La ley del aborto elaborada por el gobierno de Zapatero que se va a aprobar próximamente no es ninguna cortina de humo lanzada para distraer a los españoles del crac económico en el que nos hundimos. Más allá de los intereses económicos de la lucrativa industria abortista –más de cien mil abortos al año en Expaña, la mayoría en centros privados–, esta ley es un jalón más en el proyecto que el PSOE oficializó en su último congreso y que tiene como objetivo la aniquilación del pueblo español en tanto que sujeto histórico mediante su reemplazo por una inane masa de individuos –autóctonos y foráneos–, cuya única utilidad radica en su condición de consumidores. El PP es cómplice –por activa y por pasiva– de esta atroz perfidia.

Jalones son, también, la ley de memoria histórica, mediante la que la izquierda persigue acaparar toda autoridad moral y estigmatizar a la pusilánime derecha, reconvenida como avergonzados penitentes en eterna búsqueda del perdón. Mediante las prácticas eutanásicas –esas a las que el doctor Montes, iluminado heraldo de la nueva era, ya ha dado el banderazo de salida– persigue implantar en el imaginario colectivo un relativismo moral que acepte la eliminación física de los españoles (además de recortes puntuales en los gastos de la seguridad social). Mediante la política de fronteras abiertas a la llegada de extranjeros persigue la evaporación del principio de soberanía del arsenal ideológico de los ya ex ciudadanos. Y todo pasado de matute como ampliaciones ad eternum de los derechos del individuo. Como en lo referente al aborto.

En 2008 volvió a crecer el número de abortos practicados en Expaña, hasta los 115.812 (un 3,27% más que en 2007). El 43% de las mismas correspondieron a extranjeras residentes (que son el 11% de la población femenina), principalmente americanas (29.860) aunque también europeas (12.781) y africanas (6.149). Los medios de comunicación han resaltado dos hechos: el fracaso de las campañas de prevención entre los adolescentes (han sido 14.939 las menores de 19 años que han abortado) y su creciente asunción como un método anticonceptivo (el 33,76% de las abortistas ya lo habían hecho anteriormente). El 97% de los abortos se practicaron bajo el supuesto de riesgo para la salud mental de la madre.

Recientemente ha tenido lugar en Madrid una manifestación en contra de esta nueva ley y a favor de la vida… del no nacido, se entiende. La mayoría de los asistentes pertenecían a la base social del PP, un colectivo dividido ante esta cuestión entre los minoritarios católicos anti-abortistas y los que se oponen a la ampliación propuesta en la nueva ley porque discrepan del límite en las 14 semanas de gestación aunque comparten todos los demás supuestos de despenalización, y que son la inmensa mayoría. Porque según los datos del Gobierno –aun siendo escépticos con los mismos–  el 80% de los españoles estiman que el aborto es un derecho de la mujer y el 87% creen necesaria esta nueva ley. Este apoyo mayoritario se daría incluso entre los votantes del PP (un 64%) y entre los católicos practicantes (un 63%).

He ahí el estado de la cuestión: un enfrentamiento entre los defensores del derecho de la mujer a abortar y los defensores del feto a nacer. Una pugna reducida a consideraciones morales y derechos individuales. Una disputa entre feministas y quienes aducen motivos religiosos pero que en última instancia acaban despachando el asunto reduciéndolo a una decisión personal. Es el individualismo campando a sus anchas en ambos bandos, entre liberales y progresistas, entre cristianos y agnósticos. Sólo así se entiende que haya almas más escandalizadas por el banal hecho de que una adolescente de 16 años no necesite legalmente advertírselo a sus padres que por el aborto en sí mismo.

Oficialmente, el PP no participó en dicha manifestación aunque se ha posicionado oficialmente en contra de esta ley. Sus líderes conocen las encuestas a los españoles sobre la cuestión y buscan un posicionamiento lo más electoralmente provechoso. En realidad, PP y PSOE comparten el fondo de la cuestión aunque les separen discrepancias puntuales. No en vano, durante los ocho años de mandato de José María Aznar no se tocó ni una coma de la ley sobre el aborto existente.

Ante la nueva ley o la ya existente, se puede participar en este debate sin ser liberal. Porque frente a los defensores de los derechos de la mujer o los del feto, se puede estar con el nasciturus. Más allá de disquisiciones morales, religiosas o existencialistas, se puede defender al futuro ciudadano, al futuro miembro de la comunidad nacional. Más allá de la banalidad a la que indigentes intelectuales como la ministra Aído reducen la cuestión con sus eruptos verbales o la nauseabunda indiferencia de tanto paladín de los derechos del individuo, es posible creer en el pueblo español como vertebrador de la Nación. Por todo ello, los nacional-republicanos defendemos una ley que proteja, ante todo y todos, al nasciturus. Defendemos un Estado que ampare con todos sus recursos a los progenitores ante las dificultades que puedan tener. Defendemos una actitud de firmeza contra quienes destruyen el potencial humano de España.