El juez Castro, quizá sea un magistrado honrado y esté dispuesto a llegar hasta donde le dejen en el caso Nóos. Para el corrupto juancarlismo no rige división de poderes alguna y, aún en el supuesto de que procese a la infanta Cristina, su causa será taponada por otra instancia judicial del régimen.

Por el momento, la devota y abnegada esposa del yernísimo cuenta con la asistencia de los poderes del estado para aliviar el «martirio» que el jefe de la casa real, Spottorno, dice padecer la Corona. Los ministerios de Hacienda, Justicia e Interior, la abogacía y el fiscal del Estado trabajan en la defensa de la hija menor del rey. Por eso, el presidente del ejecutivo, Mariano Rajoy, ha afirmado «estar convencido de que las cosas le irán bien» a la Borbón.

La infanta, llamada a declarar en calidad de imputada por el magistrado, tras los vaivenes de sus abogados, ha decidido no recurrir el auto judicial. Los peritos de Hacienda le han echado un capote con unas «facturas simuladas» cuyo carácter deducible han admitido, por lo que, en principio, permite exonerar a la infanta de delito fiscal que es por donde se le podría meter mano. Al parecer, habría gozado de un trato preferente por parte de los técnicos del fisco y es lo que el instructor del caso, Castro, ha tratado de dilucidar interrogando a éstos.

Es posible que, tras el 8 de febrero, fecha en la que la infanta se persone en los juzgados de Palma, todo quede en nada. Pero independientemente de esto, lo que se ha puesto en evidencia es que los poderes públicos del juancarlismo realizan una tenaz labor en la protección de la hija del monarca. Porque, como asevera Juan Carlos I, todos somos iguales ante la ley, ¿no?