A instancias del propio régimen juancarlista o con su permiso, se representan actos que tratan de escenificar el fin de la Nación. El último de ellos se celebró el pasado día 11 de septiembre en las calles de Barcelona con ocasión de la “Diada”. Con cuidada escenografía, preparada con antelación y apoyada institucionalmente por la “Generalitat”, una manifestación reclamó la independencia para Cataluña. Una premeditada exhibición de fuerza con la que Artur Mas pretendía hacer valer en Madrid el pacto fiscal, a todo o nada. El objetivo de fondo, más que el aparente, la convocatoria anticipada de elecciones a modo de plebiscito secesionista, con mandato adosado del “Parlament” para impulsar una consulta de autodeterminación en la próxima legislatura.

Algunos plumillas, académicos y tertulianos del régimen se han apresurado en decretar un punto de no retorno tras el evento separatista, un hito que anuncia la inevitable ruptura de Cataluña con España a través de un proceso amigable, presidido por un amable diálogo “bilateral”, culminado, quizá, con un cordial referendo de autodeterminación en una soleada mañana de domingo.

Este es un jalón más junto a la reforma del “Estatut” y el anuncio del “fin de la violencia” etarra de hace ya un año, momento en el que quedó expedita nuestra demolición nacional por vías “pacíficas”, en la hoja de ruta confederal del régimen. Proceso disolvente que, como era previsible, converge con una crisis económica sin precedentes.

Los orígenes del mito

El juancarlismo sustenta uno de sus principios fundadores en el reconocimiento de la legitimidad de los nacionalismos antiespañoles. De acuerdo con su mito fundacional, la Transición consiguió incorporar las “nacionalidades históricas” al incipiente proyecto político de la monarquía restaurada. En su andar institucional se bendijeron los organismos autonómicos surgidos durante la Segunda República y la Guerra Civil. Todo ello pretendía, según el relato oficial, integrar en la España postfranquista a quienes no se sentían españoles.

En su Constitución, la vigente, se empotraba el artefacto autonómico como realización de sus “derechos históricos” en el autogobierno y compensación de agravios. La oligarquía de la monarquía pactó con unas burguesías regionales convertidas al nacionalismo “moderado” para apuntalar la hegemonía del gran capital de los oligopolios y las finanzas. Y estas burguesías periféricas supieron aprovechar la presión sanguinaria del nacionalismo “violento” como palanca a su servicio parapetadas por “hechos diferenciales” en sus cotos particulares, las autonomías trazadas sobre un mapa etno-lingüístico. Plataformas privilegiadas donde ejercer su poder, tejer su red clientelar, reclamar el traspaso inagotable de competencias estatales, la reeducación de amplias capas de la sociedad en los valores identitarios antiespañoles y la persecución sañuda de lo español, a la vez que se permitían el mantenimiento de un mercado cautivo sobre el conjunto de España y su expolio fiscal mediante cupos forales y privilegios hacendísticos.

Nacionalistas, soberanistas, independentistas, separatistas

Hoy, algunos ingenuos caen en la cuenta de que a los nacionalismos antiespañoles no se les puede saciar. Que el argumento de la Transición es una mentira. Después de treinta y cuatro años de Constitución juancarlista y proceso autonómico, prosiguen con sus chulescas exigencias. ¡Qué sorpresa! Ahora el pacto fiscal o la independencia. Pero con ventaja, encumbrados en para-estados construidos pacientemente en sus comunidades autónomas, con poblaciones ganadas a un nuevo sentimiento nacional.

Hablar de la súbita transformación del nacionalismo catalán y vasco “democrático y moderado” al soberanismo e independentismo no es más que un ejercicio de cinismo en medio de la confusión introducida durante decenios por el juancarlismo para embellecer el separatismo reaccionario de entraña racista y clerical. Para el PNR las organizaciones se definen, entre otros rasgos, por su programa operativo: CiU no ha traspasado repentinamente la línea de la moderación al radicalismo independentista empujada por la ambición y el aventurerismo de Artur Mas. Entre los objetivos declarados de esta formación siempre ha estado presente la construcción nacional de Cataluña y la demanda de estatalidad propia.

