Los resultados de las elecciones generales del 20-N al congreso de los diputados han deparado el predicho triunfo del PP por el desfondamiento de su alter ego, el PSOE, a causa de su gestión de la crisis económica. Una fracción del PPSOE es reemplazada por la otra. Nada más.

Con apenas medio millón de votos más para el PP y la caída de casi cuatro millones y medio del PSOE, más que del fin del modelo bipartidista al que ha apuntado algún medio de comunicación interesado, debemos hablar de crisis de liderazgo del aparato político del régimen en medio de una situación de extrema gravedad. Aquí no se ha producido ningún vuelco que otorgue un mandato inapelable al PP pese a la incontestable mayoría absoluta, sino el desmoronamiento de una de las fracciones del régimen.

Sustancial aumento de la abstención

En primer lugar denunciamos la manipulación ejercida por el Ministerio del Interior y los medios de comunicación del juancarlismo a la hora de informar sobre la evolución de la abstención. Se ha afirmado que sólo ha aumentado un 2,16% en relación a las elecciones de 2008 cuando ha sido sustancialmente mayor. La trampa ha consistido en comparar los resultados provisionales de participación que no incluye el recuento del CERA (Censo de Residentes Ausentes: los electores que residen en el extranjero) con los resultados definitivos totales de las de 2008 que sí lo incluyen. Así, si contabilizamos los resultados del CERA –escrutados el miércoles– la abstención ha aumentado un 4,93%, pasando del 26,15% al 31,08% (la abstención en el CERA ha sido del 95,2%). Estos datos, sitúan la abstención al nivel de las elecciones de 2000, cuando fue sólo dos décimas superior y confirma la tendencia manifestada desde 2004 (24,34%).

Nuestro análisis será mucho más adecuado a la realidad si excluimos de los datos de participación a los votantes del CERA. La razón es muy simple: se trata de un colectivo numeroso (1,482 millones) que presenta tradicionalmente un índice de participación muy inferior a la de los electores residentes en territorio nacional: del 4,81% el 20-N o del 31,73% en 2008. En este caso, el incremento de la abstención ha sido algo menor, del 3,65%, cayendo la participación del 75,34% en 2008 a un 71,69%. Nos alegramos, no cabe duda, y lo celebramos.

Otra tendencia que se ha consolidado es la del descenso del respaldo a las candidaturas del juancarlismo en relación al censo electoral gracias al incremento de la abstención, del voto nulo y del voto en blanco. Sin el recuento del CERA, el porcentaje de votos a las candidaturas presentadas ha sido del 66,9% del censo (que aumentaría al 67,1% si no hubiese ningún voto nulo o en blanco en el CERA). Este es un nivel similar al de 2000 e inferior a los de 2004 (73,71%) y 2008 (72,55%). El descenso es la tendencia que se constata desde los años 90, cuando el porcentaje era superior al 75%.

Si concretamos este respaldo al núcleo duro de la partitocracia juancarlista, PPSOE+PNV+CiU, se puede comprobar que su voto respecto al censo ha caído al 53,49% desde el 64,58% (2008) y 63,76% (2004). Añadidos los regeneracionistas del régimen, IU+UPyD, se observa que sus electores han sido el 61,36% del censo, cuando en 2008 fueron el 68,21% y en 2004 el 67,74%. Se recupera aquí también el porcentaje de 2000, que fue del 61,29%.

Esto se ha debido, en lo fundamental, al hundimiento del PSOE, que ha perdido 4,3 millones de votos frente al medio millón ganado por el PP. Según parece, la mitad de los electores que han negado su voto al PSOE se lo concedieron a otra candidatura mientras que los restantes se decantaron por la abstención. De los que cambiaron su voto, unos 800.000 optaron por el PP, unos pocos menos por IU (lo que desmiente el mito de que el PSOE es el refugio del voto de izquierdas en determinadas coyunturas) y unos 360.000 por Rosa Díez. Todos los demás partidos han visto aumentar sus votos. Los del PP e IU proceden fundamentalmente de ex votantes del PSOE y los de Rosa Díez del PPSOE.

