Abogamos por la forja de un partido de la esperanza en una nueva España. De lucha por el cumplimiento de unas tareas de revolución doble (nacional-democrática y, a la vez, social) que hasta el momento hemos postergado. Unas tareas que exigían enlazar el esfuerzo de superación del Antiguo Régimen, con el de resistencia al naciente mundo del Capital, para una reordenación de la Nación en torno al eje del Trabajo.

Por desgracia, en nuestro país como en muchos otros, el marxismo se hizo con el monopolio de la idea transformadora y la retuvo durante un largo periodo. Las consecuencias han sido claras. Subordinación dogmática a “cosmovisiones” presuntuosas y mesiánicas, ajenas al espíritu científico que invocaban. Adoración beata de las virtudes de una clase social presuntamente salvadora de la humanidad. Perversión del concepto de igualdad en un sentido nivelador. Proyectos de socialización burocrática. Incapacidad congénita para asumir otras formulaciones nacionales que no sean las étnicas. Proyección de un “fin de la Historia”, muy similar al soñado por el liberalismo, consistente en una sociedad de consumidores ociosos, nadando en la “abundancia de las fuerzas productivas”, con una “disolución del Estado” en favor de una gerencia de sabios administradores y contables.

Desde hace unos años asistimos al desmoronamiento terminal del ideario que proviene del tronco marxista. El PSOE se halla en la vanguardia del proceso que afecta al conjunto de la socialdemocracia europea. Ésta hace ya tiempo dio su bendición a la economía de mercado y a la “globalización”. En casi todos los casos ha olvidado incluso las tímidas recetas de intervencionismo estatal que defendía, para transformarse en una fuerza derechista de mero liberalismo social. En nada serio difieren sus propuestas de las de los partidos liberal-conservadores.

La izquierda con referencias marxistas sólo sobrevive en algunos agrupamientos de Izquierda Unida, pero lo hace en un estadio de descomposición rayano en la putrefacción: como mero reducto de timoratas propuestas keynesianas, arrastrándose penosamente detrás de los movimientos separatistas, o descoyuntada en mil humanitarismos de ONG a la caza de subvenciones.

Sin embargo, la disolución del marxismo en el liberal-capitalismo no significa el fin del proyecto revolucionario en general y del socialismo en particular. El colapso del marxismo ha clausurado únicamente la etapa escolar del combate socialista, la adolescencia burguesa de la idea revolucionaria. Ahora permite a ese combate un importante avance hacia las cotas de lucidez que siempre ha precisado. Queda planteada la construcción de una nueva alternativa transformadora, desembarazada de marxismo.

El plan de Trabajo

Es precisa la sustitución paulatina del paisaje moldeado del liberal-capitalismo, por el despliegue del Plan Nacional del Trabajo. Es ésta una tarea política esencial de la nueva República: sólo por su cumplimiento la Nación española podrá retomar las riendas de sus destinos. Y no se trata de que lo que hoy se llaman “necesidades humanas” (en muchos casos, inducidas por la publicidad), sean por fin satisfechas. El Plan del Trabajo englobará el campo de la producción para el consumo, pero irá más allá del mismo, subordinándolo a una política globalmente penetrada por valores meta-económicos como la fuerza creadora o defensiva de la Nación y la justicia.

En lugar de la actual “sociedad de mercado”, la comunidad nacional del Trabajo pondrá en pie una planificación tan ambiciosa como flexible, capaz incluso de servirse de los espacios de mercado. Estos serán conceptuados, en primer lugar, como un segmento especial dentro de la estructura económica general. En segundo lugar, como un mecanismo imperfecto y, por tanto, necesitado de regulación, de una determinación política de sus condiciones ejercida mediante el control de precios, el sistema fiscal y la política monetaria.  En tercer lugar, como un espacio al que no es posible confiar instrumentos económicos fundamentales de la comunidad y que, finalmente, ignora las metas extra-económicas de la misma.

