Tienen razón quienes hablan de “Ex-paña” desde hace tiempo. Las reformas del Estatuto catalán, el valenciano y el andaluz, así como todas las que se proyecta aprobar, dan la puntilla, de rondón, a los débiles resortes unitarios que contempla el ordenamiento legal vigente. Pero esta dinámica centrífuga no resulta de violentar ese orden, que algunos piensan que podría ser restituido a algún momento anterior, sino que es consustancial al mismo: la estructura del estado autonómico que corona el Borbón es dinámica, no estática. El proceso autonómico que se inauguró bajo el lema de “café para todos” hace 30 años desemboca de modo inexorable, jalón tras jalón, en la actual monarquía confederal de estados autonómicos, algunos de los cuales son, además, enclaves etno-lingüísticos antiespañoles. Al contrario de lo que opinan algunos, la irrupción de la crisis económica no interrumpe este curso disgregador que, en los últimos tiempos, empuja el gobierno de Rodríguez Zapatero con la colaboración del PP, sino que lo acelera vertiginosamente.

El régimen vigente presenta estructuralmente tres componentes activos que coadyuvan de modo permanente en la disolución nacional de España:

La Corona

Juan Carlos I, en su calidad de sucesor del cabeza del “Movimiento Nacional”, ex officio, estaba investido de atribuciones exorbitantes que incluían el poder constituyente y la jefatura efectiva de las fuerzas armadas y los servicios secretos. No hay nada desde, al menos 1975, que no se haya hecho sin su consentimiento. Como en todo, ejerció un liderazgo omnímodo en la configuración político-territorial de España como Estado de las Autonomías, sellándose un pacto de la Corona con los separatismos de Cataluña y Vascongadas: reconocimiento y consolidación de la institución monárquica a cambio de autonomía para esas regiones, denominadas por el régimen naciente como “nacionalidades”.

Actualmente, el rey sigue ejerciendo una imponente capacidad de influencia que va más allá del papel que se reserva a esta figura en una monarquía parlamentaria. Sus silencios oficiales no responden al institucional papel arbitral del monarca parlamentario que “reina pero no gobierna”. Son un asentimiento tácito que admite desde la jefatura del Estado la conformación de España en una realidad política plurinacional, integrada por para-estados vinculados por el nexo exclusivo de la Corona. Oficiosamente, a la luz de sus comentarios “off the record”, trasciende, entre otros, que por su apoyo al “proceso de paz” con ETA o sus pasados elogios a Zapatero, anima la línea plurinacional. Se arroga la encarnación de la unidad nacional, de modo que paraliza a muchos compatriotas en la ilusión de que es el valladar frente al separatismo.

El Estado Autonómico, mecanismo de dislocación nacional y de reproducción partitocrática

El modelo de distribución territorial del poder dispuesto por el ordenamiento de 1978 se apoyó en la coartada de satisfacer las ansias autonomistas de las “nacionalidades históricas” y de las regiones cuya diversidad cultural se decía laminada por el centralismo opresor del régimen anterior. El estado autonómico es una rara avis: no responde a la lógica federal de distribución equitativa de recursos y a un riguroso listado de distribución de competencias. Tampoco a la estructura centralizada del estado unitario. Desde el principio, contempló distintas velocidades de autonomía y un consecuente reparto desigual de competencias. Es un tertium genius, limitado en su alumbramiento por la correlación de fuerzas y que, paulatinamente, despliega sus efectos confederales.

El estado de las autonomías siempre se ha concebido como inserto en un proceso, no como un modelo acabado: el artículo 150.2 de la Constitución permite la transferencia de una parte sustancial de competencias estatales y el consiguiente acaparamiento de recursos económicos. Los estatutos de autonomía, meras leyes orgánicas, completan el sistema de vaciamiento competencial del Estado e incluso, como se puede comprobar por los estatutos de Cataluña y Andalucía, operan como mecanismos de revisión constitucional: introducen soberanamente nuevas “naciones” como la catalana y la andaluza. Además, en ruptura con el principio de unidad, contemplan tribunales de justicia y agencias tributarias propias, bilateralidad, etc.

