Hemos conocido las líneas generales del acuerdo sobre las pensiones alcanzado por el gobierno, los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME. En este acuerdo, que se ha traducido ya en anteproyecto de ley, se da plena satisfacción a las demandas de los banqueros y grandes empresarios que hace unos meses fueron convocados por el rey. Y son acatadas las directrices de ajuste neoliberal de la Comisión Europea.

Según indicó el pasado día 12 el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, es necesario elevar la edad de jubilación en España y en toda Europa. Para ello recurrió a dos argumentos. El primero, es el del «envejecimiento de la población», una falacia que ha sido desmontada en esta página. El segundo es «reforzar la confianza de los mercados financieros». Revela sin tapujos la presión de los prestamistas centroeuropeos, principales acreedores de nuestros bancos, cajas y grandes constructoras y tenedores de títulos de deuda pública española. Muestra como Eurolandia nos está estrangulando mediante la soga de la deuda.

El objetivo fundamental de la reforma es disminuir de forma brutal las pensiones públicas, entre un 20 y un 25%, para impulsar un nuevo avance del negocio de los fondos privados, en manos del capitalismo financiero. Un paso más en el proceso a través del cual el sistema público de pensiones debe limitarse a un mecanismo asistencial, mientras los fondos privados  engrosan sus cuentas de resultados en proporciones fabulosas.

Al mismo tiempo,  la reforma supone una fractura de vínculos de solidaridad entre generaciones de la mayoría de los españoles, pertenecientes al mundo del trabajo, empujándoles a la salida de los fondos de capitalización individual. Implica, además, un ataque demoledor a la juventud.

Aparentemente, lo más duro –y lo que ha atraído los focos de la atención pública– es el retraso de la edad legal de jubilación, al prolongar la vida laboral desde los 65 a 67 años. Quienes quieran cesar su actividad laboral a los 65 años con la pensión completa, deberán haber cotizado 38,5 años. Pero igualmente grave es el endurecimiento del acceso a la pensión máxima: que para cobrar la totalidad de la pensión a los 67 años, se precisen 37 años de cotización, dos más que en la actualidad. Y más  grave todavía es que se suba de 15 a 25 años el cómputo para calcular las pensiones, lo que redundará en una sensible disminución de su renta media. O que se recorte el derecho a la pensión, aumentarse de 15 a 25 el número de años cotizados para disfrutar de la misma.

El pensionazo supone una tremenda agresión a la juventud.  «No nos falles», decían unos jóvenes en la celebración del último triunfo electoral de Zapatero. Pero el futuro que  depara a muchos jóvenes un PSOE de conversos al neoliberalismo es reducirse para siempre a «ni, ni»: mi trabajo, ni estudio, ni salario, ni pensiones. Mientras los índices generales de desempleo superan el 20%, la tasa de paro de los jóvenes asciende al 43,6%: es decir, casi la mitad de los menores de 25 años no contribuye al sistema de pensiones. Y en el caso de que esos jóvenes consigan algún empleo, lo hallarán en condiciones de extrema precariedad, a menudo con contratos de tiempo parcial. Con los recortes actuales, la mayor parte de la juventud española está condenada a jubilarse a los 67 años con pensiones ridículas. Y otra parte no llegará a cobrar ninguna pensión.

Esta cuestión debiera provocar un auténtico estado de alarma. Constituye un devastador ataque político del conjunto del régimen a la población trabajadora, única fuerza creadora de la Nación. Por sí sola sería sobrado motivo para avanzar hacia una rebelión nacional popular, con toma de las calles hasta defenestrar no sólo al PSOE, sino al juancarlismo al completo.

Sin embargo, para esta agresión el gobierno ha contado con la colaboración de los grandes sindicatos, que comulgan con la patraña de que la evolución demográfica hace insostenible el sistema público de pensiones, por lo que éste necesita un complemento privado. Hasta el punto de que CCOO y UGT participan con el BBVA en una empresa de gestión de fondos privados de pensiones. Por ello han decidido aparcar incluso las huelgas generales civilizadas que forman parte de su cansina liturgia.

El Partido Nacional Republicano reitera su defensa del sistema público de pensiones y su oposición frontal a los recortes planteados por el gobierno del PSOE y sus aliados.

Considera que lo que mina ese sistema no es la correlación entre jóvenes y viejos. Es un sistema productivo que ha generado 5 millones de parados, con una estructura minifundista y de bajo nivel tecnológico y una injusta distribución social de la riqueza que repercute en la masa de cotizaciones recaudadas.

Por ello, insiste en que el sostenimiento y mejora del sistema público de pensiones exige acometer dos grandes vías de transformación social y económica. Por un lado, el despliegue de un nuevo modelo productivo que propulse un sustancial avance tecnológico, el impulso del empleo y en los contenidos del mismo. Por otro lado, un incremento radical de la participación del trabajo en la renta nacional.

Estas transformaciones requieren la expropiación del sistema financiero y su centralización en una banca nacional del trabajo, la socialización de los sectores estratégicos –empezando por el de la energía– y grandes servicios, y la eliminación del fardo insostenible que suponen el Estado de las autonomías y el latrocinio y parasitismo generalizados que incuba el vigente régimen.

Todo ello en el marco de una ruptura con la Unión Europea y con la monarquía de los banqueros que nos ha encadenado al engendro del euro, conduciendo la nación española a la ruina.