Demoscopia adversa y voto alternativo
Los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) son como la gota malaya para los dos grandes partidos que vertebran el juancarlismo: trimestre a trimestre, las encuestas de intención de voto constatan la erosión del PP y el PSOE. Rajoy y Rubalcaba restan trascendencia a este descenso y lo consideran episódico. No hay ninguna convocatoria electoral a la vista, pero a los sondeos de opinión del CIS se suman otros que coinciden en reflejar el deterioro de las oligarquías políticas del régimen que nos ha precipitado a una catástrofe económica de proporciones descomunales, la sujeción a Eurolandia, la desarticulación nacional y que, para más inri, supura corrupción por cada uno de sus poros.
El PP en el gobierno y el PSOE en la oposición pierden enteros de manera sostenida y, en paralelo, la valoración de sus líderes cae a mínimos. Tampoco sale bien parado el ámbito institucional: ni la corona, ni el parlamento. La partitocracia borbónica aparece en el ranking de las mayores preocupaciones –entre el paro, las corruptelas y la situación económica– de la población española.
No obstante, los nacional-republicanos no nos entusiasmamos con estos resultados demoscópicos. Una encuesta de intención de voto, no es más que un registro de preferencias electorales ceñido a los cauces de participación y representación establecidos por el juancarlismo. Sería de ilusos interpretarlos como un brote de desafección al régimen, una respuesta anti-sistema, incluso si se diera crecimientos de voto en blanco y abstención.
Lo único que se puede inferir es que la mayoría de nuestros compatriotas siguen anclados a la política concebida exclusivamente como concurrencia electoral. Así, emergen, por descarte y demérito de aquellas formaciones mayoritarias, otras alternativas de voto: UPyD e IU escalan posiciones bajo la cobertura del voto de castigo hasta alcanzar la opción de bisagras en un escenario de fragmentación post bipartidista, tras unas hipotéticas elecciones generales. Son los neumáticos de recambio del juancarlismo. Sus propuestas son de mero recauchutado del régimen borbónico y su diferenciación respecto a otros partidos consiste en sostener embelecos reformistas impracticables, como la pretensión de UPyD de revertir hacia el Estado competencias de las comunidades autónomas mediante una revisión constitucional imposible. O la de IU de superar el capitalismo sin renunciar a la gestión de lo inmediato. Su objetivo no es rebasar el orden político y social vigente, sino permitir su rodadura. Son la reserva en las líneas defensivas del sistema.
“Movimientos sociales”.
Últimamente, ha adquirido especial relevancia mediática la PAH (Plataforma Afectados por las Hipotecas) y sus métodos acción: los «escraches», concentraciones para boicotear lanzamientos de viviendas y las ocupaciones de pisos vacíos para realojar desahuciados bajo la invocación de «autotutela» de derechos fundamentales. Pero la organización de la que es portavoz Ada Colau ha conjugado esta praxis con el recurso a instancias judiciales europeas y la ingenua esperanza de obtener del legislador, por medio de una iniciativa legislativa popular, una regulación benigna que sólo ha servido de papel higiénico para sus señorías de las Cortes, con mayoría del PP. Lo cual ilustra a la perfección para lo que sirven los resortes de participación que el juancarlismo concede aparte de las urnas y como el parlamento actúa de parapeto y tronera de los intereses de las oligarquías.
La secretaria general del PP, Cospedal, ha retado a los “movimientos sociales” a presentarse a elecciones y les ha negado carácter democrático. Más allá de este gesto chulesco, indica la hoja de ruta para su normalización e institucionalización. Como en cualquier estrategia intenta llevarse al terreno que le es más favorable la lucha, al de la “democracia representativa”. Porque ante todo, la partitocracia borbónica no puede permitir que cunda el mal ejemplo de la acción política que discurre fuera de los circuitos que controla: elecciones y parlamentarismo –y sindicalismo civilizado para la acción económica y socio-laboral–. Cualquier chispa podría producir un incendio.
Sin embargo, no tienen motivos reales para inquietarse. El precedente quincemayista mostró desde el primer momento su adicción a las formas participativas dentro del régimen, pese a sus movilizaciones y asamblearismo al margen de los partidos y aparatos sindicales: votar a cualquier opción menos al PPSOE, pero siempre votar, aunque en el peor de los casos fuera en blanco, era su extendida consigna en víspera de comicios autonómicos y municipales de 2011. Nada que en rigor pudiera calificarse de antisistema. No es sorprendente que, tempranamente, hayan surgido fracciones de este “movimiento transversal” que han completado su transformación en partidos con aspiraciones a obtener voz en el parlamento juancarlista (Equo, Partido X). Es el camino de la inserción electoralista que han mostrado otros movimientos, como Die Grünen en Alemania para, una vez obtenida la representación parlamentaria, acabar gravitando en la órbita de un partido mayor, como la socialdemocracia.
