El “caso Faisán” pone de manifiesto, una vez más, el carácter delictivo de las instituciones del régimen juancarlista: altos mandos de la policía y miembros del ejecutivo de Rodríguez Zapatero podrían estar implicados en la trama del chivatazo policial que alertaba de una redada anti-terrorista al regente del bar Faisán, establecimiento controlado por los servicios de seguridad del Estado por su vinculación a la red de extorsión de ETA. Diversas revelaciones periodísticas han aireado las investigaciones policiales dirigidas por el Inspector jefe Carlos G. para determinar la autoría del soplo: grabaciones y el rastreo de llamadas telefónicas cruzadas han puesto nombres y apellidos a los traidores en el sumario que instruye, con trabas, el juez Garzón. Mientras que la Fiscalía, por su parte, pide el archivo de las actuaciones. Nuevamente, el aparato judicial y la Fiscalía han oficiado de encubridores de los malhechores.

Esta repugnante delación policial, perpetrada durante la última tregua de ETA, obedecía a la ejecución de una consigna política por altos mandos policiales: «las infinitas ansias de paz» de Rodríguez Zapatero no eran mera retórica, sino una fórmula que exigía contrapartidas a favor de la banda etarra. Así, en las actas incautadas a ETA, en poder de la justicia francesa, que recogen reuniones con el negociador designado por el gobierno del PSOE, éste esgrimía el asunto del chivatazo como mérito y prueba de buena voluntad hacia la banda.

Por otra parte, el soplo permitía salvar la cara al “nacionalismo democrático” del PNV, cuyas virtudes han sido ensalzadas por el régimen hasta la náusea. De no haber sido boicoteada la operación, se hubiera puesto en evidencia la estrecha vinculación del PNV con el mundo etarra. Pero sobre todo, el caso Faisán destapa la permisividad del juancarlismo con el aparato de recaudación y financiación de ETA. No en vano, el Partido Nacional Republicano ha calificado a la banda separatista ETA como un componente funcional de la estrategia de allanamiento y desestimiento de españoles que el régimen precisa para desbrozar la vía confederal a la que se precipita nuestra Patria.

El bar Faisán

En declaraciones recientes a un diario digital, el ex secretario de Estado de Interior encausado por el caso GAL, Rafael Vera, afirmaba que «el bar Faisán ha sido siempre una referencia para el pago del impuesto revolucionario y de secuestro». Desde hace, al menos, dos décadas, este local de Irún había sido monitorizado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En el mismo, con absoluta impunidad, se establecían los contactos para hacer efectivo el pago de las extorsiones o el rescate de los secuestrados por ETA. En ese periodo de tiempo se han sucedido en la omisión tanto gobiernos del PSOE como del PP.

El chivatazo del “madero”

En mayo de 2006, en pleno “proceso de paz”, una operación conjunta de las fuerzas de seguridad de España y Francia ordenada por el juez Grande-Marlaska y la juez francesa Le Vert se disponía a asestar un golpe al aparato de extorsión de ETA en la frontera. Ese mismo día, Jon Josu Imaz, entonces presidente del PNV, visitaba la Moncloa para apoyar el plan de paz de Rodríguez Zapatero. Entre las detenciones previstas estaba la de Gorka Aguirre, preboste histórico del PNV quien, al parecer, solía actuar de intermediario para facilitar el pago de los empresarios extorsionados a la banda etarra. Sin embargo, una llamada insólita avisaba de la operación al colaborador de ETA Joseba Elosúa, propietario del bar Faisán, también militante del PNV: ante la imposibilidad de contactar con él en su domicilio, un inspector de Vitoria se desplazó hasta el local sito en Irún con un móvil en ristre para pasarle una llamada. Una voz, presuntamente, la de Enrique Pamiés, jefe superior de la Policía en el País Vasco, comunicaba al etarra que se iban a producir detenciones en la frontera franco-española. Elosúa, perplejo, mediante una llamada, que fue interceptada y grabada por la policía, daba cuenta de lo sucedido y prevenía a otro etarra. Afirmaba atónito que era “un madero”, “un txakurra”, quien le daba el soplo.

