La reforma del sector de la energía planteada por el ejecutivo del PP no resuelve ninguna cuestión de fondo. Ni abarata la energía ni persigue repartir eficiencia. Se trata de una mera medida fiscal cuyo objetivo no es otro que expoliar una vez más a los españoles en favor del capitalismo. Se procura socializar entre una población diezmada por las políticas de austeridad los costes de una pretendida deuda contraída con las eléctricas, determinada por un sistema irracional para la fijación de costes y adquisición de energía.

Los gobiernos del juancarlismo han dado la espalda a la necesidad vital de que España fortalezca su sector de la energía y rompa con el lastre de su dependencia exterior. Todos ellos son responsables del fiasco energético español.

Entramos en el terreno de lo esencial: sin energía a bajo coste y autosuficiencia energética es inviable cualquier desarrollo o despegue económico. Máxime, para el impulso de nuevo modelo productivo como el que preconiza el Partido Nacional Republicano, cuyos ejes son el rearme industrial y tecnológico en conjugación con un prominente sector público. Este es el fundamento de nuestro relanzamiento económico y no los planes de ajuste, recortes y reformas impuestas por el imperialismo alemán a través de los eurócratas de Bruselas con la colaboración de los gobiernos del reinito del Borbón.

Pero esta exigencia no puede realizarse bajo un régimen al servicio de los oligopolios y los pelotazos de sus oligarquías. Sólo podrá imponerla y garantizarla la instauración de una República española socialista, dispuesta a defender a ultranza nuestra soberanía nacional desmontando los resortes de la hegemonía de gran capital.

Reforma: liberalización y saqueo

La liberalización del sector eléctrico llevada a cabo por el gobierno de Aznar, entre otros miríficos efectos, generó el supuesto déficit que padecen las eléctricas, resultante de la diferencia entre el monto total recaudado por las tarifas fijadas por la Administración y el coste real de la energía, una vez cuantificados los costes de adquisición, transporte y subvenciones. En el momento actual el “déficit tarifario”, que teóricamente asciende a más de 25.000 millones de euros, constituye la coartada para un fabuloso latrocinio.

Para la financiación de ese desfase, el gobierno de Rajoy, espoleado por Eurolandia, entre rifirrafes entre su Ministerio de Hacienda e Industria, ha adelantado una segunda batería de reformas fiscales para el sistema energético cuyo gravamen se establecería en función de los diferentes modos de producción: para el régimen ordinario, el impuesto de facturación será del 4%, lo que supondrá una carga de 2 euros por mw/hora facturado. Un gravamen que se sumará al de las hidráulicas y las nucleares, que estarán obligadas a desembolsar 15 y 10 euros respectivamente por mw/hora producido. En el régimen especial se implantará una tasa para cada tecnología que en el caso de las renovables será del 11% en energía eólica, del 13% para la termosolar y del 19% para la fotovoltaica. Tampoco quedará libre de cargas el gas natural cuya tasa será de 4 céntimos por metro cúbico.

Las eléctricas, entre jeremiadas, ya han anunciado que estas medidas tendrán impacto sobre sus beneficios y se estima sufrirán una merma de unos 2.000 millones en sus cuentas anuales. La inquietud recorre el sector. Y es que está de rebajas en bolsa y podría venir alguien de compras.

Endesa, Iberdrola y Gas Natural a través de la Asociación Española de Industria Eléctrica, Unesa, han reclamado a lo largo de todo el año una subida mínima de los peajes del 30 %. Pero Unesa no hace referencia a los ingresos anuales de sus socios. Endesa, que cuenta como consejeros a Aznar y a la ex ministro del PSOE, Elena Salgado, logró un beneficio neto de 4.129 millones de euros en 2010, un 20% más que en 2009. Iberdrola cerró el primer trimestre de este año con un beneficio neto de 1.022 millones; Gas Natural Fenosa 1.325 millones en 2011, un 10,3% más que el año anterior

En cualquier caso, el gravamen que tendrían que soportar las eléctricas se haya compensado con creces a través de diferentes vías: los beneficios sobrevenidos, que llueven a espuertas sobre una industria amortizada, cuyas infraestructuras fueron pagadas por todos los españoles a través del recargo establecido en virtud de los “costes de transición a la competencia”; el incremento en la factura; la prolongación de vida útil de las centrales nucleares construidas con inversiones públicas y la prórroga de concesiones para las presas de las hidroeléctricas que, además, utilizan como fuerza motriz un recurso de dominio público, el agua, a coste cero.