La investigación, la reposición del medio ambiente, los servicios sociales esenciales, la defensa, etc., son ejemplos de planos extra-económicos que se sustraerían completamente al mercado. Este ámbito incluirá el dinero, por estimarlo una forma política, frente a su consideración actual como mercancía, como un bien particular en manos de particulares (los Bancos), como una forma económica privada y no como un regulador central. En el campo propiamente económico se situarán fuera de la órbita mercantil la energía, los grandes transportes y el sector de los grandes medios de producción industrial.

Ya se escucha ya el aullido de la indignación liberal: «¡Quieren el hormiguero! ¡Quieren la planificación, que asfixia la iniciativa y aplasta la creatividad de la sociedad civil!». Cabe, simplemente, recordar que esa sociedad ni siquiera existiría si el capitalismo no hubiese instaurado, en el ámbito de la empresa, las más exhaustivas e “imperativas” formas de planificación. El liberal, como el dios Jano, es un ser bifronte: en relación con el Estado, es un anarquista furibundo; en relación con el personal de las empresas que regenta, es un monarca absoluto. La necesidad de un grado u otro de planificación se ha hecho sentir desde el momento en que las formas de vida humanas han alcanzado un intenso grado de complejidad, intensificado ante todo por la técnica.

Deberán ser conceptuados ejes primordiales del Plan de Trabajo:

• Cancelación de los compromisos de disciplina monetaria, acuerdos de libre circulación de capitales, mercancías y personas, así como la aceptación de cupos de producción suscritos en beneficio de otras naciones.

• Tenaz esfuerzo de rearme industrial, modernización de la agricultura, cabaña y flota pesquera, impulso de la reforestación, etc. Esta estrategia deberá poner fin a la línea de desnacionalización económica, inseparable de la desnacionalización política, impuesta en las últimas décadas.

• Efectiva garantía de trabajo para todos los españoles. Fin de todas las políticas de laissez faire liberal en materia de inmigración: contra el fomento de la inmigración masiva y desreglada y la claudicación ante el “sin papelismo”.

• Desarrollo equilibrado de las regiones y el fin de las tendencias al acaparamiento exclusivista de recursos naturales.

• Promoción del máximo fomento tecnológico, tanto en el campo de la investigación como en el de las aplicaciones, coordinándolas y extendiéndolas de modo armónico. En el campo de las aplicaciones otorgará primacía a las redes de comunicación altamente integradas, a los procedimientos biotecnológicos y a los sistemas de cálculo e inteligencia artificial (exigidos en primer lugar por el sistema de planificación). En el plano de la investigación, atenderá con la máxima rapidez a la sustitución de materias primas y fuentes de energía y a la protección del medio ambiente. Ello no implica en modo alguno dar por buena la actual –y suicida– renuncia a la utilización de la energía nuclear, que deberá ser retomada. Pero su empleo en condiciones óptimas de seguridad exige un avance técnico y un abandono de las actuales soluciones cómodas de rentabilidad inmediata del capital.

• Esfuerzo intenso y sostenido de inversión con destino a la educación. En las reformas educativas realizada bajo el juancarlismo apenas hay aspectos positivos que deban destacarse, si se exceptúa la ampliación de la enseñanza obligatoria. A los resultados catastróficos de esas reformas en el plano del conocimiento, hay que añadir la extensión de las actitudes indisciplinadas, la erosión de la voluntad y un acusado crepúsculo del sentido del deber y la responsabilidad.

• Creación de una institución dotada de financiación y potestad expropiatoria que le permitan la adquisición masiva de suelo, para la construcción de viviendas de protección oficial.

• Fiscalidad progresiva, basada en un mayor peso de los impuestos directos, frente a la actual línea de bajar los impuestos sobre la renta a los que tienen más y aliviar el descenso de las arcas del Estado mediante el aumento de tributación sobre el consumo. Fin de los privilegios fiscales de tipo territorial.

• Mantenimiento y mejora del sistema público de protección social y pensiones, con plena conciencia de que depende de un relanzamiento del crecimiento demográfico y de un salto cualitativo en el crecimiento del empleo.

