Que las decisiones jurídicas tienen vinculaciones políticas y que se inscriben dentro de un amplio proceso de naturaleza política no es ningún secreto. En el régimen borbónico, disgregador de España y capitalista, sus normas están dictadas desde la naturaleza política antiespañola y antisocialista y las resoluciones de los órganos de defensa constitucional y los judiciales se encargan de apuntalar esta operación  aniquiladora. Es elemental.

Hace unos días desenmascarábamos a los españolistas del Régimen por darle legitimación a las “consultas” que buscaban la desaparición de España. Hoy asistimos a la legitimación jurídica de las operaciones parlamentarias autonómicas que el régimen del 78 va a propagar en numerosos territorios como paso siguiente a la destrucción de España de las que las Autonomías fueron un primer paso.

A partir de hoy, con el precedente del debate en el parlamento autonómico vasco del Plan Ibarretxe, es posible que los parlamentos autonómicos discutan sobre su ruptura con España. No es posible analizar desde un cínico tecnicismo jurídico una decisión de calado tan político que anticipa un escenario de total disolución de una realidad jurídico-política centenaria como es España.

El agravante en este caso es que las resoluciones jurídicas, comprometidas con el saqueo y la ruptura de España al confirmar una  legislación vigente de idéntica naturaleza,  tienen el marchamo de ser incuestionables, indiscutibles, dignas de respeto por el simple hecho de provenir de instancias constitucionales o judiciales. Y ello aunque consoliden operaciones políticas de desmembración de España y de postración de los trabajadores ante el capital.

A nadie se le escapa que este escenario es inseparable de la naturaleza del régimen del 78, cuya partidocracia al servicio del capital y antiespañola controla y elige a los órganos de gobierno del sistema de convalidación constitucional y el judicial, a la par que sujeta al ministerio fiscal a las instrucciones del ejecutivo, garantizando la inercia destructiva de la Nación Española y de los trabajadores.

Es necesario y urgente, frente al tinglado disgregador de España, y las continuas agresiones a los trabajadores legitimadas por un sistema de jurisdicción constitucional y judicial dependiente de dicho entramado, la ruptura total y la proclamación de la III República Española, socialista y unitaria, única garantía de un sistema dotado de una verdadera división de poderes  que no legitime el actual estado de cosas.