La autonomía política de que gozan las comunidades se traduce en capacidad de legislar. Ello hace indispensable parlamentos y ejecutivos en cada una de las comunidades, además de sus correspondientes administraciones. Tanto los partidos estatales, PSOE y el PP, como los de ámbito periférico encuentran un formidable artilugio para reproducirse a nivel autonómico y tejer sus redes de clientelas, así como para procurar a sus aparatos los más fastuosos privilegios.

Paradójicamente, quienes hoy impulsan la vía de la “nación de naciones” son los dos partidos supuestamente nacionales españoles; pero ello mismo les precipita en la charca del nacionalismo étnico, y debilita sus lazos con el centro matriz. Es cada vez más habitual que las representaciones regionales de estos partidos se mimeticen con las formaciones nacionalistas de su entorno, o que defiendan posiciones alternativas, cuando no opuestas, a las que mantiene su mismo partido en otra región e incluso a nivel estatal. En la práctica, a un modelo confederal de territorios sigue un modelo confederal de partidos.

ETA

El separatismo armado de ETA sirvió también de justificación para la adopción de las autonomías en la medida que la banda armada y su base social pudieran ver colmadas parte de sus reivindicaciones en el nuevo marco autonómico.

La organización criminal, infiltrada desde hace décadas por los servicios secretos del régimen, desempeña un papel fundamental en la imposición continua del debate independentista: su violencia resulta funcional a la conocida fórmula del “árbol y las nueces”, cuyos beneficiarios se extienden más allá de Vascongadas; sus atentados y coacción son instrumento de limpieza étnica y desistimiento de compatriotas.

En los últimos tiempos actúa como una sofisticada herramienta demoscópica que ofrece réditos a los partidarios de la “paz” y práctica el asesinato selectivo en vísperas de elecciones: el asesinato de Isaías Carrasco, militante del PSE, ayudó a ganar las pasadas elecciones a ZP al propiciar la movilización de votantes.

Crisis económica, tiempo confederal

El gobierno socialista surgido del 11-M estaba encargado de imprimir un brutal impulso a la confederalización del régimen. Es la fase final de su configuración como monarquía multinacional, prevista desde sus inicios. La punta de lanza de esta acometida: el Estatuto de Cataluña y el “proceso de paz” con ETA. El Estatuto comenzó a desplegar de modo implacable sus consecuencias, mientras a fecha de hoy, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado todavía sobre su constitucionalidad. El “proceso” quedó, aparentemente, suspendido porque ETA pidió más de lo que Zapatero le ofrecía (un Estatuto similar al catalán), en un momento que Zapatero se veía contestado por un amplio movimiento de resistencia en la calle.

El Partido Nacional Republicano afirma que la segunda legislatura de Zapatero debe propinar nuevos empujones a la demolición de la nación española. En una posición contraria, algunos analistas opinaron que la irrupción de la crisis económica aplazaría estas cuestiones. Más tarde, un gran estruendo mediático llegó a considerar clausurados los “devaneos confederales” de ZP, tras el “triunfo constitucionalista” en el País Vasco y la victoria del PP en Galicia. ¡España ya no se rompe!

Ahora vemos que la crisis económica, lejos de postergar este proceso, lo embala. En primer lugar, se inscribe en la lógica general del régimen. En segundo lugar, sin la alianza con el nacionalismo antiespañol más radical, ZP, castigado por la crisis económica, no puede aspirar a seguir en el machito.

Así, se ha dado un paso más en la confederalizacion del régimen a través de un nuevo modelo de financiación autonómica, que da alas a las micro-naciones emergentes de los escombros de España. Ya no estamos en algo que se parezca a una nación. Todo va a discurrir mediante la firma de acuerdos bilaterales. El nuevo modelo de financiación amplía sustancialmente el margen de “corresponsabilidad fiscal” de las autonomías. Y de los impuestos que aún queden en manos estatales resulta que parte de los mismos se destinarán a diversos “fondos” –cooperación, suficiencia, competitividad, etc.– que revertirán de nuevo en las autonomías para saldar su voracidad de gasto no cubierta con su propio expolio fiscal.

En el momento actual, este proyecto global es gestionado por el PSOE y se ajusta a sus intereses específicos, ante todo en beneficio de sus graneros electorales. De los 11.000 millones con que se ha dotado adicionalmente el modelo, Cataluña recibirá 3.855 millones de forma progresiva hasta 2012, y su nivel de recursos per cápita quedará cinco puntos por encima de la media. Andalucía es la otra gran beneficiada en el nuevo reparto. Así, se llevará 1.795 millones del fondo adicional. De este modo, ambas autonomías concentran casi el 50,8% de los nuevos fondos.