Hay una cierta efervescencia en torno a la virtualidad, más figurada que real, de los movimientos sociales que han surgido al calor de la crisis de liderazgo y representatividad del régimen. La celebración del 2º aniversario de los “indignados”–que ahora dicen pasar a la rebelión– muestra los vestigios del naufragio esparcidos en asambleas de barrio, mareas, los mencionados partidos, plataformas y corrientes “destituyentes” sin programa “constituyente” para el día después de la “destitución” y patochadas como la convocatoria de asedio al Congreso por la Plataforma ¡En Pie! del pasado 25-A, con más presencia de antidisturbios que manifestantes.
El Partido Nacional Republicano, conforme a sus definiciones estratégicas y resoluciones tácticas, ha saludado alguno de los aspectos positivos que han presentado estos movimientos de hecho, en cuanto han podido suponer desconexiones –intermitentes– con los mecanismos de participación y acción política monopolizados por los aparatos del régimen. Ahora bien, en ningún caso han significado un cortocircuito en el sistema. Incluso puede atribuírseles efectos negativos de rebote: neutralización y desmovilización de estallidos de mayor calado.
Partido, programa y acción
Por un lado, se puede aseverar que en España, gobierne quien gobierne, la mayoría estadística y democrática por excelencia, el pueblo trabajador (funcionarios, asalariados, autónomos, pequeños empresarios, parados, pensionistas, estudiantes, etc.), está siendo machacada por el aparato político de la monarquía juancarlista en dos frentes: el socioeconómico y el nacional. El segundo, a su vez, tiene dos vertientes: hacia fuera, el juancarlismo cede rasgos esenciales de soberanía nacional-popular española a la «gobernanza europea». Y hacia dentro, se muestra permisivo con las pretensiones de estatalidad propia que, de manera progresiva, tratan de imponer las burguesías periféricas de Cataluña y Vascongadas con la fragmentación de esa soberanía.
Por el otro lado, contrasta la débil repuesta de ese pueblo trabajador ante tanto ensañamiento, inversamente proporcional al daño infligido. Las medidas de expolio adoptadas desde 2008 por los sucesivos gobiernos de la monarquía hubieran justificado, cuanto menos, una oleada de explosiones sociales. Tal inercia se debe achacar a la anestesia paralizante de la “democracia representativa”. Las expectativas de igualdad, cambio y justicia social quedan depositadas en urnas cuya función primordial es evaporarlas en favor de los intereses del gran capital al que rinden servicio las camarillas oligárquicas del PPSOE y sus socios competidores de la periferia, CiU y PNV, embellecidas por el “pluralismo” de un variopinto conjunto de partidos sin posibilidad de formar gobierno que, igualmente, se presentan a elecciones en un burdo juego que equipara al embargado con los banqueros que instan la ejecución de su vivienda; al gran capitalista con el parado y pensionista; al separatista de cualquier región con el ciudadano de sentimiento español.
Uno de los principales cometidos del PNR es ofrecer la máxima visibilidad a nuestros compatriotas sobre las contradicciones en las que están instalados, mimetizadas por el parlamentarismo juancarlista, y exacerbarlas mediante la confrontación con nuestro programa de revolución doble, socialista y nacional-democrática.
Engañaríamos a nuestros compatriotas sobre sus posibilidades de sobrevivir a la barbarie capitalista y sus ciclos devastadores si no preconizáramos la liquidación de la hegemonía de las oligarquías de las finanzas y los oligopolios y la profunda transformación de las estructuras sociales. De la misma manera que les ocultaríamos que, inevitablemente, serán pasto del imperialismo depredador de otros estados muy soberanos y súbditos de los territorios resultantes de la implosión ex centralizadora que promociona el régimen borbónico si no abogáramos por la introducción de un nuevo modelo productivo basado en la titularidad pública de sectores estratégicos de la economía y en la autosuficiencia energética, la abolición del sistema autonómico y la ruptura con Eurolandia. De lo contrario, como la mayoría de partidos y movimientos sociales, sostendríamos un discurso funcional al capitalismo.
No sólo en la letra, sino también en los métodos de acción hay que estar a la altura de lo que se pretende. El programa del PNR, por su orientación revolucionaria, es irrealizable mediante la presentación de candidaturas a los comicios que se celebran bajo el juancarlismo. La experiencia histórica descarta que algún partido con un programa mínimamente revolucionario lo haya podido materializar a través del parlamentarismo. El electoralismo y su corolario parlamentarista son las formas de participación y representación consustanciales al dominio del gran capital, al igual que la representación estamental por brazos o estados era la propia del Antiguo Régimen. Por cierto, el tránsito de ese mundo al contemporáneo no se realizó mediante la participación en las instituciones que lo conformaban, sino con el recurso a la guillotina.
En coherencia con nuestro programa, postulamos que en la situación actual el único camino es la acción directa de masas en la calle dirigida a derrocar al juancarlismo para avanzar en la instauración de una República unitaria y del trabajo en aras de la reconstrucción integral de España. Será entonces cuando pueda hablarse verdaderamente de «fiesta democrática».
Negamos la gran mentira que supone afirmar que la política sólo puede ejercerse mediante la participación en las elecciones que organiza el régimen juancarlista para plebiscitar a sus oligarquías, proseguir con el curso disgregador de España y apuntalar el capitalismo a costa de la pauperización masiva de los españoles y su colonización.