Las recientes elecciones autonómicas celebradas en Galicia y Vascongadas, «nacionalidades históricas» según la constitución en vigor, han servido para reproducir el aparato juancarlista a escala regional y apuntalar el secesionismo a través del artefacto autonómico, un modelo de distribución territorial del poder tan vampírico y corrupto como centrífugo y antinacional en el que la partitocracia borbónica aloja a sus huestes de provincias y las formaciones de carácter antiespañol son legitimadas mediante estos procesos electorales.

Resulta irrisorio pretender que desde un gobierno autonómico se puede gestionar y resolver una crisis económica devastadora como la que padecemos, con cerca de 6 millones de parados. Antes bien, la aportación de las autonomías al desastre queda manifiesta en su descontrolada participación en el gasto público y en la quiebra de numerosas cajas de ahorro en cuyos órganos de gobierno se alojan partidos y sindicatos.

Las elecciones gallegas, en una región en la que la tasa de desempleo alcanza al 20% de la población y en la que el paro alienta la emigración juvenil masiva, con la reelección de Núñez Feijóo, han sido consideradas como una reválida de la política económica del ejecutivo de Mariano Rajoy. Incluso, se ha querido vincular la petición de rescate a Eurolandia a la celebración y el resultado de estos comicios, cuando la realidad es que cualquier decisión en este sentido depende de Berlín y Fráncfort.

El País Vasco, presentaba un “hecho diferencial”: el marcado carácter antiespañol de los dos partidos, PNV y Bildu, que los sondeos avanzaban desde el principio de la campaña electoral como vencedores de los comicios. Estas elecciones han sido jaleadas como las primeras celebradas en “paz” y enteramente libres tras la declaración de cese de actividad de los terroristas de ETA, cuyas terminales políticas han sido legalizadas y convalidadas en todos los niveles institucionales por las instancias político-jurídicas del régimen como contrapartida al “final de la violencia”.

Urkullu, al frente del PNV, ha ganado con un programa que al igual que el de Bildu defiende la independencia, aunque para diferenciarse de esta formación ha disfrazado su independentismo con motivaciones prácticas más que ideológicas con el fin de encubrir su común racismo antiespañol de entraña clerical: «porque el Estado español se ha convertido en un freno para el desarrollo de Euskadi». Incluye el “derecho a decidir” y fija la fecha para la consulta secesionista en 2015. Eso sí, garantizando su cohabitación con el “Estado Español” y demandando, mientras, el traspaso de las cuatro competencias estatales que restan.

El lehendakari en funciones y candidato del PSE-EE ha realizado campaña postulándose como una alternativa a los recortes sociales y reformas del gobierno del PP y, en el último momento, ha querido apuntarse un tanto proclamándose “dique de contención” frente al independentismo, cuando la formación que lidera ha tendido más que ninguna otra la mano a la izquierda abertzale y entre sus filas militan criptoseparatistas como Eguiguren, quien ha reclamado una «constitución para Euskadi». El PP vasco, por su parte, en un ejercicio de patriotismo marketiniano se ha centrado en el daño que ejerce el secesionismo en la imagen de España en “los mercados”. Las dos formaciones denominadas como “constitucionalistas”, PSE-EE y PPE, han perdido votos, aunque el partido de Rajoy da por bueno el resultado.

Pero, sin duda, la caída de algo más de 10% del PSE-EE, porcentaje similar al perdido en Galicia por PSdeG, se enmarca en la senda de derrota tras otra que acompaña al PSOE desde mayo de 2011. Todavía no se puede afirmar que el PSOE haya tocado fondo, a la espera de los resultados nada prometedores de las elecciones catalanas de noviembre. Sin embargo, su desmoronamiento como pilar del régimen manifiesta una clara crisis de liderazgo del juancarlismo en medio de una situación extrema.

El avance del separatismo antiespañol es palmario en Vascongadas y sintomático en Galicia con la irrupción de AGE que, junto a BNG, suma el 24% de los escrutinios. Hay una clara concertación entre el PNV y CiU en la línea soberanista de quiebra de España que aspira a la incardinación de estas dos regiones como estados libremente asociados a la corona borbónica. El último obstáculo, la violencia etarra, deja expedito el camino en la hoja de ruta confederal tras su “normalización” mediante la institucionalización de sus formaciones políticas.

Este curso disgregador propiciado por el juancarlismo, estimulado por una crisis económica colosal de la que también es responsable, no podrá ser revertido mediante elecciones locales, autonómicas ni estatales, sino mediante un programa de revolución doble, nacional-democrático y socialista, cuya plasmación solo podrá lograrse mediante la acción directa de masas y el derrocamiento del régimen y su estado de las autonomías.