Con la monserga de atajar el “déficit tarifario” de las eléctricas, el gobierno del PP ha vuelto a perpetrar un nuevo atraco a los españoles en beneficio de estas compañías que conforman uno de los oligopolios del gran capital apuntalados por el juancarlismo y en cuyos consejos de administración, en recompensa a sus servicios, se apoltronan prebostes jubilados de la partitocracia, como los expresidentes González y Aznar.

Soria, el ministro de Industria, ha planteado con tintes dramáticos la segunda reforma para el sector en menos de un año para cubrir el supuesto desfase: o los ajustes eran aceptados por todos los agentes o se tendría que trasladar un incremento del 17% al recibo de la luz. Esto ha permitido al gobierno comparecer como el adalid del interés general en una solución justa que reparte la factura entre consumidores, eléctricas y Administración. Y a la patronal que agrupa al sector, UNESA, presentarse como víctimas de las medidas, que avisan que sufrirán pérdidas y se verán imposibilitadas para realizar inversiones.

Pero la realidad es que se ha metido un palo a los españoles por doble vía: como consumidores, familias, comercio e industria sufrirán una subida del 3,2% en el recibo de la luz de manera inmediata. Como contribuyentes, se financiará también la deuda a las eléctricas a través de la correspondiente partida con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

El déficit que las eléctricas sufren aparentemente, vendría determinado por la diferencia entre los costes derivados de la producción de energía, peajes, transporte, distribución y los ingresos insuficientes que obtienen, fijados en buena medida por un sistema de precios irracional e ineficiente que retribuya a todas estas compañías por igual, independientemente de los gastos que soportan las diferentes formas de generación de electricidad. Todo este relato, funcional a los intereses de este oligopolio, en el fondo es pura ficción que ignora que los peajes vienen regulados por el gobierno y que la mayoría de inversiones ha sido costeada por los españoles, (recargos por la moratoria nuclear, costes de transición), que en muchos casos se sirven de fuentes de energía que constituyen bienes públicos a coste cero -caso de las hidroeléctricas- o con inversiones que están amortizadas, como la nuclear, y que la mayoría de las compañías gozan de beneficios sobrevenidos desde hace años.

Si, por un lado, resulta obvio que España es el país con la energía eléctrica más cara de Europa (de 2003 a 2011 el recibo para empresas y familias ha registrado un subida del 63%), por el otro, más allá de este latrocinio, lo que resulta evidente es que no puede hablarse de ninguna viabilidad económica ni ningún modelo productivo sin un modelo alternativo para la generación de energía que no ponga el kWh a precio de oro.

Y por más que se empeñen los ecólatras y progres, no sirven por sí solos como alternativa ni los molinillos ni los espejuelos que se han instalado para engordar los bolsillos de las clientelas subvencionadas de la partitocracia a base de encarecer el precio la luz con primas a las renovables. Invariablemente, habrá que conjugar diversas formas de generación en un sistema mixto en el que, como el Partido Nacional Republicano ha manifestado en diversas ocasiones, se deberá primar el recurso a la energía nuclear.

La energía, como cualquier otro sector estratégico, no puede estar en manos privadas ni sometida a criterios de beneficio capitalista, sino que debe ser transferida al sector público como condición para el desarrollo y beneficio de la Nación. Es la lógica de la socialización frente a la del robo de los oligopolios.