En la actualidad, la defensa del carácter oficial del idioma común de todos los españoles está circunscrito a un puñado de asociaciones cívicas que han surgido en los últimos tiempos en Cataluña, Galicia, Vascongadas, Baleares… Lo hacen amparándose en el modelo de cooficialidad lingüística que se recoge en la Constitución. El Partido Nacional Republicano denuncia dicho modelo como una tapadera utilizada para la erradicación de la lengua española en dichas regiones.

Estas asociaciones, y los medios de comunicación que las respaldan, fundamentan sus discursos en la exigencia del ejercicio de sus derechos constitucionales. Sus razones comienzan y acaban en la Constitución. Incluso, la solidaridad ciudadana que despiertan nace en esta aparente obviedad: que se cumpla la Carta Magna. Pero es precisamente por ello por lo que su lucha está condenada al fracaso: porque la interpretan equivocadamente, porque ven en ella la esperanza que no es. Como otros muchos españoles de buena fe, se aferran al salvavidas equivocado para resistir la ofensiva antiespañola.

La Constitución: culpable

Es la Constitución de 1978 la causante de la situación actual. La cooficialidad se introdujo en la misma cuando se dio cobijo a los nacionalismos antiespañoles. Para ellos era una herramienta a largo plazo de sus proyectos políticos disgregadores. Y así la han utilizado.

En el artículo 3.1 de la Constitución se afirma que “el castellano” es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla sin definir en ningún momento en qué consiste una lengua oficial. Además, no garantiza plenamente el deber de conocer el español y el derecho a usarlo, toda vez que en su artículo 3.2 se abren las compuertas a su erradicación: «Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos». Llegados a este punto, la interpretación común es la misma a la que se aferran todos los defensores de la cooficialidad: dos lenguas oficiales en el mismo plano de igualdad.

Pero el espejismo de la cooficialidad se ha venido combinando con un concepto metafísico y subjetivo, el de la “lengua propia”. Un concepto jurídicamente indeterminado, referido a irrealidades históricas, pero trastocado en piedra filosofal de los nacionalismos antiespañoles. Desde 1978 siempre ha estado presente en la vida política. Durante un tiempo vertebró todos los reglamentos administrativos y los decretos educativos de inmersión lingüística en las “nacionalidades históricas”. Hasta ahora, cuando se ha convertido en sinónimo de única lengua oficial gracias a los nuevos estatutos de autonomía. Porque los nacionalismos antiespañoles, siempre coherentes, saben que a cada nación le corresponde una única lengua oficial.

El Estatuto de Cataluña marca la referencia al llevar este concepto a sus últimas y lógicas consecuencias. Dice en su artículo 6: «La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las Administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza». Así se cierra el círculo que identifica “lengua propia” con “única lengua oficial”. Si el catalán es la lengua de uso normal y preferente, el uso del español será anormal y subordinado; y si es la lengua vehicular en la enseñanza, el español adquiere la consideración académica de una segunda lengua como pueda ser el inglés, el francés o el árabe. Llegados hasta aquí, los defensores de la cooficialidad denuncian la inconstitucionalidad de estas normas. Lo hacen al calor de su lectura de la Carta Magna pero callan que en el actual régimen es constitucional todo lo que bendice el Tribunal Constitucional. Y, hasta ahora, siempre ha amparado este concepto… por ejemplo, declarando legales las sucesivas políticas de inmersión lingüística.

El español: única lengua oficial

En relación con la cuestión de la lengua, afirma el Manifiesto-Programa del Partido Nacional Republicano: «La única lengua oficial de la República, en todas sus instituciones, administraciones y niveles educativos, será la lengua española. Entendida como institución integradora de la patria española común, todos los ciudadanos tendrán el deber y el derecho de conocerla, sin que ese derecho deba buscar amparo en  “la libertad individual” o “la lengua  materna”. A la vez, se garantizará en los planes de estudios el conocimiento del resto de lenguas españolas en todo el territorio nacional, pero no se les conferirá el carácter de “cooficiales” en zona alguna».

El Partido Nacional Republicano no confunde dos conceptos distintos: el bilingüismo (o plurilingüismo) que es un hecho social y cultural; y la oficialidad que es una cuestión política e institucional. Ésta va más allá de los derechos individuales, o de los de padres y madres. Es una institución de cualquier Estado digno de tal nombre destinada a asegurar la integración nacional y a constituir la base de la igualdad ciudadana.

Reafirmamos que la cooficialidad es un constructo irrealizable, un engendro teórico inviable en cualquier país serio. Un pozo de despilfarro presupuestario, verdadero lastre en tiempos de bonanza pero completamente inasumible en situaciones de recesión económica como la actual. Y que a un Estado nacional le corresponde una única lengua oficial, sin detrimento de todas las lenguas regionales y dialectos que se quieran en la esfera civil y privada.

¿Qué hacer?

Conforme pasa el tiempo, más claro resulta que el mayor obstáculo para superar la deplorable situación de nuestra patria, lo constituye la pretensión de hacerlo sacando punta al engendro constitucional de 1978. Este engendro, madre de todas las desgracias políticas que ahora se descargan brutalmente, es particularmente vergonzoso en la cuestión de la lengua tal y como hemos visto.

¿Qué se puede hacer entonces? Sencillo, romper con el régimen y su constitución. El Estado hace tiempo que se desentendió de su obligación de velar por el cumplimiento de las leyes: el gobierno nacionalista catalán, por ejemplo, ha incumplido sistemática e impunemente las diferentes leyes educativas (escolarización en español, tercera hora lectiva, etc.). Y el PSOE y el PP son las dos ruedas sobre las que avanza esta desgracia. Del PSOE sólo cabe decir que es el más firme defensor del nuevo Estatuto de Cataluña. Del PP, que no sólo aplaudió en su día los modelos de inmersión sino que fue el autor de las leyes lingüísticas que en Baleares o Galicia sólo han tenido que aplicar los gobiernos nacionalistas.

Hemos demostrado que en España, es la misma Constitución y sus Estatutos, con el respaldo de reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, la que permite que se entronicen como únicas oficiales las “lenguas propias” de las “nacionalidades”. Las mismas que en 1978 también se incrustaron en la Constitución y que, tras oficializar Zapatero que España es un concepto discutido y discutible, con los nuevos estatutos han trocado en “naciones” o “realidades nacionales”.

La única posibilidad de revertir esta situación es mediante la lucha política de los patriotas españoles por el derrocamiento de la vigente monarquía antinacional y la instauración de una república española unitaria y democrática.

¡Una sola Nación: España!
¡Un solo Estado: la República Española!
¡Una sola lengua oficial: el español!