La infamia del 9 de noviembre en Cataluña es consecuencia, y no causa, de la ruptura de nuestra Nación a manos del juancarfelipismo. Tal despropósito no hubiera podido ser perpetrado sin la colaboración activa, por acción y omisión, de los poderes públicos del régimen borbónico y el ejecutivo del PP. Esta fecha será recordada como uno de los días más ominosos de España y para quienes con su connivencia lo posibilitaron, no habrá ni olvido ni perdón. Rajoy no es un tonto inútil engatusado por Mas, calificación con la que algunos le encubren, ni un indolente ni un cobardón arredrado por el envite separatista. Tampoco ha cometido dejación de funciones, como le acusan poniendo el grito en cielo. Esa benevolencia supone exonerarle de un delito mucho más grave. Rajoy es un despreciable traidorzuelo, cómplice del secesionismo. Él y sus secuaces en el gobierno tendrán que comparecer algún día para responder por sus crímenes de lesa patria.

Expaña

A pocos días de la consulta del secesionismo de ricachones venidos a menos, transmutada en «proceso participativo» e impugnada nuevamente por Rajoy ante el Tribunal Constitucional (TC), el mismo ministro de Justicia del «gobierno de España», Rafael Catalá, echaba un capote a la Generalitat prestándole la coartada para desacatar la suspensión del «Alto Tribunal» y eludir posibles responsabilidades frente al incumplimiento. Bastaba, según las indicaciones del ministro, con que Mas no se pusiera ante los focos, aunque entre bambalinas la Generalitat siguiese dando, como era público y notorio, cobertura material y apoyo logístico delegado en la ANC y demás organismos auxiliares de la plataforma independentista.

Y en la víspera del 9-N, el presidente Rajoy a sabiendas de que iba a permitir el acto separatista conculcando el ordenamiento jurídico al que está sujeto, se intitulaba a sí mismo como garante de la soberanía y unidad de España ante sus huestes, y quitaba hierro afirmando que «se le podrá llamar como se quiera, pero ni es referéndum, ni es consulta ni es nada que se le parezca» y «no produce efecto alguno».

El hecho es que ni el preámbulo del Estatut convalidado por el TC en el que aparece la denominación de nación para Cataluña ni la proclamación del Parlament declarando esta región «sujeto político y jurídico soberano» tiene «efectos jurídicos» y, sin embargo, el proceso soberanista ninguneado por Moncloa se está materializando, implacablemente, con todos sus efectos. Porque al final, el secesionismo catalán ha plantado sus urnas, papeletas, censos y “voluntarios” –como Junqueras– en edificios públicos, con recursos y financiación pública, y ha organizado la votación escoltada por las fuerzas de seguridad, mossos y municipales, para que la población de Cataluña, incluidos extranjeros residentes, pudieran pronunciarse sin ser perturbados por ningún tribunal, pese a las inquietantes amenazas de la histriónica vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santamaría.

Mas, envalentonado, reiteraba su liderazgo ante las cámaras y desafiaba en aquella jornada a la fiscalía ofreciendo su pecho, mientras que el ministerio público se entregaba a la grave tarea de dirimir si el uso de edificios públicos para la consulta soberanista era delito y los juececillos de guardia, alineados con la tesis de la fiscalía de Rajoy, velaban por la proporcionalidad de hipotéticas actuaciones ante la frustración de los denunciantes. Días después, el fiscal general del estado, Torres-Dulce, todavía buscaba «bases jurídicas sólidas» para, a la postre, dejar al criterio de la fiscalía de Cataluña emprender o no acciones.

Reforma constitucional confederal

Poco importa las discusiones en torno al número de votos, la fiabilidad del censo o las garantías del proceso de votación y recuento, que fuera referendo o movilización, legal o ilegal y si la iniciativa para paralizar la “no-consulta” correspondía al gobierno a través de la fiscalía, el TC o los tribunales ordinarios. Resulta palmario que la inhibición de todos ha sido deliberada. Lo esencial es que Rajoy y los poderes del estado borbónico han sido los que se han ciscado en su legalidad y han convertido, una vez más, en papel mojado su constitución, permitiendo a las oligarquías antiespañolas de Cataluña recabar el “clamor” soberanista de una charnegada encanallada por treinta y cinco años de pujolismo para sentarse con este aval a negociar el «encaje de Cataluña».

Ya ha trascendido, incluso por boca del propio Rajoy, que todo está pactado –eso explica la bravuconada de Mas frente a la fiscalía–, amañado a tres bandas, con Arriola por parte del gobierno del PP, Rigol por la Generalitat, y José Enrique Serrano por el PSOE. Sólo asistimos a la escenificación de un acto más de la disolución de España que culminará con una reforma constitucional para burlar la soberanía nacional-popular de los españoles y empotrar el estado catalán.

El régimen coronado por Zarzuela de las oligarquías financieras y de los oligopolios del gran capital es el que promueve desde arriba nuestra aniquilación nacional, paso a paso, ceñida al guion de su hoja de ruta confederal. El inquilino de Moncloa, en este caso Rajoy, gerencia el proceso.

Patriotas, resistir para reconquistar España

Saludamos a los compatriotas que, en la medida de sus posibilidades, obstaculizaron la votación del 9-N. Son acciones aisladas, pálidos atisbos, de una dura lucha que debe generalizarse en extensión e intensidad por la resistencia española de Cataluña y el resto de España.

Si el estado borbónico no impone su propia legalidad y colabora con los que la agreden hay que organizar nuestra autodefensa, amparar a nuestros compatriotas e impartir justicia. No sirven querellas, denuncias, recursos ante las instancias jurisdiccionales del juancarfelipismo ni los comicios a los que se presenta una parte de la seudo-España impotente paralizando a nuestros compatriotas con expectativas fútiles. Participar de los resortes de este régimen antinacional, criminal y corrupto es ignorar cuál es el verdadero enemigo a batir. La acción directa de masas de los españoles dirigida a defenestrarlo democráticamente es la única vía.

Abrir la brecha para recuperar España supone adoptar un programa histórico de refundación para nuestra patria maltrecha, en el que no cabe la monarquía, las autonomías, la partitocracia ni la hegemonía del gran capital a la que sirven. República unitaria y socialismo son las divisas del nacionalismo español de futuro, lo demás es perder el tiempo.