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Las condiciones de la victoria
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Un mero protectorado de Eurolandia

Los bancos y cajas españoles, amparados por los gobiernos de Aznar y Zapatero y contando con el maná crediticio de la finanza europea, crearon una descomunal burbuja inmobiliaria, que terminó reventando en 2007 en una crisis que no ha hecho más que agravarse. En el momento actual los parados superan los 5  millones y 700.000 pymes han desaparecido en 2009 por falta de financiación.

El pasado mes de mayo España estaba en “default”. Desde entonces, no han mejorado las cosas. La deuda global española se aproxima al 250% del PIB, siendo mayoritariamente privada. La deuda pública real, que alcanza el 75% del PIB,  en buena medida es consecuencia de la deuda privada. Las inyecciones de dinero público para tapar los agujeros del sector financiero y otros conglomerados del gran capital han sido ingentes. A ella se han sumado el incremento de los costes sociales de la crisis y la voracidad de las sanguijuelas autonómicas, indiferentes ante el hundimiento general.

El peligro de “enganchar” a las economías de Francia y Alemania ha precipitado la intervención de la UE: los bancos y fondos de inversión centroeuropeos realizaron grandes inversiones con la expectativa de obtener fabulosos beneficios del ladrillo español. El sistema financiero español está siendo sostenido con respiración asistida y con permiso para falsear sus balances de quiebra. Ya  nadie tiene dudas de que nos hemos reducido a la condición de mero protectorado de la UE y el FMI.

 

Un ataque global

Así,  por imposición de Eurolandia y el FMI y bajo las invocaciones a la reducción del déficit y la deuda, Zapatero ha lanzado una ofensiva multidimensional contra la población trabajadora.

Se ha iniciado con ataques contra el salario directo, mediante los recortes y congelaciones de las retribuciones de los funcionarios y la reducción drástica de los presupuestos de Fomento destinados a la obra pública. Con una primera arremetida contra las retribuciones diferidas, mediante la congelación de las pensiones. Y con la merma de las retribuciones indirectas que implica un inicial ajuste de los servicios públicos. Ha culminado esta primera tacada con la subida del IVA al 18%.

En un segundo tiempo, ha aprobado una reforma laboral devastadora. Convierte en residuales los contratos indefinidos actuales (indemnización de 45 días, con un máximo de 42 mensualidades), pues el contrato de fomento del empleo (indemnización de 33 días por año trabajado; con un máximo de 24 mensualidades) se generaliza a todos los colectivos de trabajadores. Las empresas podrán despedir por “causas objetivas” –veinte días de indemnización– si tienen pérdidas, prevén incurrir en ellas o por una caída persistente de ingresos que pueda afectar a su futuro, o a su capacidad de mantener el volumen de empleo. El Estado pagará parte de la indemnización (ocho días de salario por año trabajado) en el caso de las extinciones de los contratos indefinidos, ordinarios o de fomento del empleo. Se desarticula la eficacia de la negociación colectiva sectorial, al abrirse vías para que todo se negocie a nivel de empresa. Se facilita el acceso de las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro a la gestión de la intermediación, incluso en las Administraciones Públicas.

Y ya está en marcha la gestación de la reforma de las pensiones, situando la edad de jubilación en los 67 años y aumentando a 20 el número de años que sirven para computar su cuantía.

Con todo, la quiebra del “Reino de España” parece inevitable y entonces vendrá la profundización en los planes de ajuste: reducción de los salarios del sector privado, tal y como han recomendado algunos gurús, privatizaciones de lo que quede del sector público, introducción del copago en la Sanidad y nuevos avances en el desmantelamiento de los servicios sociales, con vistas a su conversión en meros nichos de negocio, transformación de las cajas en bancos privados, que serán engullidos por el proceso general de centralización financiera, compra a precio de saldo por el capital bancario extranjero de sectores enteros, etc.

En definitiva, la suerte reservada a Expaña es devenir una especie de “Florida” para los jubilados europeos, con fuga de cerebros a gran escala, pérdida irreparable de todos los trenes de avance tecnológico y paro del 20% ad aeternum.

 

Los sindicatos del sistema, «defraudados».

En un reciente comunicado, UGT y CCOO se manifiestan «defraudados» por el gobierno español y los actuales gobiernos europeos. Consideran que los ajustes que se están adoptando «son equivocados porque comprometen las posibilidades de crecimiento económico y de creación de empleo». UGT y CCOO tendrían algo de razón si la UE,  en un intento de dar salida a la crisis y abrir un periodo de reconstrucción económica, se hubiera equivocado accidentalmente. Pero las políticas de la UE no se han equivocado en lo más mínimo; su finalidad principal es que los grandes poderes financieros de Eurolandia puedan resarcirse de sus inversiones fallidas, mediante medidas que conducen al desmoronamiento económico y colonización de las naciones más frágiles y al esquilmamiento de sus fuerzas laboriosas. El FMI aporta su experiencia. Primero se da cuerda con los préstamos financieros si hay expectativas de negocio; luego, esas expectativas se frustran, se utiliza la cuerda de la deuda para estrangular. Basta con ver lo que el FMI hizo con Iberoamérica y con África para advertir a dónde quieren llevarnos.