Un informe remitido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) confirmaría la existencia de prácticas alcistas en el funcionamiento de las subastas Cesur, que determinan la tarifa eléctrica de último recurso. Por si fuera poco, bancos como Deutsche Bank, Goldman Sachs o Morgan Stanley han entrado en el sector para fijar precios aún más inflacionistas, lo que ha conllevado las quejas de las eléctricas españolas que buscaban controlar la oferta y la demanda a través de sus filiales. No en vano, Iberdrola, Endesa y Fenosa controlan el 90% de la producción.

Por su parte, el sistema gasístico, en 2011 ya ha acumulado más de 200 millones de desfase que de proseguir incrementarán un déficit para el 2016 de 2.479 millones según datos de la Comisión de Energía.

En los peajes regulados por el Gobierno, que representan la mitad de la factura de la luz, están incluidos además de los costes del transporte de la electricidad, monopolio de Red Eléctrica de España, las primas para el uso del carbón nacional, el impuesto sobre la electricidad que es del 5,11% sobre el total de la energía consumida y la potencia contratada y con el que se subvencionan en parte las Comunidades Autónomas, las primas a las energías renovables que acaparan el 80% de la factura y la compensación por la moratoria nuclear decretada en 1984 por Felipe González, ahora miembro del consejo de administración de Gas Natural Fenosa, por la que los expañoles tendrán que pagar hasta el 2015 los 4.383 millones que supuso cancelar la construcción de cinco reactores, que de haberse concluido, estarían produciendo 40.000 millones de kwh al año.

A pesar de las declaraciones del ejecutivo del PP, siempre contradictorias entre el Ministro de Industria y el propio Presidente del gobierno, que afirma que quien va a pechar con los costes del déficit son primordialmente las eléctricas, se impone un tarifazo que trasladará el gravamen a la factura que deberán abonar los consumidores, familias e industria. Es la consecuencia de un sistema energético asentado en el pillaje de la Nación.

El negocio de las renovables

Dentro del paquete de medidas presentada por el gobierno del PP a Bruselas está previsto el “céntimo verde” que gravaría los carburantes con una subida en torno a los 7 céntimos el litro para sufragar el coste de las energías renovables que sólo en el primer trimestre del año recibieron primas por importe de 2.128 millones de euros, lo que supone un incremento próximo al 24% respecto a los 1.717 millones abonados en los tres primeros meses de 2011. Por tecnologías, la solar fotovoltaica acaparó 753,6 millones en el primer trimestre, un 38% más que en el mismo periodo de 2011. La eólica percibió 511,8 millones. La cogeneración fue retribuida con 463,2 millones y la termosolar, sumó 146,5 millones, un 237% más que hace un año.

Con el argumento de paliar un déficit tarifario que aparece ahora como insostenible, en enero se aprobó por decreto suspender los incentivos económicos de las nuevas instalaciones del régimen especial así como el procedimiento de pre-asignación. Sin embargo, estas medidas no tienen carácter retroactivo por lo que algunas grandes empresas como Abengoa, Acciona, ACS, E.ON renovables, Fenosa e Iberdrola, entre otras, seguirán cobrando primas durante los próximos 30 años.

En el paraíso mundial del chollo de los espejitos y molinillos, impulsado en su día por el gobierno de Zapatero, el porcentaje de energías verdes debería cubrir un 20% del consumo total de energía para el 2020. Lo cierto es que la energía eólica generó ya en 2011 un 15 % con un total de 21.520 mw de potencia instalada; la solar fotovoltaica el 3%, con 4.281 mw y la termosolar, el 2% con 1.149 mw acumulados.

Dado lo sobredimensionado del sistema, engordado para subvencionar a las clientelas del PPSOE y las burguesías separatistas, no haría falta construir ni un megavatio más. Aun así, están entrando en el sistema las nuevas centrales termosolares, con 1.600 megavatios inscritos en el registro de preasignación, si bien el objetivo inicial de potencia era de 500 mw. Cuando estén en funcionamiento, previsto para el 2014, supondrán una carga de 1.600 millones de euros anuales más.