Ir más allá del “progreso”

Una alternativa auténticamente superadora del sistema actual deberá tomar en cuenta los puntos más fuertes de éste. Tales puntos no se sitúan en el mercado hiperpluralista mitificado por algunos. Se sitúan en las tendencias a la concentración técnica y centralización financiera, a la disociación de la gestión respecto de la titularidad de la propiedad y a la programación, con las que el capitalismo intenta defenderse de su propio curso desequilibrado. Son los trusts y grandes consorcios quienes, con las limitaciones propias de la presente forma de vida, han extendido los milagros tecnológicos, impulsando dinámicas de fabricación en constante revolución de procedimientos y métodos, haciendo gala de un prodigioso genio organizativo y “planificador”.

El Estado del Trabajo hará descarrilar estas tendencias: las conducirá a la ruptura con los valores y estructuras que hoy se apoyan en ellas contradictoriamente, para acelerarlas y dar comienzo a otro curso, de organización funcional de la comunidad nacional.

Por fortuna, parecen haber amainado las elucubraciones acerca de nuevas formas de “socialización de la empresa”, de la “empresa sindicalista” o “autogestionada”. En el sector público, es preciso tender hacia la configuración de entes institucionales descentralizados que integren cada rama o sector de actividad como un conjunto. Estos complejos institucionales contemplarán en su seno, obviamente, las necesarias divisiones de procesos de trabajo, así como un escalonamiento territorial de sus actividades. Pero esos factores jugarán como partes de un todo, con instancias unitarias de dirección, que establecerán la localización de sus asentamientos, su dotación, dimensión, etcétera, en función de los requerimientos de la planificación general, las características de los territorios y poblaciones, la facilidad de suministros, la red de transportes, etc. Ello abonaría el terreno para el surgimiento de legiones de dirigentes herederos del ímpetu creativo y emprendedor de los “capitanes de industria” de los siglos XVIII-XIX.

Orientación exterior

Ya hemos enunciado las razones de nuestro rechazo a la actual Unión Europea en los planos de defensa de nuestra soberanía e incluso de nuestra integridad nacional. Es evidente que dicha soberanía no se está sacrificando para que nazca una auténtica realidad “supranacional”, sino en aras de los intereses de otras naciones de Europa, las que albergan los oligopolios y concentraciones financieras más potentes.

Nos oponemos a que España tenga como único destino el secundar la formación de un nuevo bloque imperialista. Ya hemos experimentado lo que significa el avance en esa dirección: imposición de disciplinas monetarias promotoras del paro en masa; reformas laborales impulsoras de la precariedad y el despido barato; desvalorización continua del trabajo nacional mediante el fomento a la inmigración masiva; sustitución de la acción del Estado por la de los “agentes sociales”, de la ley por el contrato y de los contratos colectivos por contratos individuales; demolición paulatina de los servicios vitales y de los sistemas de protección social; exclusión de sectores sociales enteros y promoción de crecientes desequilibrios y fracturas territoriales, etc.

El régimen vigente en España se aviene a que ésta se reduzca a una sociedad de servicios esencialmente dominados por el capital extranjero, todo lo más salvaguardando la existencia de un par de bancos y varias multinacionales españolas capaces de sobrevivir en el mercado mundial.

Creemos que España puede jugar otro papel en el siglo XXI: el de nación trampolín de un enclave europeo democrático y socialista articulado como confederación de repúblicas comprometidas con un nuevo sentido del trabajo, de la técnica y de las relaciones con el Tercer Mundo.

Ese bloque no podría limitarse a ir desactivando el dominio de la lógica mercantil en su interior, sino que también debería dejar de subordinarse a la misma en el exterior, como condición de su autonomía política y de la protección de su potencia industrial. Su orientación sería la de un espacio con vocación autosuficiente. No tendería a concurrir con las potencias imperialistas en términos de producción de beneficio, aunque sí competiría con ellas como civilización global, lo que implicaría perseguir, entre otras cosas, la superioridad tecnológica y la necesaria capacidad disuasoria militar.

