Emilio Botín, presidente del Banco Santander pertenece a una vieja estirpe de la oligarquía española, que es la mayor accionista de dicha entidad financiera. Este banquero encabezó a la “élite empresarial” que acudió a la Moncloa convocada por Zapatero en noviembre de 2010 y marzo de 2011. Fue entonces cuando afirmó, parafraseando al Rey Sol, «yo soy los mercados».

En 1936, su padre decidió poner a buen recaudo una fortuna familiar en Suiza. Y desde entonces fue un secreto de familia. El Estado no supo de su existencia hasta que una denuncia de las autoridades francesas advirtió de una lista de contribuyentes expañoles que guardaban más de 6.000 millones de euros en Suiza. Por alguna razón, tanto él como su hermano Jaime y los vástagos respectivos olvidaron tributar los impuestos correspondientes de aquel tesoro secreto entre 2005 y 2009. Su regularización les supuso tener que pagar unos 200 millones de euros. La defraudación previa, hasta estos años, les salió gratis pues había prescrito. Pese a esto, la Agencia Tributaria lo ha denunciado ante la Audiencia Nacional. Ya en ocasiones pasadas ha salido absuelto ante los tribunales. No como otros banqueros: Alfredo Sáenz fue condenado por el Tribunal Supremo por estafa procesal cuando era empleado suyo al frente del Banesto; Emilio Ybarra resultó condenado por apropiación indebida cuando dirigía el BBVA.

Los Botín no eran los únicos con su tesoro en Suiza, formaban parte de una lista con tres mil nombres, a quienes la Agencia Tributaria les propuso regularizar voluntariamente su situación fiscal. Esta decisión fue denunciada por los inspectores y técnicos de Hacienda como un «escandaloso trato de favor» y recordaron lo ocurrido con el caso similar de “cuentas opacas” en Liechtenstein, saldado con la regularización voluntaria de sólo el 20% de lo defraudado. A esa oferta de amnistía fiscal no se acogió ni un solo titular. La posterior investigación tributaria a 659 contribuyentes se saldó con el ingreso de 261 millones de euros en concepto de tributos debidos, 200 de ellos correspondían a los Botín. La reacción de las “grandes fortunas” ha sido recolocar sus tesoros, que se calculan en unos 100.000 millones de euros, en otros paraísos fiscales.

¿Sobran funcionarios?

La denuncia a los Botín de la Agencia Tributaria se fundamenta en que la documentación aportada es tan prolija que no puede investigarla antes de que prescriba también este delito fiscal. Es la constatación de la incapacidad del Estado por castigar la galopante defraudación, expresamente reconocida en la última memoria de la Fiscalía General. Las razones suelen limitarse a la ausencia de medios humanos y materiales. Así, mientras que en la Agencia Tributaria trabajan 27.800 empleados, en el organismo equivalente francés lo hacen 150.000 y en el británico 140.000. Concretando, el 25% de la plantilla de inspectores de Hacienda está en excedencia y en 2010 se jubilaron más de los que entraron nuevos. La ineficacia recaudatoria del sistema tributario español es tal que Grecia recauda cinco puntos más de PIB. Es una impresión generalizada entre los expañoles: el 60% opina que existen colectivos que defraudan de forma habitual y continuada. Ahora bien, esta falta de medios tiene una única y lógica explicación: la voluntad por parte de la clase política de que esto sea así. Y es que clase política y oligarquía socio-económica no son más que las dos caras de la misma moneda. Otro dato, desde 2008 nadie paga el Impuesto sobre el Patrimonio pese a que no está suprimido: simplemente está “suspendido”. Como consecuencia se han dejado de recaudar unos 6.000 millones de euros a las “grandes fortunas”.