Nación contra nación

Es en este momento, en medio de esta catástrofe de orden nacional, económica y moral en la que nos ha sumido el juancarlismo cuando cobra más validez si cabe la afirmación del PNR de que el principal dilema que existe en España es el que contrapone nuestra Nación a estos proyectos nacionalistas fraccionarios y destructores de su integridad. Porque la Nación española es antagónica de las supuestas naciones catalana, vasca, etc. No cabe reconciliación con los proyectos nacionales de los partidos antiespañoles. Y no es un conflicto que pueda solucionarse mediante el debate o el consenso en el seno de un pueblo, a través de elecciones. Para empezar, aquí hay varios aspirantes a erigir sus estatalidades y pueblos soberanos a costa de la soberanía nacional-popular española y de su territorialidad. Puro pillaje ante el que sólo cabe la máxima de la política: la distinción entre amigo y enemigo.

Durante más de tres décadas, el régimen juancarlista ha escondido esta realidad en detrimento del proyecto nacional español. Ha otorgado carta de naturaleza a nacionalismos antagónicos en aras de su propia supervivencia. Ha acometido una demoledora tarea de desnacionalización de las masas de españoles en sintonía con esos nacionalistas antiespañoles quienes al tiempo desarrollaban una frenética labor de “national building”, de nacionalización de tantos y tantos españoles nacidos o residentes en los territorios que controlaban. Mientras la España-nación se iba diluyendo, se creaban una Cataluña-nación o una Euskadi-nación en el imaginario colectivo de todos los españoles. España era promocionada por el propio régimen como nación de naciones o como mero Estado contenedor de “nacionalidades” sobre la base del estado autonómico.

Sin violencia, ¿todo vale?

Una parte de la oligarquía del juancarlismo aún pena su pasado franquista y su pacto en la Transición que le aseguró sus privilegios sociales y económicos. Es esa derecha vergonzante, incapaz, que sólo se ha atrevido a blandir banderas españolas en las manifestaciones de las víctimas de ETA. La otra parte de la oligarquía juancarlista, la arribista, la que se empotró en las élites con el pacto de la Transición siempre se ha mostrado comprensiva con el independentismo antiespañol. Ambas traicionaron el proyecto nacional español, si acaso alguna vez lo tuvieron. Pactaron y ampararon al nacionalismo “democrático” del PNV y CiU. Hicieron frente al nacionalismo “violento” en nombre de la democracia, concebida como mera ausencia de violencia, y de los inalienables derechos del individuo. Nunca en nombre de España y de los españoles.

Ahora que el nacionalismo “violento” entra en vías de desaparición tras el paripé del “proceso de paz” entre la banda etarra y el régimen, nada tiene la oligarquía juancarlista que oponer a los nacionalistas que proyectan disolver España de “manera pacífica”, mediante consultas soberanas. Ni siquiera el rey, aunque sea por guardar la apariencia de cara a la galería en su papel de “símbolo de permanencia y unidad del Estado”, ha querido apelar a la nación española en su reciente cibercarta.

¿Fuerzas en liza?

Por esta razón, en el debate mediático actual se sigue sin contraponer la nación española al antagonismo vital con los proyectos nacionales de Catalunya o Euskadi. Por eso sólo se oye de las consecuencias legales y económicas de la secesión. La derecha mediática se atrinchera en la Constitución de 1978, mero papel mojado tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el “Estatut”. Argumenta que no hay posibilidad jurídica para la independencia. Advierte que la república catalana sería un estado paria que quedaría fuera de la Unión Europea. La izquierda mediática, por su parte, siempre en empatía con el nacionalismo antiespañol, arguye el supuesto respaldo social del independentismo para admitir la posibilidad de referendos de autodeterminación y de la secesión pacífica y amistosa de Cataluña.

En cualquier caso, los discursos antiespañoles han calado profundamente en todas partes: se reconoce a un supuesto pueblo catalán como sujeto soberano para decidir sobre su independencia. Lo mismo que a diestra y siniestra se ha asumido como propia la labor de inmersión lingüística: en las comunidades con el PP en el gobierno, caso de Galicia y Mallorca, no se han quedado a la zaga de CIU para erradicar, como hiciera el PSC, el español en nombre de la “lengua propia”. Cuando no, la población española da muestras de fatiga y desistimiento. ¡Qué se vayan de una vez!