Los resultados de IU (6,9%) y UPyD (4,7%) han sido celebrados por sus dirigentes aunque sus 11 y 5 diputados, respectivamente, sigan conformando esa marginalidad política cuya única funcionalidad es acrisolar la apariencia de pluralidad política de la partitocracia juancarlista. Magro resultado de quienes se han amparado en la grave crisis para postularse como regeneradores del juancarlismo reinante. A posteriori se han lamentado de que el sistema electoral les perjudique en beneficio del PPSOE y los nacionalismos antiespañoles. Su argumento de que un sistema proporcional es más democrático –lo que es falso– encubre una cínica pataleta de quienes buscan una mayor porción del pastel.

Hay dos regiones en las que el arraigo del nacionalismo antiespañol determina una realidad electoral distinta a la del resto de España. En Cataluña y Vascongadas, el hundimiento del PSC y del PSE-EE y el estancamiento del PP ha ido parejo al significativo avance del separatismo: explícito en el caso de ETAmaiur e implícito en el de CiU. Detrás del vasco se encuentran las expectativas del cese del terrorismo etarra y detrás del catalán la exigencia de un “pacto fiscal/cupo catalán”, que enlaza con el incremento de los partidarios de la independencia –según las encuestas– al calor de la crisis económica.

Respecto a los nuevos electores, en su mayoría jóvenes que han votado por primera vez, parece ser que han presentado un 75% de participación, superior a la media general, y que han votado en mayor medida a candidaturas periféricas del juancarlismo. Algo más de la mitad lo han hecho al PPSOE (56%), a UPyD un 14%, a IU un 7%, a CiU un 5,5% y las restantes candidaturas un 17%.

De estos datos podemos concluir que:

El aumento de la abstención se debe, principalmente, al hundimiento del PSOE, tal y como ocurriera en 2000. Parece poco probable que se deba a un creciente rechazo del régimen juancarlista por su naturaleza antinacional y antidemocrática. La mayor participación de los más jóvenes destaca lo asentado que se encuentra el electoralismo y el parlamentarismo entre las nuevas generaciones.

Las fracciones principales de la partitocracia juancarlista (PPSOE+CiU+PNV+IU+UPyD) acaparan el 90,46% del voto a las candidaturas presentadas. Es un nivel algo inferior a la media de 91,01% del periodo 1993-2008. El respaldo de estas fracciones con respecto al censo electoral sí ha sufrido un apreciable descenso de casi seis puntos: 61,36% frente a una media de 67,25% del periodo citado. Mientras que estas fracciones han acaparando 9 de cada 10 votos válidos, ha crecido el número de electores que no les han votado.

El poderío del PP al servicio de Berlín y París

El PP ha vencido por el desmoronamiento de su contrincante. Su rácano crecimiento pese a la desastrosa situación económica evidencia que ha llegado a su tope. Posiblemente no vuelva a encontrarse en una situación similar. Controla los poderes administrativo, legislativo y ejecutivo del Estado juancarlista en sus tres niveles –local, autonómico y nacional–. Es cierto que no es la fracción partitocrática favorita del Borbón. Pero aún así, tiene la capacidad suficiente para acometer todas las reformas que desee en un sentido nacional. Rajoy apeló a la grandeza de la nación española en su discurso de la victoria ante sus seguidores. Tiene una oportunidad única de que esa apelación no sea meramente retórica. Tiene vía casi libre, en teoría, para acometer todas esas reformas que algunos creadores de opinión pública señalan como necesarias en orden a detener la centrifugación de España. Pero no hará nada de ello. Lo hemos advertido siempre: el PP es una de las patas del régimen juancarlista y participa plenamente de sus principios fundamentales antinacionales y antidemocráticos. Los nacionalistas antiespañoles de CiU-PNV pueden dormir tranquilos porque antes que enfrentarse a ellos será respetuoso y leal a su pacto con la Corona.