Es evidente que desde el punto de vista de los intereses de la Nación no sólo no sobran sino que faltan inspectores de Hacienda y funcionarios en la Agencia Tributaria. Pero aprovechando la crisis económica, los portavoces mediáticos de la oligarquía juancarlista han lanzado una ofensiva centrada en dos ejes: la necesidad de «reformas estructurales» y la «racionalización del sector público». En realidad quieren decir: abaratamiento de los costes laborales de los asalariados y despido de empleados públicos. Argumentan que son imprescindibles para la recuperación económica. La primera ha encontrado el respaldo en todas las fracciones del régimen. La segunda es esgrimida especialmente por la fracción liberal-conservadora.

¿Sobran funcionarios? La tasa de empleados públicos en España es del 12,5% mientras que en Francia es del 21% o en Reino Unido del 19%. Además, el 43% de los funcionarios españoles y del personal laboral trabaja en Sanidad o Educación. Si se añade los que lo hacen en los cuerpos y fuerzas de seguridad y en la Justicia, el porcentaje sube al 50,3%. ¿Es que sobran médicos, profesores, policías, jueces o inspectores de hacienda? Evidentemente no. ¿Qué pretenden, pues, los voceros de esta oligarquía? Sencillo, el debilitamiento del Estado, el ahondamiento en su incapacidad para articular a la Nación, para defender a la inmensa mayoría de españoles constituida por los trabajadores asalariados, los trabajadores autónomos y la pequeña burguesía frente a la voraz depredación de los grandes propietarios, de la “grandes fortunas”, de la alta burguesía.

Alta burguesía

La alta burguesía financiera, industrial, agraria, comercial y de otros servicios detenta la hegemonía social bajo el vigente régimen político, sea cual fuere el color del gobierno. Debemos insistir que en el mundo actual la hegemonía es detentada por clases económicas. Y más concretamente, por una de ellas.

De acuerdo con la lista Forbes hay quince españoles entre los multimillonarios del planeta: Ortega, Andic, Jove, Mera (ex mujer de Ortega), Roig, las Koplowitz, Pérez, Aristrain, Botín, Escarrer, Abelló, Cortina y Alcocer (condenados por el Tribunal Supremo por estafa). Se les supone un tesoro de 63.000 millones de euros.

A las reuniones de Zapatero con la élite empresarial acudieron algunos de éstos, junto con otros: Alierta (quien se libró de una condena por uso de información privilegiada por prescripción del delito), Echevarría, Lara, González, Fainé, Rato, Entrecanales, Del Pino, Del Rivero, Villar Mir, Sánchez Galán, Brufau, Prado (hijo del famoso administrador privado del rey Juan Carlos durante 20 años condenado en varias ocasiones), Bergareche, Gabarró, Hidalgo, Riu, Martínez, Lladó, Álvarez, Grifols, Aldecoa, Benjumea, etc. La facturación de las empresas que representaban equivale, aproximadamente, a la mitad del PIB español.

Las “grandes fortunas” utilizan las SICAV como su medio de inversión favorito. Oficialmente, en 2010 reunían un patrimonio de 26.015 millones de euros, lo que supuso un incremento del 1,63% respecto al año anterior. Las SICAV más importantes corresponden a Alicia Koplowitz, a la familia De Pino, a la ex mujer de Amancio Ortega y a la familia March. En la actualidad, las rentas del capital tributan al 19-21% mientras que las procedentes del trabajo lo hacen al 24-43%. En el caso de las SICAV, sus ganancias lo hacen al 1% hasta el momento en que sus propietarios deciden retirar su dinero, momento en que tributan como rentas del capital. Las SICAV, pese a necesitar un mínimo de 100 socios, en la práctica se utilizan exclusivamente para la gestión individual de carteras de los “grandes patrimonios”. Esto se consigue poniendo como socios a testaferros (o mariachis), figurantes de una pantomima.