Reorientaciones

Sólo ha cambiado una cosa: que el PP, que ya había metido sus patitas en ese proceso (políticas de inmersión lingüística en Galicia y Baleares, “realidad nacional andaluza”, cláusula de arrastre del Estatuto valenciano…) se ha zambullido completamente en el mismo. Mariano Rajoy ha mostrado su acuerdo con la deriva territorial de Zapatero y ha dicho que éste había rectificado en la política antiterrorista. Por su parte, para gobernar, lanza los tejos a CiU e incluso al PNV.

Respecto al posicionamiento del PP sobre el nuevo modelo de financiación, algunos de sus voceros manifestaron inicialmente una oposición “rotunda”. Pero al final Rajoy ha impuesto la consigna de abstención, con lo que el modelo ha sido aprobado sin ningún voto en contra.

Momento actual de la confederalización

En Cataluña y Baleares, el PSOE continúa apoyándose en sus aliados nacionalistas antiespañoles para radicalizar la marginación lingüística del español. En Cataluña, punto más avanzado del proceso, se ha promulgado una ley de Educación que erradica completamente al español de la enseñanza y se ha culminado con éxito el pacto bilateral de la financiación con “el Estado” en desarrollo de las previsiones del Estatut.

En Galicia, la victoria del PP ha abierto el camino a la aprobación de un nuevo estatuto, que el anterior bipartito no se atrevió a lanzar por el coste político que suponía. La presidenta popular del nuevo parlamento ha anunciado que se retomarán los planes de elaboración de un nuevo texto que sustituya al anterior por un modelo calcado del Estatuto catalán, una vez bendecido por el Tribunal Constitucional. Los votos cosechados por el PP servirán para impulsar a un nuevo territorio en la dinámica confederal. Previamente, Feijóo está mareando la perdiz en la cuestión de la lengua, con embelecos de “bilingüismo amable”.

En Vascongadas, el gobierno de López, con el apoyo gratis total de PP y de UPyD, está a la espera de una clarificación en el seno del PNV que concentre el poder en manos de Urkullu. Entonces se reunirán las condiciones para impulsar una nueva edición maquillada del Plan Ibarreche, también a partir del modelo catalán, y para crear el órgano de coordinación con Navarra que dé satisfacción, aunque sea parcial, a las exigencias de territorialidad tradicionalmente defendidas por ETA (y que tienen base en la propia Constitución cuando reconoce en la disposición transitoria cuarta la incorporación de Navarra a Vascongadas). Se prepara también una normativa lingüística de “bilingüismo perfecto”, que hace obligatorio el aprendizaje del vascuence.

Sigue latente el “proceso de paz”. El pasado 1 de abril el presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, dijo que «en un tiempo adecuado, y un tiempo adecuado es un año o dos, habrá cambios importantes» en relación a la lucha contra ETA. Damos por descontado una segunda parte de la negociación con ETA, esta vez con la más que probable connivencia del PP de Basagoiti y sobre la base de las concesiones que Eguiguren y López tienen pensado hacer a la “izquierda abertzale”, cuya presencia en las europeas ha sido legalizada. Otro paso ha sido la aproximación de presos etarras al País Vasco con el aplauso de Federico Trillo y la anuencia del resto de su partido. Y sigue vigente el permiso parlamentario otorgado a Zapatero para dialogar con ETA.

Naturalmente, si ha de haber negociaciones, tiene que haber previamente atentados: no sería necesario negociar con ETA si ya no fuese capaz de matar. Y ha de haber detenciones. Desde hace tiempo Rubalcaba nos anuncia cada dos por tres la captura de un nuevo jefe de ETA, cada vez más sanguinario. Pero el gobierno no ha desmentido hasta el momento el que esté bajo su protección el etarra Josu Ternera. Lo de ETA es fundamental para Zapatero. Conforme avanza la crisis económica, quizá la baza principal de ZP se vaya reduciendo cada vez más a la “pazzz”. ETA no puede ser derrotada… ha de acabar todo felizmente con un “final negociado”.