La investigación policial ha desvelado el rastro dejado por las llamadas efectuadas por los chivatos: Enrique Pamiés había sido alertado por una inspectora de San Sebastián y un inspector de la brigada de Policía en Francia quienes se habían saltado todos los cauces reglamentarios para establecer esta comunicación. El jefe superior de la Policía en el País Vasco informó telefónicamente a su superior, el director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, estrechamente vinculado al PSE-EE. Conforme a la línea de mando, fue este último quien tuvo que dar la orden de avisar al etarra Elosúa a su subordinado del País Vasco y sabotear de este modo la redada.

La cadena de mando

El director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, según la investigación policial de la trama, realizó una llamada a Antonio Camacho, secretario de Estado de Interior, en la víspera de la operación. De acuerdo a la línea jerárquica de la Policía, dependiente del Ministerio del Interior, tuvo que poner en conocimiento del número dos del Ministerio la operación que se gestaba y sus consecuencias para “el proceso de paz”, amén del escándalo que supondría la detención del dirigente del PNV. Al margen de que se derive de esa llamada la responsabilidad de Antonio Camacho que , por cierto, era quien rubricaba los informes bluff de verificación del cese de actividad de ETA, la trama no se cerraría al nivel de altos mandos policiales: éstos eran policías de carrera designados políticamente para el ejercicio de sus puestos directivos. En última instancia, todo apuntaría al titular del Ministerio de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba y, por ende, al ejecutivo de Rodríguez Zapatero.

Trama judicial

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón fue el encargado de instruir el caso del chivatazo policial a ETA; sin embargo, bajo secreto de sumario, quedó enterrado en un cajón de este valladar judicial del régimen. Fue el juez Grande-Marlaska quien reactivó el caso tras ocupar la suplencia de Garzón, en excedencia por una estancia en Estados Unidos. Ha trascendido que, durante esta época, el gobierno intentó apartar del caso a Marlaska con un soborno, mediante un nombramiento para un puesto de prestigio. No obstante, con la reincorporación de Garzón, y su reasunción del caso, presumiblemente se produjeron filtraciones que vulneraban el secreto de sumario: no fue casual que Rubalcaba ordenara la destitución del director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, al ser conocedor por este cauce irregular de que su subordinado estaba siendo investigado por el telefonazo. Con este cese sacaba de escena una relación comprometedora.

La instrucción de Garzón ha estado al borde de la dilación. Han sido las presiones de la Fiscalía, deseosa de echar tierra al asunto, las que hicieron levantar el secreto de sumario al juez. Asimismo, grabaciones de audio y video que podrían ser determinantes para la resolución del caso, aunque se ha facilitado el acceso a las partes, no han sido incluidas en la instrucción. Las diligencias solicitadas por las partes han sido también desestimadas. Queda así expedito el cierre del caso.

La Fiscalía

La Fiscalía del Estado, dependiente del Ejecutivo, solicitaba el archivo del caso, porque «no se ha podido determinar la identidad» de quienes «efectuaron llamadas». Es obvio que la acusación del Estado actúa de defensa de los chivatos.

Régimen antinacional y antidemocrático

El juancarlismo es un régimen de colaboración con banda armada. Permite que los separatistas armados de ETA se alimenten para amedrantarnos y a los separatistas “pacíficos” del “nacionalismo democrático” que les auxilien. Si alguien les inquieta, les protege con sus “maderos” de confianza.

No puede concebirse estado democrático alguno en el que la policía y la fiscalía dependan del ejecutivo, ni independencia ni separación de poderes allí donde los órganos de gobierno del poder judicial vengan determinados, en buena parte, por la mayoría parlamentaria que, a su vez, forma el gobierno.

La personación del partido de la oposición, el PP, como acusación popular en la causa es puro oportunismo a la caza de rédito político. De acceder al gobierno, darían el carpetazo definitivo al asunto sin que quedaran depuradas las responsabilidades últimas. El mecanismo de cierre del juancarlismo con su partido único, PPSOE, es diabólicamente perfecto. El chivatazo, como el caso GAL y el 11-M, será otro de los monumentos erigidos por el régimen a su impunidad.