Ante esta situación, la Agencia Tributaria inició en 2005 inspecciones que determinaron el fraude en la casi totalidad de las SICAV, exigiéndoles que tributaran mediante el impuesto de sociedades (entonces al 35%). La reacción de las Cortes fue inmediata: transfirió la competencia de control fiscal desde Hacienda a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Posteriormente, el Tribunal Económico Administrativo Central consideró esa modificación retroactiva y anuló, en consecuencia, todas las inspecciones. La CNMV se encarga de la supervisión de la bolsa y depende del Ministerio de Economía, siendo sus principales cargos designados por el Gobierno (su presidente actual, Julio Segura, fue miembro del comité central del PCE). Desde entonces, la CNMV no ha denunciado este fraude en la SICAV ni una sola vez.

Las 133 empresas que cotizan en la bolsa española comparten una telaraña de participaciones cruzadas, intereses compartidos y dueños comunes. Sus gestores conforman un club exclusivo y hermético, cuyos miembros son altos ejecutivos que ocupan puestos de responsabilidad en varios consejos de administración a la vez. Concretamente, 87 de ellos se sientan en más de un consejo (uno lo hace en cinco, tres en cuatro y dieciséis en tres). Los más pluriempleados son Echenique, los Bergareche, March, Serra Peris, Martínez-Conde, Loureda, Vallbona, Arregui, Basagoiti, Carceller, Nin, Blesa, Soto Serrano, Arena de la Mora, Medel, Gabarró, Fainé o Del Rivero. La Corporación Financiera Alba de la familia March tiene un porcentaje significativo en cinco empresas cotizadas, donde sienta a seis de sus trece consejeros.

En el extranjero la cosa es similar. En Francia, por ejemplo, un centenar de consejeros (el 22%) controla el 43% de las mayores empresas francesas, las que conforman el indicador bursátil CAC40. Por ejemplo, cuatro consejeros del banco BNP-Paribas ocupan un total de doce asientos de otros consejos. ¿Quién se puede creer, pues, la vigencia de ese mito del capitalismo que es la libre competencia? Y si tenemos en cuenta que muchos de estos gerifaltes proceden directamente de los gabinetes ministeriales, es toda una evidencia la indisoluble identificación entre clase política y oligarquía. Ahora, que no toda la clase política tiene el mismo estatus: existe también una jerarquización.

Circulación de las élites

La Transición consistió en una reforma pactada por la que la oligarquía del régimen franquista aceptó su reconversión mediante la incorporación de nuevos miembros. Se cumplía así la teoría sobre la circulación de las élites. Es público y notorio que la clase política –y especialmente su fracción dominante, el PPSOE– está trufada de hijos de jerarcas y burócratas del franquismo (Zapatero, Rubalcaba, Bono, Serrano, Barreda, Conde-Pumpido, Rajoy, Trillo-Figueroa, Ruiz-Gallardón, etc.) acompañados por otros, advenedizos, que han hecho carrera en sus respectivos partidos desde sus años de militancia juvenil. La vigente monarquía de los banqueros presenta así una clase dirigente reformulada, en la que coinciden los herederos de las viejas estirpes junto con los creadores de otras nuevas. Dos ex presidentes del Gobierno lo ilustran.

Felipe González, sin vínculos directos con el franquismo, es ahora mismo un “asesor” del hombre más rico del mundo, el mejicano Carlos Slim, y “embajador” del sultán de Marruecos. José María Aznar, hijo y nieto de prohombres del régimen anterior, es consejero de News Corporation –propiedad del multimillonario australiano Rupert Murdoch– entre otras. Más recientemente, González fichó como consejero de Gas Natural y Aznar hizo lo propio en Endesa. Un ejemplo de advenedizo: Javier de Paz pertenece al círculo íntimo de Zapatero. Ingresó en las Juventudes Socialistas con 15 años de la mano de su tío –dirigente ugetista– y para 1984 era secretario general de esa organización. Ahora se sienta en el consejo de administración de Telefónica y junto con su mujer, jefa de la secretaría de la esposa de Zapatero, se han integrado en los círculos de la oligarquía madrileña haciendo suyas algunas de sus costumbres más rancias: recientemente alquilaron el palacio de los duques de Pastrana para presentar en sociedad a una de sus hijas con ocasión de su mayoría de edad.

