En el Partido Nacional Republicano también hemos estado atentos a las informaciones que han ido saliendo de las andanzas financieras de los miembros de la casa real Urdangarín-Borbón.

Se trata de un gravísimo escándalo de corrupción que salpica a la corona en un momento en que goza de los más bajos índices de popularidad desde la Transición. Así, en los últimos 16 años la valoración de la monarquía ha ido decreciendo de manera progresiva y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) presentó el pasado octubre una encuesta en la que, por vez primera, la suspenden. Es más, casi un 30% de los encuestados declara sentir poca o ninguna confianza hacia la casa del rey. Concretamente, se apunta que entre la perfecta indiferencia que los jóvenes sienten se abre paso un sentimiento: «estaremos mejor sin ellos».

Este asunto, sin duda, no viene a reafirmar en su trono a Juan Carlos I en su postrero tramo. Antes bien, agita considerablemente la pútrida y pestilente tela de araña del régimen del que es protagonista principal. Porque resulta que su yernísimo, según la fiscalía, organizó una trama de sociedades a cuyo frente se halla el Instituto Nóos para lucrarse con fondos públicos mediante contratos inflados o amañados que eran desviados a paraísos fiscales con el fin de evadir impuestos.

A Iñaki Urdangarín se le van a imputar delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y falsedad documental. Un comportamiento delictivo que a la corona sólo le ha merecido el calificativo de «poco ejemplar». Es evidente que este sería un caso más de corrupción en el marco de un régimen podrido hasta el tuétano de no ser porque Iñaki Urdangarín es más que un ex deportista del balonmano. Es el esposo de la hija del rey, la infanta Cristina, séptima en la línea sucesoria.

La trama de Urdangarín

La investigación de esta trama se inicia en el caso Palma Arena, concretamente en dos convenios firmados con el gobierno autonómico balear y el Instituto Nóos con un coste de 2,3 millones de euros para la celebración del Forum Illes Balears en 2005 y 2006. El juez llevó su investigación hasta la Comunidad Valenciana, donde la fiscalía ha interrogado a distintos cargos del PP. Por aquellos años, el ejecutivo autonómico valenciano de Francisco Camps contrató al Instituto Nóos para organizar tres ediciones de las jornadas Valencia Summit y la elaboración de un estudio. Por estos encargos, Nóos cobró de la Generalidad y del ayuntamiento valenciano más de 4 millones de euros. Además, a iniciativa del dirigente del PP Esteban González Pons, se firmó un convenio por un total de 6 millones de euros por más estudios destinados a preparar la candidatura de unos Juegos Europeos en Valencia.

Los colaboradores de Urdangarín han destapado el entramado societario urdido y sus métodos operativos. Los ingresos del Instituto Nóos procedían de fijar unos precios desproporcionados por los servicios contratados por diversas administraciones y empresas públicas. «Tras recibir los fondos públicos se simulaba la contratación de servicios ficticios por importes superiores al servicio realmente prestado emitiendo las correspondientes facturas». Según el socio de Urdangarín, aunque ninguno de los directivos de Nóos cobraba por «funciones de gerencia», Urdangarín sí que facturaba a la sociedad por «los servicios prestados a través de la empresa de la que es administrador, llamada Aizoon, en razón de los estudios y dirección de proyectos que realizó».

Para desviar a sus sociedades patrimoniales los fondos del Instituto Nóos tejieron una trama de sociedades instrumentales con las que cruzar facturas falsas para engañar a Hacienda tras evadir a paraísos fiscales como Belice estos caudales. Para ello utilizó la ONG Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS) que creara junto a su socio Diego Torres, destinada a la ayuda de niños marginados, discapacitados y enfermos de cáncer. En total, se cree que el conglomerado formado por el Instituto Nóos facturó más de 16 millones de euros a lo largo de los últimos nueve años.

