Como no podría ser de otro modo, el anuncio del plan de estabilidad y el programa de reformas del gobierno se traduce de manera inmediata en un nuevo varapalo para los españoles. Supone por recortes y mayores ingresos un ajuste por 3.000 millones de euros adicionales: prórroga del recargo especial “solidario” de IRPF sobre las rentas del trabajo y de la subida del impuesto de bienes inmuebles, aumento impuestos medioambientales y especiales.

Pero ante todo, la comparecencia pública del último consejo de ministros hubiera tenido que ser la propia de un gabinete de crisis, a la luz de los resultados arrojados por la última Encuesta de Población Activa y de las previsiones que manejaban los titulares de las carteras económicas. Porque son los datos macroeconómicos de una debacle sin precedentes: 6,2 millones de parados, tasa de desempleo del 27,1% que, en el mejor de los casos, descenderá al 25,8% en 2016 cuando, según la prospectiva del ejecutivo, el PIB crezca, no se sabe cómo, poco más de un 1%; mientras que la deuda pública ya habrá alcanzado casi el 100% de este indicador.

Todas estas cifras viajan para su supervisión a Bruselas que concede un aplazamiento de dos años a Madrid –y París– para el cumplimiento del objetivo del 3% de déficit. Lo cual se celebra en algunos medios como una incipiente reorientación de Eurolandia, una aparente tregua en sus políticas restrictivas de «consolidación fiscal». Pero no hay que llevarse a equívocos, la artillería pesada se pone en «reformas estructurales» que, invariablemente, serán más traumáticas que cualquier ajuste y en España pasan por meter mano a la jubilación con la introducción del «factor de sostenibilidad» como camelo para justificar la inviabilidad del sistema público de pensiones.

Mariano Rajoy ha pretendido quitar hierro al cuadro presentado por su equipo económico y ha calificado de realista exponer los números rojos a la ciudadanía. Saca pecho ante lo que podría suponer su sentencia en las próximas citas electorales, a las que concurrirá en su haber con 1,3 millones de puestos de trabajo destruidos, según su propia estimación, superando con creces la «herencia recibida».

Tal actitud, denunciada con estupor por la propia órbita mediática del PP como de resignación ante la fatalidad de un gobierno que cuenta con mayoría absoluta, no debería hacer perder el detalle: Rajoy miente una vez más. Ciertamente, no son previsiones las suyas que pequen de optimismo para el próximo trimestre; pero hablar de recuperación económica dentro de tres años es engañar deliberadamente. Pese a las miríadas de arbitrios y remedios para conjurar el paro que regalan legiones de plumillas, tertulianos, expertos y voces críticas de su partido, Rajoy es conocedor del fondo del asunto: no existe nuevo modelo productivo que reemplace al ladrillo para el relanzamiento de la economía ni condiciones objetivas para que se produzca mejoría alguna ni en 2016 ni en 2018. Ni sector capaz de revertir la tendencia a la caída del consumo y la inversión: el público aparece embarrancado por la austeridad presupuestaria dictada por Eurolandia, a la par que mantiene el lastre autonómico y le permite aún mayor endeudamiento para este ejercicio. Poco se puede esperar del sector privado y su raquítico tejido empresarial en acelerada descomposición, débil de por sí por su pequeña estructura y baja productividad y diezmado por el cerrojazo crediticio de una banca parasitaria…Y de la panacea exportadora, nada de nada: se dirige mayoritariamente a un área deprimida como la eurozona, a la que el FMI pronostica recesión con la consiguiente contracción de la demanda. Y aquellas exportaciones que se destinan allende los mares, lo hacen bajo una moneda demasiado fuerte, el euro, troquelada a conveniencia del imperialismo alemán, que no facilita ventaja competitiva alguna en los mercados exteriores.

Los grandes aparatos sindicales del juancarlismo, UGT y CCOO, con ocasión de su reaparición obligada como oficiantes de la vacía liturgia del primero de mayo, han caracterizado la situación de «emergencia nacional» y han clamado por un «pacto nacional por el empleo». Pero a esta catástrofe han contribuido ellos con su complicidad y apoyo a las políticas de estabilidad, competitividad y convergencia con Europa que han supuesto el desmantelamiento global de cualquier resorte de potencial económico en todos los sectores y la condena al paro en masa de los españoles.

El rey ya ha ofrecido sus servicios para auspiciar pactos por encima de intereses particulares, siglas e ideologías apelando a su papel arbitral y moderador en una iniciativa que trata de restituir la imagen de la corona borboneando. Por el momento, el gobierno de Rajoy, no cede a las presiones ni a la voluntad general demoscópica y sólo cuenta con los «agentes sociales». Pero, no debe descartarse que de acometer nuevas reformas de estructura, tal y como exige Eurolandia, se realicen con el concurso de resto de los partidos de la monarquía y actores económicos en el contexto de un gran acuerdo “nacional”, una especie de reedición de los pactos de la Moncloa, que sirva para prestigiar el liderazgo de este régimen en crisis. Que de imponerse, caerá a plomo sobre los asalariados, funcionarios, autónomos, pequeños empresarios, parados y pensionistas.

A estas alturas se ha desvanecido el mito del PP como partido de gestores eficaces y queda en evidencia, una vez más, las patrañas de su programa electoral con el que engatusaron a los votantes: con los ganchos del crecimiento económico y su compromiso con el empleo que, a la primera de cambio, machacaron con una reforma laboral, en línea con sus predecesores del PSOE, para hacernos llegar hasta aquí, con más de 6 millones de compatriotas en la intemperie.

Pero es falso que el gobierno del PP esté formado por ineptos. «Saben lo que hacen»: salvar y sanear los enclaves del gran capital en apuros, como la banca y las cajas, y propiciar en un momento de depresión económica las condiciones necesarias para maximizar el beneficio a costa de los trabajadores mediante reformas estructurales, como la laboral y la de jubilación en ciernes, y la redimensión del aparato asistencial del estado y de redistribución de la riqueza, para que, en el largo plazo, el capital pueda catapultarse en un nuevo ciclo expansivo.

Estamos en estado de emergencia nacional desde hace seis años, cuando estalló la crisis y lo seguiremos estando dentro de otros seis más y hasta decenios, si los trabajadores, esto es la mayoría de los españoles, no nos movilizamos, no para defender derechos en retroceso, sino para conquistar un nuevo estatus sacudiéndonos de encima la hegemonía del gran capital y sus malditos ciclos económicos, cuyas etapas de recuperación y auge sólo representan un escalón previo para preparar una nueva devastación, aun más profunda si cabe, en la próxima recesión y vuelta a empezar.

Romper con este círculo vicioso implica la defenestración de las oligarquías políticas, sindicales, financieras y oligopolistas de la monarquía juancarlista, únicas responsables del desastre, para instaurar una República Española que quiebre la subordinación a Eurolandia y recupere nuestra soberanía económica para alumbrar un nuevo modelo productivo de potencia basado en el rearme industrial y tecnológico, acometido por un vigoroso sector público dentro de un plan de socialización de sectores estratégicos. Lo demás es pedirle peras al olmo.