El Partido Nacional Republicano preconiza para España una República unitaria y, en consonancia, la derogación del sistema autonómico. Así como la abolición de toda forma de régimen foral, conciertos y demás modalidades de privilegio territorial. Esta posición no presenta ninguna incompatibilidad con la descentralización administrativa, que no política. Tampoco implica un pretexto para desmantelar la esfera de lo público, tal y como pretende las corrientes liberales, sino la reordenación de la administraciones públicas, incluida la local. La mayor parte de las competencias actualmente ejercitadas por las comunidades autónomas deberán ser revertidas a la Administración General del Estado; el resto, transferidas a los entes locales. Entre ambas esferas administrativas serán redistribuidos los recursos humanos y materiales en manos hoy del despilfarro autonómico, procediéndose a su posterior racionalización bajo la nueva Administración.

El PNR considera que el estado de las autonomías es insostenible: tanto por su carácter disolvente como por su inviabilidad económica. El juancarlismo no va a proceder a su desarticulación, pese a que en su seno se alcen algunas voces que abogan por la reversión al Estado de parte de sus competencias y la reforma, para salvar lo que se pueda, del sobredimensionado modelo autonómico en bancarrota. Es uno de los pilares del régimen y, como tal, consustancial a la pervivencia del mismo.

Las autonomías son una imposición del juancarlismo post-franquista a la Nación Española. Un engendro jurídico-político que rescató bajo el maquillaje del “progreso”  las ensoñaciones retrogradas de fueros, cupos y conciertos de las carlistadas, a la par que introducía el trazado de un mapa etno-lingüístico de “nacionalidades históricas” erigidas en enclaves anti-españoles y la división de nuestros compatriotas mediante lenguas “cooficiales” y agravios comparativos. Se sellaba de esta forma el pacto de la Corona con las burguesías periféricas de Cataluña y Vascongadas: a cambio del reconocimiento de la institución monárquica se otorgaba carta de naturaleza a sus asechanzas separatistas.

Este régimen siempre ha sostenido una concepción confederal del estado autonómico, plasmación de su idea plurinacional de España conformada como “nación de naciones”. La reforma del estatuto de autonomía de Cataluña permitió insertar en el ordenamiento jurídico vigente la “nación catalana” con el aval del Tribunal Constitucional. Este precedente constituye un ejemplo para empotrar la “nación vasca” como contrapartida en el proceso de negociación que el juancarlismo mantiene con la banda terrorista y que culmina con el “final de ETA”.

Pero además de apuntalar el discurso disgregador de España, este modelo de distribución territorial del poder, extendido en su momento a todas las regiones bajo la fórmula de “café para todos”, promociona una dinámica frentista de comunidades a la greña: las del PP contra las comunidades del PSOE, con enfrentamientos incluidos entre las de un mismo signo o de cada una de estas contra el gobierno central cuando su partido se encuentra en la oposición y a la inversa, con el favor del gobierno a sus feudos y graneros de votos. A lo que se suma el habitual chantajismo de los nacionalismos catalán y vasco que al mismo tiempo que esquilman las arcas públicas estatales en cobro de su apoyo parlamentario al gobierno de turno, denuestan su pertenencia al Estado español.

A la postre, el estado autonómico es un mecanismo de reproducción de la partitocracia del régimen a nivel regional que procura el modus vivendi a sus huestes de paniaguados y actúa como agencia de colocación y facilitadora de negocios a sus clientelas: 17 autonomías, más dos ciudades autónomas, con su respectivos parlamentos, consejerías, direcciones generales, empresas públicas, televisiones, delegaciones en el extranjero… Representa una estructura político-administrativa hipertrofiada, un pozo sin fondo del dispendio y la desmesura, además del caldo de cultivo para todo tipo de corruptelas.

Sin duda, su contribución a la debacle económico-financiera del reinito ha resultado esencial en dos aspectos: uno, en la quiebra del sector bancario a través del endeudamiento masivo de las cajas de ahorro, cuyos consejos de administración controlan los gobiernos y partidos autonómicos. Convertidas en sus terminales financieras, las cajas se empeñaron hasta la camisa para alimentar la vorágine de pelotazos de la burbuja inmobiliaria. El otro, en razón de su insoportable carga sobre el conjunto del gasto y endeudamiento público y con el afloramiento de su déficit “oculto”.

La realidad actual del sistema autonómico es que está arruinado y por ende lo están buena parte de las administraciones públicas. Si el Estado tuvo que asistir a las autonomías hace unos meses con el pago de facturas atrasadas de proveedores, hoy tiene que acudir a su “rescate” para afrontar sus vencimientos de deuda y el pago de sus gastos corrientes. En principio, se había previsto el mecanismo de los “hispabonos”, consistentes en el aval financiero del Estado a las comunidades, teniendo al Tesoro como principal valedor en la emisión de deuda de las marcas autonómicas. Es decir, con la actual calificación basura del bono soberano español, se juntaba el hambre con las ganas de comer. Finalmente, el gobierno del PP ha aprobado un real decreto ley de medidas de liquidez de las Administraciones Públicas que contempla la creación de un Fondo, que prestará dinero a las comunidades. Dicho fondo contará con un máximo de 18.000 millones de euros, un tercio de los cuales procederá de un préstamo de Loterías y Apuestas del Estado mientras que el resto será financiado por el Tesoro Público y los bancos. Esto es, a cuenta de los españoles que sufren brutales recortes y un asfixiante incremento de la presión fiscal.

Por el momento, han solicitado el rescate Valencia, Cataluña -que no ha perdido la ocasión para solicitar una hacienda propia- Murcia y, quizá, lo haga en breve Castilla-La Mancha y otras. La adhesión al Fondo, de carácter voluntario, exige a las comunidades un plan de ajuste, independientemente de las medidas que deban aplicar para limitar su déficit conforme a lo establecido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que de llevarse a la práctica, se traducirá en otra vuelta de tuerca en el ya estrujado bolsillo de los españoles y en el recorte las prestaciones y servicios públicos que les dispensan las autonomías en su faceta de administraciones públicas.