Iñaki Urdangarín se aprovechaba para estos negocios de su condición de miembro de la casa real. En su tarjeta de visita incluía como reclamo la presencia en los órganos de dirección del Instituto Nóos tanto de su mujer, la infanta Cristina, como de Carlos García Revenga, asesor de la casa real por ser secretario personal de las dos hijas del rey. Jaume Matas ha asegurado que firmó los convenios con el Instituto Nóos porque «venía avalado por alguien tan respetable, relevante y honorable como el duque de Palma de Mallorca». El ex presidente balear no creyó oportuno, por esta razón, invitarle a presentarse a un concurso público.  Pero el juez y la fiscalía entienden que fueron adjudicaciones amañadas al margen de la legalidad de la contratación pública. Pero Urdangarín también venía precedido por el prestigio de haber sido vicepresidente del COE –gracias a su condición de miembro de la familia real –y arropado por grandes empresas como Repsol y Telefónica, de la que ya entonces era consejero.

El papel de la infanta Cristina

La Fiscalía Anticorrupción ha montado un primer cortafuegos para la corona. Un portavoz ha declarado que «la infanta Cristina está libre de toda sospecha. Ni se la está investigando ni se le va a citar como testigo, y mucho menos como imputada». También queda libre Carlos García Revenga. Lo justifican porque estaban «apartados del conocimiento del área financiera». Fue lo primero que Urdangarín declaró a los medios a instancias de la Zarzuela: sus actividades privadas «nada tienen que ver» ni con su familia (la infanta) ni con la casa real (el rey).

Pero es difícil creer que su esposa, la misma con la que comparte vida, vivienda, bienes y hacienda y que ocupaba diferentes cargos  en el entramado societario, no estuviera al tanto de estos asuntos. Esta ignorancia recuerda a la de Ana Mato, hoy ministra, cuando su marido guardaba en el garaje un magnífico Jaguar procedente de la trama Gürtel sin su conocimiento.

La infanta Cristina era vocal de la dirección del Instituto Nóos y era la copropietaria al 50% de la inmobiliaria Aizoon –además de secretaria de su consejo de administración– y de la sociedad ya extinguida Namaste. Aizoon tuvo su sede desde 2006 hasta agosto pasado en el espléndido palacete del exclusivo barrio barcelonés de Pedralbes en el que residieron los Urdangarín-Borbón.  Un palacete, adquirido gracias a los lucrativos negocios del patriarca y valorado en unos diez millones de euros. ¿Tampoco se preguntó su alteza de dónde procedía el pago de tan elevada cuantía? Los investigadores creen que el traslado de la sede de Aizoon pretendía evitar el registro de dicha residencia de la casa real y que pueda ser objeto de embargo tras una sentencia judicial desfavorable. Además, evidencia los vínculos aún existentes en fecha tan tardía entre Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres.

El Borbón, borbonea

Otro cortafuegos ha sido levantado por la corona al excluir de los actos oficiales de la casa real a Urdangarín por su comportamiento «poco ejemplar». Estas navidades, las infantas no aparecerán por la Zarzuela. El propio Urdangarín ha lamentado «el grave perjuicio a la imagen de mi familia y de la casa de su majestad el rey».

Al principio se ha pretendido que el rey no conocía los tejemanejes de su yerno. Pero quién se puede creer que los servicios de información de la monarquía no informaran al jefe del Estado. Al extenderse en la opinión pública el convencimiento de que el rey estaba al corriente de lo que su yerno practicaba, la Zarzuela se apresuró a informar de que ya en 2007, ¡qué casualidad!, se encargó a un bufete de abogados la investigación del entramado empresarial de los duques de Palma. A raíz de su informe, el rey instó a su yerno a abandonar el Instituto Nóos. Pero aunque lo hizo no se desvinculó de la trama, por lo que le animó a seguir desarrollando sus actividades fuera de España. En el verano de 2009, los Urdangarín-Borbón se mudaron a Washington. Allí, él desempeña el cargo de consejero de Telefónica Internacional –fichado tras “abandonar” el Instituto Nóos– y ella ejerce de directora del área internacional de la Fundación La Caixa.

Es evidente que las corruptelas de su yerno no le debieron parecer intolerables. Al fin y al cabo, el rey no creyó que fuera necesario reparar el latrocinio. ¿Por qué no le sugirió que resolviera el entuerto mediante una conducta ejemplar y devolviera lo que hubiera que devolver? ¿Por qué no puso en conocimiento de la justicia el comportamiento presuntamente delictivo de su yerno?