 

Necesidad de una respuesta global

Eurolandia, secundada por el FMI, tiene un programa global muy claro: purga neoliberal ininterrumpida. Por consiguiente, se hace imprescindible una  respuesta también global que, para triunfar, ha de prepararse sobre bases políticas realmente alternativas. No puede limitarse a la inane letanía de los llamamientos de CCOO y UGT: no a la reforma laboral, no a los recortes sociales, no a… Es decir, virgencita, virgencita, que me quede como estaba. No puede sostenerse la creencia, igualmente milagrosa, en una vuelta al “Estado social”, al “Estado socialdemócrata del Bienestar”, cuya quiebra es lo que precisamente ha propiciado la actual ofensiva neoliberal.

Identifica al Partido Nacional Republicano una alternativa clara y firme: la construcción de una nueva España en torno al eje del Trabajo. A partir de esa alternativa, el PNR ha propuesto unos puntos básicos que sintetizan la necesaria respuesta en el actual periodo: la exigencia de soberanía nacional, que implica el abandono del euro y el no reconocimiento de la deuda; la socialización de bancos y cajas y la constitución de un Banco público único, con potestad de emisión de moneda; la socialización de la Energía –con recurso principal a la nuclear–, sectores estratégicos y grandes servicios; barrer de un escobazo el sistema caciquil de autonomías, cupos y fueros; y arrancar la costra de parasitismo que supone la financiación pública de partidos, sindicatos, patronales, iglesias, clientelas partidistas, etc.

Obviamente, estas medidas no pueden ser adoptadas por ninguno de los gobiernos del vigente régimen juancarlista. Tampoco a través de la alternativa propuesta por la extrema izquierda del capitalismo: una “unión libre” de micro-repúblicas lingüísticas y castizas. Una “autodeterminación de nacionalidades” regidas por ridículos “gauleiter” del Euroreich franco-alemán e incluso, en algún caso, como ejemplifica Kosovo, del imperialismo yanqui.

Las transformaciones sociales necesarias sólo pueden ser adoptadas por una República española democrática y unitaria, que abra un proceso de ruptura con la UE y de organismos del imperialismo norteamericano como el FMI, a la par que articula una alternativa europeísta de signo confederal, democrático y socialista dirigida en primer lugar a los países más afectados por la crisis.

 

¡Abandonar los mitos! ¡Preparación para la victoria!

Si no vacilamos en calificar a CCOO y UGT como organizadores de la derrota de los trabajadores no es sólo por su programa. Es también por sus propuestas de acción, siempre a remolque de las iniciativas del gobierno y siempre mediante planteamientos sectoriales. En junio no se planteaba únicamente el problema de los recortes retributivos a los funcionarios. En septiembre, el problema no se reduce a la reforma laboral, por importante que ésta sea.

Más aún: el plan de ajuste del capitalismo no afecta solamente a los trabajadores activos. Por ello es cada vez más necesario abandonar el fetichismo de la huelga general, que sigue presentándose como una panacea, tanto más cuando se la reduce a un día. Aprendamos de la experiencia de Grecia, en donde sigue imponiéndose férreamente el plan de ajuste tras oleadas de huelgas generales. La respuesta necesaria integra las huelgas, sobre todo las indefinidas y culminantes con la ocupación de centros, pero dentro del marco de formas de acción más amplias y contundentes: una rebelión nacional popular de trabajadores activos y parados, pensionistas, autónomos, estudiantes, amas de casa, pequeños empresarios, etc.

El único camino de la victoria es la  movilización directa de la población trabajadora, al margen de los cuadros institucionales del régimen. No nos hacemos ilusiones sobre la posibilidad de un avance inmediato en esa dirección. Deberá ser preparado concienzudamente desde la base a través de un prolongado esfuerzo. Incluye la experiencia de las asambleas soberanas en los lugares de trabajo y estudio de los comités elegidos en las mismas y responsables ante ellas; de los piquetes de información, extensión y defensa de las acciones; de las asambleas y juntas territoriales para acoger a sectores populares dispuestos a la lucha; de las huelgas indefinidas con ocupación de centros, de la toma de las calles y asedio de las instituciones.

Estas reflexiones hoy sólo están en la mente de limitados sectores de compatriotas. Es necesario que se extiendan y que adquieran un soporte organizativo cada vez más sólido. Hoy están planteados problemas políticos de primera magnitud. El movimiento encaminado a resolverlos no podrá avanzar sin trabajar por un agrupamiento político que le proporcione forma organizada: por la construcción del partido de la refundación republicana y socialista de la nación española.