Las propias encuestas oficiales de población activa han desenmascarado las mentiras de Zapatero y Corbacho. Tan sólo en el primer trimestre del presente año el desempleo ha crecido en España en 802.800 personas. Hay más de 4 millones de parados, lo que supone una tasa de desempleo del 17,3% y que desde marzo de 2008 casi 2 millones de personas han perdido su trabajo. Más de un millón de familias tienen todos sus miembros sin empleo.
De acuerdo con la secuencia que se desprende de esas cifras, avanzamos hacia el peor de los escenarios. La tasa de paro podría alcanzar el 22% a finales de este año, con unos 5 millones de desempleados. Y entre el 27% y el 30% a finales de 2010: cerca de 7 millones de parados, muchos de los cuales ya no percibirían ningún tipo de prestación o subsidio. En la actualidad, casi 1,5 millones carecen de estas prestaciones.
A esto nos han conducido la monarquía juancarlista y sus gobiernos del PP y el PSOE, todos ellos al servicio de la banca y los grandes capitales, ansiosos por incrustarnos en la Europa del Euro. Con la entrada en el euro, anulación de nuestra soberanía monetaria y años de inflación galopante. Reducción de nuestra industria a un segmento económico ínfimo y hundimiento de nuestra agricultura y ganadería, anestesiado durante un tiempo con los fondos de cohesión. “Prosperidad” basada en el ladrillo, que ha cubierto de oro a las constructoras e inmobiliarias, con barra libre en los bancos y cajas, a su vez amorrados al chorro crediticio del Banco Central Europeo. Mientras tanto, los trabajadores veían descender su participación en la renta nacional y la presión de la avalancha migratoria carcomía cada vez más sus salarios y condiciones laborales. Pero la fiesta se acabó y ahora rodamos por la pendiente de una depresión catastrófica.
Ninguna de las fracciones políticas del régimen sabe ni cuándo ni cómo saldremos de la crisis. Tienen una preocupación común: salvar los negocios del capital bancario y las cajas. A partir de ahí, cada uno deberá proteger su propio pesebre de cara a las elecciones. Zapatero, en nombre de la "cohesión social", cubre de millones a sus clientelas: los grandes sindicatos, la “nación catalana” y la “realidad nacional andaluza”, sus principales graneros de votos, los bufones y vividores del artisteo oficial... El PP, enfangado en la corrupción, se mimetiza en el paisaje zapaterino de la “nación de naciones”, esperando que la bancarrota económica le devuelva al gobierno. En IU, prosigue el “sálvese quien pueda”. UPyD vende bisutería reformista de la Constitución del 78 para embaucar a los votantes descontentos del PP. Y CCOO y UGT hacen caja a cambio de su labor de policía laboral del régimen.
Ante esta situación, “EL MUNDO” de Pedro J. Ramírez, uno de los pasteleros mayores del reino, reclama “que el Rey tome la iniciativa de convocar a Zapatero y Rajoy con el objetivo de fomentar un gran acuerdo para luchar contra la crisis. La situación es tan grave que requiere medidas que sólo podrían abordarse con el consenso del PSOE y el PP”. En efecto, crece el vocerío del gran capital exigiendo “reformas de estructuras” que precisan de unos nuevos y más draconianos Pactos de la Moncloa para dejar baldados a los trabajadores por todo un periodo histórico.
El Partido Nacional Republicano considera indispensables unas “reformas de estructura” de signo distinto. Para empezar, la soberanía monetaria, con el abandono del euro, y la quiebra del espinazo de la usura institucionalizada, mediante la socialización del sistema financiero, unificando todos los bancos y cajas en un Banco Nacional del Trabajo, con función de banco emisor. Asimismo, la socialización de los enclaves económicos estratégicos, ante todo los sectores de la energía, el motor y los grandes medios de transporte; carácter público integral de la sanidad y la educación. El sistema de las Autonomías debe ser abolido: es incompatible política, social y económicamente con cualquier proyecto de viabilidad de España. Gran esfuerzo de inversión e investigación en los sectores de fabricación de medios de producción y desarrollo de infraestructuras, como soportes de la potenciación del tejido industrial y de la modernización de la agricultura, cabaña y flota pesquera. Conversión en papel mojado de los cupos de producción suscritos en beneficio de otras naciones. Autonomía energética: recurso a la energía nuclear. Liquidación de la herencia histórica del paro, mediante la activación de toda la capacidad instalada hoy ociosa, grandes proyectos de infraestructuras, planes de repoblación forestal, etc. Lucha contra la inmigración ilegal y, dadas las actuales condiciones, reducción extrema del flujo migratorio legal. Crédito barato a las pymes. Cancelación de todos los acuerdos de “libre cambio internacional” y fin de las importaciones de choque.
Carecen ya de eco las “alternativas anticapitalistas internacionales”, que hablaban de socialismo en todas partes para no instaurarlo en ninguna. La Nación democrática es el único baluarte capaz de defender al pueblo trabajador frente a los embates del imperialismo. Y como el régimen del 78 ha reducido España a la condición de Estado residual, sólo caben dos salidas: o resignarnos a la extinción como pueblo y hundirnos en la pauperización masiva, o emprender nuestra refundación nacional. El PNR llama a seguir el segundo camino, que es el de configuración de nuestra Patria en República unitaria, democrática y justiciera, dando la espalda a todas las experiencias fracasadas que se han sucedido desde 1812.
Esta alternativa no podrá ser el resultado de elecciones europeas, ni de mociones de censura, ni de elecciones generales anticipadas, ni de gobiernos de concentración de quienes nos han llevado a la desnacionalización y a la ruina. Sólo puede venir de la ruptura con el vigente régimen mediante la movilización nacional-popular generalizada. Cada lucha parcial debería situarse desde hoy en esa perspectiva, como un riachuelo destinado a confluir con otros en la paralización de la actividad económica en los principales núcleos urbanos, ocupación de las calles, asedio a los centros institucionales del régimen y sedes de su partitocracia, emergencia de órganos que prefiguran un poder alternativo.
La lucha directa es el único camino.