Las grandes centrales sindicales, CC.OO y UGT, son aparatos de la monarquía juancarlista de los banqueros y oligopolios. Su finalidad primordial es contener la lucha de los trabajadores españoles bajo la invocación a la “negociación y el diálogo social”, letanía compartida con los jerarcas del gran capital, el grupo social hegemónico del régimen. Ocasionalmente, promueven movilizaciones de desfogue, para atajar el riesgo de acciones “salvajes”. Añádase su función de división de la acción conjunta del pueblo trabajador español de acuerdo con el fragmentado marco autonómico.
El Partido Nacional Republicano entiende que no hay otra salida a la situación actual que el combate por la refundación de la Nación Española. Este combate no sólo supone la ruptura con las instituciones seudodemocráticas del régimen. Ha de extenderse, además, a sus estructuras de encuadramiento laboral, que regentan las grandes centrales sindicales.
Al Estado monárquico de la partitocracia y de las autonomías oponemos la necesidad de una república española unitaria y democrática. Y frente a la monarquía del gran capital no hay otra alternativa que el signo socialista de esa república.
El Partido Nacional Republicano califica de mascarada la convocatoria sindical de UGT y CC.OO para el 12 de diciembre, secundada por IU y la farándula. Con una tasa de desempleo cercana al 20% y la persistencia de un panorama económico depresivo, esta “movilización general” de fin de semana no puede ser interpretada como “manifestación contra los empresarios”. Es una exhibición de fuerza de los bonzos sindicales para demostrar a la monarquía del gran capital hasta qué punto son indispensables y dignos de confianza para mantener la “paz social”, mientras se recrudece la crisis. Por ello recibirán sustanciosos estipendios y subvenciones. Por el momento, los poderes públicos han facilitado el flete de varios trenes a través del organismo público Renfe para garantizar la presencia masiva de los centenares de miles de liberados sindicales, cuyas organizaciones incentivan su participación ofreciéndoles una “gratificación” por su asistencia.
Los puntos en los que se basa la acción del 12-D, según las organizaciones convocantes, son:
“Trabajo”. Los grandes sindicatos se asientan en los trabajadores fijos de las grandes empresas y administraciones públicas. No defienden a los asalariados de pequeñas empresas ni a los parados. Menos aún a autónomos y pequeños negocios. Además, durante las dos últimas décadas, en aras a la “competitividad” y la “convergencia con Europa”, suscribieron las primeras medidas de “flexibilización” del mercado laboral y los “contratos basura”. Igualmente, apoyaron las políticas favorables a la inmigración masiva dirigidas a rebajar las condiciones salariales de los españoles. Y ahora resulta que ni siquiera son capaces de hacer frente a la extensión del paro entre sus clientelas de trabajadores fijos. Frente a las deslocalizaciones de grandes empresas se han limitado a inanes pataletas y están dando su visto bueno a un ERE tras otro.
“Que no se aprovechen de la crisis”. Se refieren a las propuestas de “reforma laboral” que erosionarían los grandes feudos sindicales y sus clientelas. Sin embargo, las grandes centrales no han convocado movilizaciones contra los manguerazos de millones de euros a cuenta del bolsillo de los trabajadores españoles que, con el pretexto de la crisis, han ido a parar a los grandes constructores, a la banca, a las cajas de ahorro, al automóvil, a los aparatos autonómicos –sobre todos catalanes y andaluces– y al timo de las energías renovables. Todo eso mientras el futuro de las prestaciones por desempleo o las pensiones, lejos de estar garantizado, parece más que incierto. Pero puestos a aprovecharse de las crisis, según ha denunciado la organización sindical CGT, tanto UGT como CC.OO cobrarían “honorarios” por el asesoramiento que brindan a las empresas en dificultades que destruyen puestos de trabajo vía ERE.
“Diálogo social”. Este término equivale a lo que el parlamentarismo es en el plano político global. Circo electoralista y bufonadas de las burocracias sindicales “de clase” son armas con que cuenta el régimen frente a nuestra única salida: la acción política directa del pueblo trabajador, al margen y contra los dispositivos políticos y sindicales oficiales.
La evolución histórica de sindicalismo muestra de modo inapelable, en todos los países, su paulatina inserción en las redes del Estado capitalista. En nuestro caso, el carácter institucional de los grandes sindicatos se manifiesta en las fuentes de su financiación: a duras penas podrían mantenerse con las cuotas de sus afiliados. La mayor parte de sus recursos los obtienen del erario público en atención a la fórmula de “mayor representatividad” y a la atribución de “funciones consultivas” que le confiere el ordenamiento jurídico-político. Además, engordan sus ingresos las subvenciones que la administración libra a su favor y la gestión de diversos fondos de formación puestos a su disposición, bien directamente, bien a través de fundaciones en las que ejercen el patronazgo.
No cabe ninguna medida contra la crisis que no imponga el derrocamiento de la monarquía y la instauración de una república española justiciera: la concentración del sistema financiero en una banca nacional del trabajo como instrumento esencial de planificación y canalización de créditos blandos a las familias y pymes; la creación de un sector público vigoroso para el rearme industrial y tecnológico general, empezando por el sector agroalimentario; el paso a la titularidad pública del estratégico sector de la energía; la ruptura con la disciplina monetaria de la Unión Europea; la supresión del destructivo Estado autonómico y la reordenación racional de las administraciones públicas; el cese de las bicocas y subvenciones a grupos parasitarios…
Y no será mediante las farsas del sindicalismo sostenido e insostenible como se atajará la crisis, sino a través de una creciente movilización directa del pueblo trabajador español. Movilización política contra el régimen, y no por “pueblos” y “autonomías”. Extensión de las huelgas de los centros de trabajo y estudio. Comités de base surgidos de asambleas soberanas, no sujetas al mandato de los delegados sindicales y comités oficiales. Formación de piquetes de información y extensión de las luchas independientes de los liberados del sindicalismo apesebrado. Ocupación de centros de trabajo. Concentraciones masivas ante sedes institucionales y centros neurálgicos de las ciudades. Creación de juntas territoriales capaces de acoger a todos los sectores –asalariados, autónomos, pequeños negocios, etc.– dispuestos a la lucha.
Hay que acabar con el reino del Borbón, que es lo mismo que el reino del Botín. Y que no nos tome el pelo el nuevo sindicalismo vertical, ni su chirigota de presuntos artistas, meros coros y danzas del régimen.