El debate político, tampoco va más allá. El PP, apela «a las cosas que verdaderamente importan a los ciudadanos» para ningunear el envite separatista y amenaza a Mas con pleitos de leguleyos para disuadirle. Por su lado, el PSOE en un figurado arranque de españolismo declara que si Mas quiere romper con España les tendrá enfrente.

Sin embargo, en su impostura, el PSOE maniobra con el “estado federal” postulado como solución de concordia para el supuesto enfrentamiento entre el inmovilismo cavernícola de la derecha centralista y el catalanismo irredento. Cuando en el PSOE se habla de estado federal, realmente, se quiere decir confederal, un modelo de estado acomodado al “encaje” soberano de Cataluña y País Vasco. No en vano, el PSOE opera como la fuerza que, mejor que ninguna otra, articula al régimen política e ideológicamente. Su cometido es culminar las previsiones constitucionales de 1978: una monarquía confederal conformada por “nacionalidades” dotadas de estatalidad propia. El mismo Rubalcaba redactó la reforma del Estatut que reconoce a la “nación catalana”. El PSC es abiertamente catalanista y apoya el soberanismo. Como soberanista es el PSE-EE en Vascongadas y el PSdeG, en Galicia. De su detritus marxista-leninista aún colea «el principio de libre autodeterminación de las nacionalidades oprimidas».

La crisis, catalizador confederal

La actualidad presenta un elemento novedoso, no presente desde 1978: una crisis económica de proporciones devastadoras. Entre muchos catalanes se abre paso el convencimiento de que su salida de la crisis pasa por la independencia. El fantasma del separatismo se ha alimentado de este argumento. Una discurso victimista que dice estar harto de pedir en Madrid lo que les pertenecería por derecho propio y de ser expoliados en las barras de los bares por bigardos andaluces y extremeños suscritos al PER, según balanzas fiscales inoculadas en el imaginario colectivo por la oligarquía catalana del juancarlismo.

Artur Mas ha aspirado a encauzar este “impulso social” en la obtención de más privilegios fiscales y económicos. En eso consiste su propuesta de pacto fiscal. Conseguir el estatus foral de las comunidades autónomas vasca y navarra, un régimen anacrónico de privilegios fiscales. La consecuencia inevitable sería la apertura, de nuevo, del melón de la financiación del Estado autonómico. Y lo que lo hace especialmente conflictivo es la situación del reinito de Expaña, al borde de la bancarrota.

El vigente acuerdo de financiación pretendió complacer a todas las comunidades a base de endeudamiento, con especiales dádivas para los graneros de votos del PSOE: Andalucía y Cataluña. Ahora, que esto ya no es posible y que las autonomías se ponen una tras otra a la cola del rescate, se va a exacerbar la disputa por el magro pastel. Más dinero para Cataluña significa menos para Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía. El «café para todos» se acabó porque no hay siquiera para café de recuelo ni sucedáneo de achicoria. Pero ya lo ha advertido el presidente de Galicia, Núñez Feijóo, las “nacionalidades históricas”, Cataluña, País Vasco y Galicia, son las que conforman el núcleo autonómico y son intocables, canónicas. Se trata de volver a la concepción primigenia de la Constitución para poner fin a las comparaciones odiosas con los barandas sin el pedigrí de “nacionalidades” mediante la asimetría, el trato preferencial y especial que siempre ha reclamado Cataluña.

La crisis económica es el acicate de esta situación. Como en el resto de España, en Cataluña el poder está eficazmente controlado por la oligarquía regional del juancarlismo. Es evidente que no va a secundar, en principio, ningún proyecto independentista que tenga como ejemplo los Balcanes (declaración unilateral, enfrentamiento armado, etc.). Ponen a su servicio a los miles de separatistas que se manifestaron en las calles de Barcelona para pisar el acelerador en la hoja de ruta confederal del régimen: nada de proclamas independentistas a la tremenda, sino el reconocimiento al “derecho a decidir” y a constituir soberanamente un “estado libremente asociado” al reinito de Expaña desde el que puedan machacar a los trabajadores con sus propias manos, mamar lo que quede todavía en las ubres del denostado estado español y, apalancados a él, desembarcar en Eurolandia sin armar ruido.

