La reciente reforma del sistema de pensiones por el gobierno juancarlista de turno ha modificado la que el gobierno anterior de su majestad firmara con los sindicatos y las patronales en 2011, aquella en que se alargó la edad mínima para la jubilación de los trabajadores hasta los 67 años. Ambas tienen una misma razón de ser: la imposición, sumisamente aceptada, de Eurolandia de disminuir el gasto en pensiones. Con aquella se recortan las pensiones un 20% en 2027 y con esta se anuncia otro recorte de cuatro mil millones para esa misma fecha.

Entonces y ahora se han justificado como imprescindibles para la «sostenibilidad del sistema público de pensiones». El cinismo de los principales portavoces del juancarlismo alcanza los más elevados niveles en la propagación de esta gran mentira. El resultado final, único, de estas reformas es la privación de cada vez más españoles de su derecho a una pensión de jubilación y la disminución de la cuantía de las mismas. Peores pensiones para menos jubilados.

Lo más grave de esta reciente reforma no es el endurecimiento del acceso a la jubilación parcial y anticipada de los mayores de 55 años: casi tres millones de españoles sin trabajo, sin prestación por desempleo y sin jubilación hasta que cumplan los 65. Ni que las grandes empresas pierdan la obligación de pagar el seguro de desempleo y las cotizaciones a la Seguridad Social de sus prejubilados, reduciendo así el coste de sus despidos colectivos y traspasándolo en gran parte de nuevo al Estado.

Lo peor es la introducción inmediata de un mecanismo permanente de revisión de las pensiones: el «factor de sostenibilidad». Se trata de una fórmula matemática que a partir de diferentes variables demográficas, económicas, etc. recalculará las cuantías de las pensiones públicas de manera automática y periódica. Siempre a la baja, naturalmente, ya que su fin es reducir el creciente gasto de las pensiones públicas. Lo que el gobierno de Zapatero había fijado para dentro de veinte años, el gobierno de Rajoy lo está adelantado para ya… cumpliendo las órdenes de Berlín.

Un sistema inviable

Los voceros de la oligarquía juancarlista –políticos, profesores, periodistas, etc.– aseveran que no hay otra solución que reformar el actual sistema de pensiones. Con ello quieren decir que para que no quiebre debe “retocarse” en un sentido: peores pensiones para menos jubilados. Lo acompañan, además, con alabanzas a los planes de pensiones privados o a los sistemas públicos semiprivatizados de algunos países. Siempre con un único propósito, transferir a los bancos y a las aseguradoras las mayores porciones posibles del apetitoso pastel de las pensiones públicas. Sirven eficazmente a sus amos.

Sólo en una cosa tienen razón: el actual sistema es inviable. Un sistema que se basa exclusivamente en las cotizaciones individuales de los trabajadores está condenado por las tendencias demográficas actuales, en términos estructurales, y por las tendencias económicas, en términos coyunturales. Vamos a verlo.

La gravedad de la crisis ha llevado a las portadas informativas los negros augurios sobre la sostenibilidad de las pensiones. La relación entre el número decreciente de afiliados a la Seguridad Social (16,1 millones) y la cantidad creciente de pensionistas (9 millones) ha encendido las alarmas por cuanto es claramente deficitaria: 10.000 millones de euros en 2012. Esta ratio está hundiéndose a niveles nunca alcanzados. Actualmente, por cada pensionista, apenas hay dos trabajadores. Esta situación ha evidenciado una obviedad: que más allá de la de población activa –individuos entre 16 y 64 años capacitados para trabajar– lo que sostiene el actual entramado es el número de afiliados cotizantes a la Seguridad Social. Dada la naturaleza de la crisis actual y las tendencias que el modelo capitalista tiene asegurado para Expaña, esta realidad no va a mejorar en un futuro inmediato.

Pero aunque lo hiciera hay otra razón que sentencia al sistema actual: las previsiones demográficas. La sociedad española envejece a pasos agigantados por lo que el gasto de pensiones sólo puede crecer. Esto es una evidencia que se suele ignorar por cuanto sus efectos no son inmediatos y se darán a medio plazo. Pero los datos son incuestionables e inevitables  ya que las tendencias demográficas no se pueden revertir de un día para otro. La pirámide de edad de la población española se transforma de tal forma que las más recientes proyecciones del INE señalan que el número de mayores de 65 años en 2050 –dentro de sólo 37 años– se habrá duplicado y representará el 37% de la población total. La conclusión es fácil: para mantener la ratio de sostenibilidad actual, que es claramente insuficiente, sería necesario que la población activa empleada se duplicara. Esto supone que habría que crear por lo menos quince millones de empleos.