Dentro de la clase dirigente existe una clara distribución de las funciones. Las políticas, de acuerdo con la constitución vigente, son responsabilidad de los partidos. Este frente político aparece así como el único y legítimo representante de la voluntad democrática de la ciudadanía cuando en realidad no es más que una fracción de la clase dirigente del régimen juancarlista, ajena a todo lo que no sea la preservación de sus privilegios de clase a través de los tres poderes del Estado. Labor en la que se ven secundados por el llamado cuarto poder, controlado por los Cebrián, Polanco, Ramírez, Lara, Roures, Godó, Ybarra, Luca de Tena, Bergareche, Asensio… y Berlusconi.

Esta clase dirigente presenta una evidente jerarquización en sus diferentes ramas. Así, no ocupa el mismo escalafón un miembro de la oligarquía referida que un miembro de la burguesía local, como tampoco disfrutan del mismo estatus un miembro de la alta dirección del PPSOE que el presidente de una pequeña diputación provincial. Una jerarquización que encaja con la organización territorial del Estado. En la cúspide, además del Borbón y su fabulosa fortuna, se encuentra la alta burguesía y los políticos de ámbito nacional. En los escalafones intermedios, las burguesías regionales conviven con la clase política regional. Y al nivel inferior, los caciques coinciden con los políticos municipales, comarcales y provinciales.

Contra la monarquía de los banqueros, por el socialismo

Diversos sectores críticos de la sociedad española han hecho objetivo exclusivo de sus planteamientos reformistas o regeneracionistas a la partitocracia, obviando a la monarquía juancarlista y a la clase hegemónica que la sostiene. Como en el Antiguo Régimen, cuando la ira de los súbditos por el mal gobierno se limitaba a los validos, consejeros y demás cortesanos del monarca, salvando así a su augusta persona. Contribuyen, además, a la confusión refiriéndose a ella como la “casta política”.

Pero la clase política no es más que la pieza más pública y notoria de esta oligarquía. En realidad, la monarquía de la alta burguesía se apoya en el sistema partitocrático, en el gobierno antidemocrático de los partidos políticos del régimen, para hacer efectiva su hegemonía social y económica. En consecuencia, la impugnación de la partitocracia no es suficiente por sí misma: es necesario apuntar más certeramente, al corazón y al cerebro del régimen.

Se da –en las últimas semanas– otra deficiencia. Se corean y se exhiben consignas puntuales contra los ricos motivadas por la envidia y el resentimiento, manifestación de las miserias del rampante individualismo. Aparecen como la pataleta de los consumidores desplazados por la crisis; el berrinche de esa parte del magma societario privada de sus hábitos hedonistas. Algunos disfrazan de “justicia social” lo que no es más que la rabia del individuo fracasado.

Nuestra denuncia es completamente diferente: implica un posicionamiento desde el sujeto nacional, y no desde el individual. No entramos a valorar si ganan mucho o poco los ricos sino si lo hacen a costa de la Nación, defraudando al Estado, hundiendo a España. La dignidad de esta crítica frontal al régimen pasa por la defensa de un socialismo al servicio de los intereses de España. Como la imprescindible herramienta para garantizar la soberanía y la independencia de la Nación mediante la propiedad pública de los recursos estratégicos. Como el único método de organización económica que asegura la condición imprescindible de una democracia auténtica: la igualdad de oportunidades y la ausencia de abismales diferencias económicas entre los ciudadanos. Como la única forma de controlar por parte de la comunidad nacional el rumbo de la economía y no de sufrirlo. Como la única manera de dominar a la técnica, al imparable progreso tecnológico, para ponerla al servicio de la Nación.

Si la pretensión es que «la crisis la paguen los banqueros», habrá que obligarles a ello ya que no lo van a hacer por su propia voluntad.