Reconstruir, reconquistar

El PNR da por perdida España. No hay nada que podamos hacer por evitarlo porque nuestra Nación ha sido desmantelada ya por el juancarlismo. Este régimen ha impuesto nuestra fragmentación a través del estado de las autonomías, un artilugio de gasto incontrolado, despilfarro y corrupción de la partitocracia borbónica cuyo mantenimiento es insostenible y que propicia una dinámica centrífuga imparable, pronunciada especialmente en aquellos enclaves antiespañoles, con importantes sectores de población ganados a su causa, que han sido concedidos como feudos de vasallaje a las burguesías catalanas y vascas y a los que, incluso, se ha reconocido estatus de “nación” en un paso más hacia la configuración confederal de la monarquía juancarlista.

Al servicio de los intereses del gran capital, el régimen nos ha conducido a la ruina económica absoluta y nos ha convertido en una colonia del imperialismo alemán cuya ejecutoria disgregadora (partición de Checoslovaquia y de Yugoslavia, Kosovo, etc.) alienta a unos separatistas que no ocultan sus anhelos, condesados en lemas como «Cataluña, nuevo Estado de Europa». Eurolandia, lejos de representar la realidad supranacional que nos han vendido, superadora de conflictos territoriales centro-periferia de sus estados miembros, es la luminaria imperialista de todos los movimientos secesionistas de Europa.

La debilidad manifiesta del paciente español no se reduce a su situación precaria al filo del rescate, sino que queda patente de forma simbólica desde el Peñón de Gibraltar a los peñascos que emergen sobre el mar frente a Marruecos: el hostigamiento de los llanitos sobre las aguas de jurisdicción española y los desembarcos de los súbditos del sultán en las rocas son sintomáticos de una profunda enfermedad. Es sólo el preámbulo que anuncia la debacle en la que estamos inmersos, en la que tanto los enemigos externos de España como los internos aprovechan toda flaqueza para campar entre los escombros. Es el turno del separatismo catalán y vasco.

A diferencia de otros países europeos, en España la principal contradicción no se reduce a la contraposición entre capitalismo oligopolista y mundo del trabajo, sino que prima la nacional: la Nación española, a la que internamente se contraponen naciones emergentes. Es el resultado del inacabado y deficiente proceso de construcción de la Nación española bajo diversos esquemas periclitados en el pasado y la reciente acción de minado de un régimen antinacional.

Dar por válido este diagnóstico, que algunos podrían calificar de pesimista y desmoralizador, permite clarificar posiciones. En primer lugar, la principal tarea del PNR, como partido nacionalista español, es la reconstrucción y reconquista de España. Nuestro Programa propugna la refundación de España en una República española unitaria, democrática y socialista frente a la monarquía confederal borbónica al servicio de la hegemonía del gran capital y vasalla del Euro-Reich. Consecuentemente, preconizamos la defenestración del régimen juancarlista y la abolición del estado de las autonomías.

El PNR es consciente del enorme sacrificio que exigirá el acabamiento del proceso de construcción nacional de España a quienes todavía tengan voluntad de ser españoles. Es un combate de largo aliento para el que brindamos a nuestros compatriotas un puesto en nuestro Partido. 

La República que instauremos deberá impulsar un ambicioso proceso de re-nacionalización de todos los españoles. Un esfuerzo que deberá prolongarse a lo largo de varias generaciones. En todo caso, no se obligará a nadie a ser ciudadano español. Quien no quiera serlo, deberá conformarse con estatus de residente. Pero bajo ningún concepto se permitirá la constitución de partidos y asociaciones antiespañolas y se proscribirá a los actuales partidos nacionalistas del juancarlismo.

Desde este momento, denunciamos toda convocatoria de referendos y consultas, celebrados con o sin el consentimiento del régimen, que tengan por objeto el reconocimiento de toda nación que no sea la española o el “derecho a decidir”. Asimismo, llamamos al boicot de todos los comicios autonómicos convocados mediante la abstención activa. Abona este posicionamiento una cuestión de principios, nuestro antiparlamentarismo. Pero a la sazón, además, por el marcado carácter antiespañol que se quiere imprimir a las elecciones catalanas y vascas.