al Estado. Sólo entonces podrá revertir completamente en la Nación los resultados de aplicar un intenso y sostenido esfuerzo en la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito de la biomedicina. Podrá así el Estado ofrecer a los miles de prestigiosos investigadores españoles hoy desperdigados por el mundo las mejores condiciones posibles para desarrollar su valiosísima labor en España. Deberá el Estado acompañar esto con una radical transformación de la legislación existente sobre patentes farmacéuticas que repercuta en beneficio de la Nación los logros de la investigación.

El sistema de salud español debe ser un derecho propio de los ciudadanos españoles y una prestación concedida a los extranjeros en situación administrativa regularizada. Esto no significa el respaldo a la populista medida del actual gobierno de retirar la asistencia sanitaria a los extranjeros irregulares, medida innecesaria si se cumpliera la ley de extranjería vigente repatriando a dicho colectivo. Su hipocresía busca mantener a este colectivo en las peores condiciones de vida posibles con el fin de reforzar su condición de desesperado ejército laboral de reserva.

Un sistema de salud nacional, equitativo y sostenible implica que todos los españoles tienen el derecho a utilizarlo y la obligación de contribuir a su sostenimiento. No podrá haber colectivos laborales y grupos sociales que disfruten de una privilegiada asistencia pública y privada gracias a mutualidades y seguros privados con beneficios fiscales. En este sentido, bajo el régimen juancarlista, España es la primera de los países de la OCDE con la mayor desigualdad en la utilización de los servicios sanitarios dependiendo del nivel económico de los usuarios.

Mientras que un sistema público de salud no es gratuito porque tiene un coste económico para el Estado, la asistencia sanitaria que dispensa sí será gratuita para cualquier usuario español. Se rechaza así cualquier modalidad de copago sanitario y farmacéutico. Respecto a los extranjeros, en tanto que prestación, suscribirán obligatoriamente un seguro médico con el Estado determinado por su situación laboral y familiar. Con el fin de garantizar la contraprestación económica por la asistencia sanitaria recibida, el Estado deberá firmar los correspondientes acuerdos bilaterales con sus países de origen. Ningún extranjero quedará sin una cobertura sanitaria básica.

El Partido Nacional Republicano respalda las protestas que se suceden contra la privatización de la sanidad pública y anima a toda la ciudadanía a apoyarlas. Pero advierte que la consecución de un sistema nacional, equitativo y sostenible tal y como lo hemos definido es impensable bajo el sistema capitalista del robo y el pillaje. Que es irrealizable bajo el régimen juancarlista de los oligopolios y las oligarquías financieras. Que sólo cabe al amparo de una República socialista como la que el Partido Nacional Republicano propone a los españoles.