Falsas soluciones

Es, supuestamente en previsión de este futuro, por lo que se ha retrasado a los 67 años la edad mínima para la jubilación. Se reducirá así el número de pensionistas pero en cifras no decisivas. Como la esperanza de vida pasará de los 83 y 87 años actuales a 87 y 91 en 2050, de acuerdo con esta lógica, la “reforma” del sistema actual obligará a seguir postergando la edad de jubilación más allá de los 67 años. Esta medida tiene una consecuencia perniciosa derivada: el de retrasar la entrada en el mercado laboral de aquellos jóvenes que sustituyen a los trabajadores jubilados –en las ocasiones que este relevo se da, naturalmente–.

Durante el decenio de la burbuja del ladrillo, la llegada masiva de inmigrantes como mano de obra barata para la construcción y la hostelería fue justificada por los portavoces de la oligarquía hegemónica como la solución para los problemas del sistema de pensiones. Al tiempo que los expañoles con ínfulas de señoritismo obtenían chachas baratas para el hogar, los extranjeros llegados –decían– pagarían en el futuro las pensiones.

La crisis actual ha demostrado su desvergüenza. Esos inmigrantes ya no pagarán nada. Antes bien, son receptores de subvenciones por desempleo y ayudas sociales o trabajan en la economía sumergida sin cotizar a la Seguridad Social en igual medida, por lo menos, que los españoles. Muchos, además, retornan a sus países. En realidad, ni siquiera durante los años del espejismo económico eran ninguna solución. Esta inmigración masiva no ha frenado el envejecimiento de la población española. Siquiera lo ha ralentizado. Pero es que, además, a largo plazo, también envejecen y generan derechos sobre las pensiones. Y respecto a las tasas de natalidad –suponiendo que haya trabajo en el futuro para todos estos recién nacidos– presentan cifras sólo ligeramente superiores que tienden a equilibrarse con las españolas. La reducción de la ratio de dependencia a base de inmigrantes exige flujos inmigratorios aún más masivos, crecientes y permanentes en el tiempo. Y trabajo para todos ellos, obviamente.

Por un nuevo sistema de pensiones nacional

La sostenibilidad de cualquier sistema público de pensiones depende de la fortaleza económica, de la potencia del modelo productivo. Lo que actualmente resulta insostenible es el sistema de pensiones vigente, que no es más que el propio del estado de bienestar capitalista.

La crisis actual, inauguradora de un nuevo ciclo económico, sólo ha adelantado esta evidencia trayéndola al primer plano. Las tendencias demográficas y el futuro del capitalismo imperante han condenado a un modelo basado exclusivamente en las aportaciones de los trabajadores. Todos los que, diciéndose defensores del “estado de bienestar”, se apuntan a “reformar” el actual sistema de pensiones están defendiendo su evolución inevitable: peores pensiones para menos pensionistas.

El Partido Nacional Republicano rechazó en su momento estas “reformas”, como el incremento de la edad legal de jubilación. Se opuso a las pretensiones ocultas de su privatización afirmando que «las pensiones son un derecho básico de los ciudadanos, que en modo alguno debe ponerse en manos de negocios privados». Y se posicionó en defensa de un sistema público de pensiones basado en el reparto social –que teje la solidaridad dentro del mundo del trabajo y entre sus generaciones– frente al sistema privado basado en el ahorro-capitalización individual, reproductor de la pulverización social que persigue el liberalismo.

El actual sistema de pensiones debe ser reemplazado por uno nuevo, de carácter nacional, que supere el esquema diferenciado de las “cotizaciones sociales” y funcione con aportaciones de los presupuestos generales del Estado. El nuevo sistema de pensiones debe recaer en la Nación, no de los individuos activos cotizantes. Esto implica dos grandes cambios estructurales: la instalación de un nuevo modelo productivo que abra paso a un salto cualitativo tecnológico y en el impulso del empleo de calidad; y un giro en la distribución de la riqueza social que provoque un vuelco radical en la participación del trabajo en la renta nacional.

Nada de esto es posible bajo el actual régimen de la oligarquía juancarlista y de las diferentes burguesías regionales. Porque el nuevo sistema de pensiones público, nacional, exige una profunda transformación de las estructuras sociales y la imposición de un plan de trabajo –socialista– que revierta la lógica capitalista de explotación del excedente en la forma de maximización del beneficio privado por la generación de un fondo comunitario nacional. Porque ningún servicio público que afecta a lo fundamental de la existencia de los españoles puede gestionarse de acuerdo a las imperantes reglas de la «economía de libre mercado».