Revueltas en el sector del carbón

El Plan del Carbón 2006-2012 cumple una exigencia del Consejo de la UE por la que Bruselas permitió al sector minero seguir recibiendo ayudas hasta el 2018 con el requisito del cierre progresivo de las explotaciones no competitivas. La conclusión del texto del plan, remitido por el ministro Soria y en el que se recogen referencias explícitas a las obligaciones del “Gobierno entrante”, preveía un recorte de las ayudas del 10% respecto a las partidas otorgadas en 2011. Sin embargo, el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado aprobado por el Senado, contempla una reducción radical del 64% para todo el montante económico del Plan del Carbón, pasando de 703 a 253 millones de euros. Dicho plan, refrendado por Zapatero, preveía una reducción paulatina de las ayudas en un 25% en 2013; un 40% a finales de 2015; en un 60% en 2016 y un 75% en 2017.

La industria minera que en la actualidad ocupa unos 5.400 trabajadores directos y unos 30.000 puestos indirectos se ha visto reducida en 41.000 puestos de trabajo desde 1990 y se calcula que su reconversión ha supuesto 24.000 millones de euros. Estas medidas aceleran el desenlace que ya se decidió entonces: a cambio de generosas prejubilaciones a edades cada vez más bajas, los sindicatos y empresarios mineros estaban dispuestos a asistir una lenta eutanasia del sector.

La normativa de 2009 de apoyo al carbón nacional, calificado como sector energético estratégico, ha supuesto más de 400 millones de euros en subvenciones para quemar carbón español en las centrales eléctricas. Lo cierto, es que este carbón no puede garantizar la soberanía energética. Es de baja calidad, con 4.500 termias/tonelada frente a las 6.000 termias/tonelada del australiano, que es el estándar mundial. Es altamente contaminante y se sitúa como la tercera fuente de electricidad del mix energético, con una aportación del 8% respecto al 11,5% de potencia instalada, por detrás de la energía nuclear y de la energía eólica. Algo que no preocupaba, a los furibundos liberales cuando su coste, aun subvencionado, era inferior al de importación. De los 20 millones de toneladas que se extraían, se ha pasado a sacar alrededor de 8,5 millones. España importó en 2011, tras una significativa bajada de esta materia prima, 16.097.895 toneladas de países productores como Australia, Indonesia, Sudáfrica, Colombia y Rusia.

El estallido de protestas protagonizado por los mineros asturianos y leoneses, secundadas por otras cuencas, pareció apuntar en algún momento al desbordamiento de los aparatos sindicales con el empleo de métodos de acción directa e, incluso, a superar el estrecho marco de la mera vindicación socio-económica en una lucha con visos políticos, contemplada con simpatías por otros sectores. Sin embargo, a la hora de la verdad, tras la “marcha del carbón” de los mineros sobre Madrid, todo acabó en cuatro escaramuzas con los antidisturbios y su desmovilización y el fin de los encierros que mantenían, cómo no, a manos de los grandes sindicatos, CCOO y UGT, y entre los efusivos abrazos con los diputados del PSOE.

La soberanía energética como exigencia de la Nación

Inmersos en la dinámica de la aniquilación de España y su colonización, de la eliminación sistemática del más mínimo resquicio de autonomía, la alternativa global del PNR impone el avance en la búsqueda de la suficiencia energética en pos de nuestra potencia económica, como garantía de nuestra independencia nacional. Lo cual nos obliga a afirmar con rotundidad que, en este momento, esta necesidad sólo puede cubrirse con el recurso estratégico a la energía nuclear, más allá de las argumentaciones coyunturales de carácter economicista a favor de las nucleares. Por supuesto en condiciones óptimas de seguridad y protección del medio ambiente que deje de lado el criterio de maximización del beneficio capitalista.

La energía es la base del desarrollo de la Nación y es condición indispensable para su seguridad e independencia. Nuestra propuesta trasciende la mera comparación de los costes del sistema mixto o la salvación de determinadas regiones o colectivos. Sólo encuadrando todo el sector energético en el marco de la dimensión Nacional y transfiriéndolo sin ningún tipo de compensación a la propiedad pública estatal, se podrá gestionar al margen de las actuales soluciones de rentabilidad inmediata de los oligopolios y los chanchullos entreverados de la partitocracia borbónica. Únicamente así, sus beneficios repercutirán realmente en el conjunto de la Nación y su tejido productivo.