La primera reacción de Urdangarín fue de indignación, se sentía maltratado por los medios de comunicación. Como han hecho patente los protestantes del 15-M, la indignación es lo propio de quienes se sienten agraviados en sus derechos adquiridos. Urdangarín así se ha sentido, ya que no ha hecho nada que no fuera habitual en su círculo más próximo. Por esto estaban en el ajo su mujer y el secretario de su cuñada.

Se desempolvan ahora aquellos viejos asuntos pecuniarios de su suegro, el rey. Se vuelve a examinar ahora el papel de intermediario que siempre se ha reconocido al jefe del Estado en lo referente a los negocios de las transnacionales españolas en el extranjero, especialmente entre sus “parientes” de las petromonarquías árabes. Se cifra en bastantes ceros la jugosa comisión por el reciente acuerdo para construir en Arabia Saudita un tren de alta velocidad por Renfe. Cae la sordina que siempre se había puesto a los rumores y relatos de sus actividades económicas privadas, de sus intermediarios y testaferros. Se recuerdan las presiones del monarca al Constitucional para que Alberto Alcocer no acabara en la cárcel. Se recuerda al fallecido “intendente real” Manuel Prado y Colón de Carvajal. Se recuerda, también, a Javier de la Rosa. Se especula con la fortuna que el rey ha levantado desde 1975, para resarcirse del “default” doméstico que sus mayores provocaron con sus continuas visitas al casino de Estoril. Se especula con un patrimonio a buen recaudo en los harenes de sus “parientes” árabes. Y se advierte del constitucional carácter impune de su persona, o sea, patente de corso.

No contento con todo este esperpento, ha reclamado en su tradicional discurso de estas fechas «rigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos», porque «las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar». Y es que todos somos iguales ante la ley… menos el rey.

El príncipe heredero

Este escándalo está siendo utilizado por los monárquicos para acelerar la sucesión en el trono. Los escándalos privados de una familia desestructurada ya no les salen gratis. Las desavenencias entre el rey y su esposa, entre el rey y su nuera, entre su nuera y sus hijas, etc. están dejando de ser asuntos tabú. Estos Borbones hacen honor a su dinastía, a Isabel II, a Alfonso XIII…  El desprestigio de la monarquía prosigue.

Ciertos medios de comunicación han iniciado una campaña a favor de Felipe de Borbón. Han ensalzado su actuación en la defenestración de su cuñado. Califican de estelar la presentación de su Fundación Príncipe de Gerona en Barcelona, icono de una monarquía de nuevo cuño desligada del franquismo y de la corrupción paterna. Sus partidarios son, principalmente, de Barcelona. Pero Juan Carlos no se fía de su hijo y menos aún de su mujer. El pacto de silencio de los poderes fácticos de la monarquía de los banqueros sigue vigente. Se seguirá tapando cualquier escándalo mientras se pueda.

La denuncia real

Pese a lo escandaloso y grave de lo narrado, no mueve al Partido Nacional Republicano hacer de este sainete real el objeto central de su crítica al régimen juancarlista. Esto queda para quienes pretenden hacer creer que todo se reduce a ese viejo dilema decimonónico entre monarquía y república. Queda para quienes su republicanismo se limita a reivindicar repúblicas pasadas tan dañinas para España como la dinastía borbónica.

Si en la casa real hay manzanas podridas ¿qué podemos decir de los cortesanos y pajes que la cortejan? El cesto que cobija a estas manzanas es el cesto del régimen juancarlista. Pero el PNR no llama al derrocamiento juancarlismo por ser un régimen corrupto, que lo es hasta el tuétano. Llamamos a su derrocamiento por su naturaleza antinacional, antidemocrática y antisocial. El PNR no está entre quienes buscan cambiar una monarquía corrupta antinacional por una república corrupta antinacional.

Y advertimos que cuanto más amenazados se sientan los Borbones, más se radicalizará el pacto de acero de la corona con el PPSOE y los separatistas vascos  y catalanes. Y más chapotearán en las cloacas del régimen. Somos conscientes que cuanto más cerca esté la sucesión en el trono, más hay que temer por las amenazas extranjeras sobre territorio nacional, más se acelerará la centrifugación confederal de España. Pero esos peligros no van a detener nuestra lucha por el renacimiento de nuestra Nación.

¡Destruyamos el régimen juancarlista para reconstruir España!
¡Hacia la Tercera República!