El “proceso de paz” va a marcar su agenda, aunque cara a la galería adopte poses de desdén y jure y perjure que no va a negociar nada, el PP se subroga en el lugar del PSOE. Esa ha sido la política del PP, nítidamente reafirmada durante la campaña electoral. Incluso, como Arnaldo Otegui ha reconocido desde la cárcel «la mayoría absoluta puede ser una ventaja» para que avance la “negociación” con ETA. Lo de ETAmaiur en el Congreso –sede de la soberanía de los pueblos de la confederación borbónica– pone en evidencia, nuevamente, la complicidad del régimen al completo para colar a los etarras  en sus instituciones. A fin de cuentas, para un régimen liberal da igual lo que se defienda siempre que sea en ausencia de la violencia.

Las reformas que Rajoy se apresta a aplicar son las constantemente exigidas por los liberales de todo pelaje y que consisten en someterse aún más a las imposiciones del gran capital europeo, concretamente a las que proceden de Berlín y París. Lo primero que hizo Rajoy fue llorarle a la Merkel por teléfono. Don Mariano, antes que reconstruir nuestra nación, va a agravar la guerra social del neoliberalismo contra el pueblo trabajador español. La reciente ofensiva contra la deuda soberana del Estado juancarlista ha tenido como propósito reafirmar entre las masas de votantes expañoles la necesidad de la victoria del PP primero, y la profundización de las «reformas estructurales» que ya iniciara el PSOE a continuación. Y para esta misión, no cabe descartar que las “mediaciones” del rey Juan Carlos I finalizaran con la constitución de un gobierno de concentración encubierto mediante la entrada de tecnócratas independientes que contaran con el consenso de la oligarquía y la clase política de la monarquía de los banqueros. La indiferencia con que los “mercados” han recibido la victoria del PP (los intereses de la deuda y la prima de riesgo siguen en máximos) refleja lo poco que la política doméstica del reinito de Expaña tiene en las finanzas globalizantes. Antes bien, son ellas las que intervienen e influyen en los asuntos propios de la Expaña de Juan Carlos I mediante una legión de paniaguados periodistas y políticos colaboracionistas.

Frente a su plan de subordinación, el Partido Nacional Republicano propone un plan de salvación de España, que en lo inmediato tiene estas diez exigencias inaplazables:

1. Un combate por la soberanía nacional que niegue el reconocimiento de la deuda, que recupere una moneda y una política monetaria propias, que rompa con la UE y el FMI.
2. La socialización de bancos y cajas, y su unificación en una banca pública con potestad de banco emisor, que ordene y canalice el crédito y asegure los depósitos de los pequeños ahorradores.
3. La socialización de todos los sectores estratégicos, empezando por el energético, con recurso a la construcción de centrales nucleares más grandes, potentes y seguras.
4. La demolición del Estado de las autonomías, cupos y fueros. La racionalización y concentración de municipios.
5. La supresión de subvenciones públicas a partidos, sindicatos, patronales, iglesias y montajes clientelares de la partitocracia reinante.
6. La defensa del sistema pública de pensiones.
7. Una fiscalidad basada en la imposición directa y progresiva.
8. La creación de una institución pública con potestad para la constitución de un parque público de viviendas en régimen de alquiler no superior al 20% del salario.
9. La defensa del Estado, especialmente en sus competencias de Educación y Sanidad, frente a su desmantelamiento en beneficio del capital privado.
10. Ni un soldado español al servicio de las intervenciones imperialistas. Salida de la OTAN. Fuera las bases yanquis del territorio nacional.

Frente a Alemania y su Unión Europea:
¡Recuperemos nuestra soberanía nacional!
¡Destruyamos el régimen juancarlista!
¡Reconstruyamos España!