La resolución del parlamento catalán de declaración de independencia pone colofón a casi cuarenta años de ejecutoria antinacional del régimen borbónico que arranca en sus albores con el reconocimiento constitucional de las «nacionalidades históricas» y sus «hechos diferenciales» amparados en el estado de las autonomías, a la postre cortijos de los señoritos y caciques corruptos de la burguesía del 3% en Cataluña, y dominio del terrorismo antiespañol en Vascongadas.

El presidente del gobierno, Rajoy, bravucón, ha espetado que no permitirá que «unos señores se salten las leyes», pero la realidad es que ha consentido el despliegue de las insidias antiespañolas en Cataluña durante los últimos tres años sin imponer la ley a la que tanto apelan sus leguleyos y que en el actual marco jurídico-legal no es más que papel mojado. Por su parte, el rey como garante de la unidad y continuidad del Estado, tras declarar con afectación que vivíamos «días complicados», ha debido mostrar un perfil más adecuado a las funciones que se le presuponen como jefe de Estado con invocaciones a la unidad y soberanía nacional. No obstante, al igual que su padre, está dispuesto a ser el monarca del «reino unido de naciones» que se pergeña desde las altas instancias del sistema juancarfelipista y que supondrá la liquidación de la nación española como realidad política.

Rajoy, presto y determinado ante un despropósito anunciado con antelación y jolgorio por el separatismo, ha solicitado la evacuación del preceptivo informe del Consejo de Estado antes de interponer el consabido recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, la misma instancia que días atrás no ponía traba alguna a la celebración en la cámara autonómica catalana de un debate a cuyo embellecimiento democrático y pluralista han contribuido como comparsas los parlamentarios del PP, PSOE y C´s; cuyos votos minoritarios han conferido el sello de legitimidad a una institución rebelde y sediciosa cuya «mayoría no cualificada», sin temor a ser disuelta ante tanta connivencia disfrazada de inanidad legalista de los poderes del estado, además de proclamar la «república catalana», prevé en su carrera hacia la secesión aprobar leyes de «desconexión» y desobedecer cualquier resolución emanada del estado.

Toda esta algarada y la que esté por venir forma parte de la escenificación necesaria que sirva de coartada para avanzar en la hoja de ruta confederal del régimen.

Lo que se está cociendo

Con las elecciones generales a la vista y el trasfondo del proceso secesionista catalán, en la línea de la «solución política» que para Cataluña reclama el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en la próxima legislatura, sea el partido del régimen que la vaya a gerenciar con el auxilio de Ciudadanos o Podemos, se abrirá el debate de reforma de la constitución. Toda la partitocracia borbónica, incluido el PP con sus vaivenes, ha mostrado su disposición a abordar la revisión de la norma. A partir de ahí, solo cabe esperar del régimen la conformación de España como una «nación de naciones», un estado confederal de facto que disolverá la soberanía nacional-popular española en las “singularidades” de la “nación catalana”, “la vasca”, y al alimón las que vengan, mientras que formalmente mantendrá su unidad, a la que la figura del rey se prestará como nexo.

El régimen no es la solución, es el problema

Ni el rey, el gobierno y los demás poderes del Estado, los partidos de las pseudo-España constitucional que defienden el estado autonómico o su reforma en un supuesto «estado federal», así como pretendidamente alternativos de Podemos que abogan por «el derecho a decidir», son un dique ante el separatismo. Antes que aguardar a una estridente declaración unilateral de independencia en Cataluña, lo que se producirá es una reforma constitucional instada por el propio régimen con el pretexto de mejora la articulación territorial y la salvaguarda de la «unidad de España». Todo ellos facilitarán, de un modo u otro bajo la fórmula del consenso y el diálogo desempolvado de la mitificada transición, el «aggionamento» a las burguesías antiespañolas de Cataluña, eliminando los pocos resortes unitarios que aún perduran en el vigente ordenamiento. Esta radical excentralización es funcional a los intereses de las oligarquías de los oligopolios y las finanzas del gran capital del régimen, en sintonía con las dinámicas colonizadoras del capitalismo centroeuropeo de Eurolandia.

Españoles, ¡acción directa!

Quien todavía se sienta español y viva los bochornosos sucesos de Cataluña como un drama personal no puede confiar en la pseudo-España constitucional que nos ha traído hasta aquí.

Es el momento de auto-organizarse en comités cívicos para la resistencia ante los avances del separatismo en Cataluña con extensión de la lucha al resto de España, no para exigir el cumplimiento de la legalidad que el mismo régimen burla, sino para propiciar su derrocamiento en las calles mediante una contestación masiva que movilice al núcleo de compatriotas que no está dispuesto y no se resigna a ver desaparecer la nación española.

¡República Española!

El Partido Nacional Republicano preconiza frente a la monarquía borbónica del régimen del 78:

• La constitución de España en República única e indivisible. La soberanía nacional residirá en el conjunto del pueblo español: ningún territorio, grupo o individuo podrá usurpar facultades inherentes a su ejercicio.
• República presidencialista, con elección directa del Jefe del Estado por el conjunto de la Nación.
• Ordenación territorial integrada por la Administración General del Estado y por la Administración Local. La mayor parte de las competencias actualmente ejercitadas por las Comunidades Autónomas deberán ser revertidas a la Administración General del Estado; el resto, transferidas a los Entes Locales. Entre ambas esferas administrativas serán redistribuidos los recursos humanos y materiales en manos hoy del despilfarro autonómico, procediéndose a su posterior racionalización bajo la nueva Administración.
• Abolición de toda forma de régimen foral, conciertos y demás modalidades de privilegio territorial.
• La única lengua oficial de la República, en todas sus instituciones, administraciones y niveles educativos, será la lengua española. Entendida como institución integradora de la patria española común, todos los ciudadanos tendrán el deber y el derecho de conocerla. A la vez, se garantizará en los planes de estudios el conocimiento del resto de lenguas españolas en todo el territorio nacional, pero no se les conferirá el carácter de “cooficiales” en zona alguna.
• Prohibición de partidos separatistas.

¡Hacia la III República española, única e indivisible!