El Partido Nacional Republicano no ha exigido nunca ni exigirá al régimen borbónico que cumpla con su propia legalidad, a todas luces papel mojado. Sobraban motivos para procesar a Mas y los promotores de la consulta del 9-N del pasado año y siguen sobrando ahora: el President de la Generalitat, emboscado en una candidatura unitaria junto a otros próceres del pretendido estado catalán en curso, Junqueras, Romeva, Forcadell, en el ejercicio de sus funciones, en público y notorio fraude de ley, ha convocado elecciones con la intención declarada de convertir unas autonómicas en plebiscito de facto por la independencia de Cataluña. La convocatoria de estas elecciones y la presentación de una coalición a tal fin, en sí mismas, constituirían actos de prevaricación y sedición imputables a una autoridad pública.
La palabrería del presidente del gobierno, Rajoy, sobre la unidad de España y el cumplimiento de la legalidad es un discurso huero cara a sus votantes. En la práctica, como si se le tratara de orate, se ningunea las actuaciones de Mas, que en la medida que no tienen cabida en el marco de la legalidad vigente, se considera que carecen de efecto jurídico real, aunque precisamente, se pudiera tratar de conductas tipificadas como delito.
Dejamos a otros las recogidas de firmas para instar procesos judiciales, apelaciones al voto por la unidad de España y las invocaciones a los artículos 155 y al 8 de la constitución. La refundación de España en república unitaria y democrática, la supresión del estado autonómico o su deriva confederal y la abolición de privilegios, conciertos territoriales y otros blindajes basados en “singularidades” y “hechos diferenciales”, así como la proscripción de partidos separatistas antiespañoles que propugnamos sólo podrá alumbrarse mediante la defenestración de la monarquía partitocrática y autonómica del gran capital que padecemos.
No obstante, hay quienes albergan todavía alguna esperanza de respuesta de los actuales poderes del Estado frente al envite separatista, más allá de la basura de las cuentas bancarias de Andorra y las comisiones del 3% arrojadas sobre CDC, desmanes de los señoritos del cortijo catalán pujolista conocidos, consentidos y encubiertos toda la vida por el régimen. A estas alturas, debería quedar patente que no habrá más que poses, como las representadas por el rey Felipe en su “gélida” recepción veraniega a Mas en Zarzuela o en sus arengas dirigidas a aquel sobre la sujeción a ley de todos los poderes públicos. Al margen de la impostura, la corona no es un valladar frente al secesionismo. A la hora de la verdad, no hay más que indignas tragaderas del monarca con abucheos y pitidos hacia los símbolos nacionales españoles y entrega de trofeos en los palcos de las exhibiciones deportivas del independentismo.
No hay inanidad en las instituciones del juancarfelipismo, sino connivencia y colaboración necesaria con el secesionismo catalanista, al que se permite desplegar los elementos de una escenificación que no culminará, por el momento, en el maximalismo que supone una traumática declaración unilateral de independencia. Antes bien, esta dramatización avalada por los votos de las catalanas del 27-S, servirá de coartada para que el propio régimen reconduzca la situación instando una reforma constitucional que implicará la burla de la soberanía nacional-popular española. Probablemente, en la próxima legislatura, resulte vencedor el partido que sea o partidos de la partitocracia borbónica, se convocará a los españoles a pronunciarse sobre un nuevo modelo territorial de Estado que servirá para endilgar en su constitución las “singularidades” y la “nación” catalanas en una suerte de reformulación confederal de España con una Cataluña co-soberana.
En este sentido, las posiciones “federalistas”, del PSOE al alimón de la matraca editorial del diario El País, son claras, al igual que las de Podemos, formación para la que España, igualmente, es «un país de países y un país de naciones». Y el PP, si un día dice que no habrá reforma constitucional, al otro día dice que sí, y al siguiente lo niega, pero se sumará a este proceso de implosión de la nación española porque está inscrito en el ADN del régimen 78 al completo una concepción plurinacional y etnicista retrograda de lo que debe ser España y que, no en vano, arrancó con la instauración del estado autonómico.
Ante la convocatoria de las autonómicas catalanas de septiembre, todos los partidos del régimen han presentado sus listas alborozados, participando del esperpento separatista. Especialmente, esto resulta palmario en aquellas formaciones que, como Ciutadans, se quieren erigir en un referente frente al mismo. Sin embargo, todos aportan al circo secesionista el colorido pluralista con su campaña de movilización del voto en un espectáculo que legitima el juego seudodemocrático, para gozo de los secesionistas, en unas elecciones perdidas de antemano.
Los últimos sondeos otorgan la mayoría absoluta del Parlament a la coalición «Junts Pel Sí», sumado a los escaños obtenidos por la también independentista CUP. Una mayoría parlamentaria que de un plumazo barre las disquisiciones sobre el número necesario de votos para respaldar formalmente el proceso de secesión, según Mas y sus adláteres. A partir de ahí, como han reiterado en innumerables ocasiones, se iniciaría la «desconexión» paulatina con el «Estado español» y la construcción en paralelo de las estructuras del nuevo estado catalán. El 27-S, quimera o payasada del catalanismo, ante todo, es un jalón fundamental en la hoja de ruta confederal auspiciada por régimen borbónico. Y su manejo por el corrupto “stablishment” de la burguesía catalana alimentará aún más el relato de frustración y victimismo de las actuales y venideras generaciones de catalanes educados en el odio irremisible a España.
Los españoles de Cataluña no pueden admitir que su voto sea equiparable al de los separatistas. Sin homogeneidad política y social no hay democracia posible. La soberanía nacional española y la unidad que se deriva de la misma no son susceptibles de escrutinio entre españoles y antiespañoles, y menos bajo unos comicios convocados por el secesionismo burgués con el permiso del Borbón.
El Partido Nacional Republicano, en primer lugar, llama al boicot de las elecciones del 27-S en forma de abstención activa. Pero no puede limitarse a esto: emplazamos a nuestros compatriotas de Cataluña a la auto-organización y autodefensa frente a los avances que el separatismo puede realizar tras las comicios, preparando la resistencia y la desobediencia ante una eventual “desconexión” con la legalidad vigente, pero no para restaurarla, sino para promocionar la ruptura con el marco jurídico-político, reformado o no a través de su constitución, del juancarfelipismo que es el que ha propiciado esta situación. Por tanto, estos luchadores y sus asambleas conformarán la avanzadilla de una nueva legalidad republicana española y unitaria en Cataluña frente al régimen borbónico y el separatismo.