El “libre cambio”, junto con el humanitarismo, ha sido la doctrina de Inglaterra y luego de EE.UU para someter a las demás naciones y desarticular sus estructuras económicas. En cambio, la autarquía debió ser practicada por algunos países del continente europeo en su etapa inicial, como premisa básica de su industrialización.

Creemos vitalmente necesario el fin del acatamiento de la política de libre cambio, mediante la construcción de zonas de desarrollo auto-centrado, organizadas en espacios políticamente homogéneos. La confederación euro-socialista que proponemos también debería adaptarse a esa perspectiva que, por otra parte, es cada vez más compatible con las modernas técnicas energéticas.

Es claro que el aislamiento de un país en la marcha hacia esa Nueva Europa le impondría intercambios con el exterior, fundamentalmente en el campo de la importación de mercancías. Tales actividades deberían ser controladas por los órganos de gobierno de la comunidad nacional. Sin embargo, hay que ser muy conscientes de que una prolongada situación de aislamiento daría al traste con las transformaciones parciales efectuadas. En este supuesto, lo mejor seria el reconocimiento claro y terminante de la derrota.

Cambio de estructuras

Una fuerza transformadora triunfante por vías democráticas, aunque deba ese triunfo a un conjunto limitado de propuestas urgentes, se hallará muy pronto ante desafíos tales del sistema que, o bien deberá renunciar a sus objetivos, o bien deberá pasar resueltamente a un ataque a fondo contra las alturas dominantes de la economía. Vista la cuestión desde otro ángulo: el Plan de Trabajo propuesto por esa fuerza, aunque decidiese hacer uso de la mayor prudencia, toparía con el hecho de que es cada vez menor el número de las medidas que pueden adoptarse aisladamente. Y en múltiples actividades, cualquier punto de vista de rentabilidad económica, incluso provisional, tendría que ser desechado. Otros campos plantearían exigencias apremiantes (vivienda, sanidad, energía y transportes, etc.) y sumamente entretejidas entre sí.

Todo ello impondrá la necesidad de una regulación unitaria que no podrá limitares, en todos los casos, a una simple restricción de la libertad de los actuales agentes económicos privados. En concreto, se hará necesaria la transferencia inmediata a manos de la comunidad nacional de todos aquellos instrumentos que, por su trascendencia o la dimensión de sus estructuras, involucran el destino de millones de hombres o comprometen los derroteros del conjunto de la comunidad. Ello afectará al sector financiero, sector de la energía, industria electrónica y química, siderurgia, grandes medios de transporte, sanidad e industria farmacéutica, enseñanza, etc.

Esta propuesta impone varias precisiones. El cambio de estructuras de propiedad que supone, siendo condición necesaria del proyecto transformador, es por sí solo insuficiente. Desconectado de otros aspectos –principalmente, la orientación exterior, las formas retributivas y las de ordenación del Plan–, podría incluso convertirse en punto de partida de una reestructuración del capitalismo. Tales transformaciones carecen de significación profunda, si no se entienden como algunas de las múltiples medidas del esfuerzo orientado a hacer cesar el dominio del proceso de acumulación de capital considerado como un todo.

En momento alguno se alentará medidas de despojo en los espacios que hoy ocupan las pequeñas y medianas empresas. No se oculta que una parte de estos sectores preservan formas de actividad y de mentalidad incapaces de afrontar el futuro. Y ello, sea cual fuere la orientación dominante. A largo plazo, y al igual que otras capas abocadas a un completo declive por la evolución tecnológica, deberán tomar una opción. La salida de los gobiernos actuales significa la descomposición de parte de esos sectores y el sometimiento del resto a la extorsión de los bancos, oligopolios y grandes redes de comercialización.

La orientación nacional-republicana, en cambio, será sensible a la necesidad vital de esos sectores de conseguir crédito barato, sentir un alivio de la presión fiscal, cada vez más agobiante, obtener precios accesibles de máquinas, equipos y suficientes infraestructuras y servicios en el caso del campo, etc. Estas capas, al igual que ocurre con los diversos grupos de asalariados, están hoy interesados en el mantenimiento de bajos tipos de interés bancario, en el camino de un sistema comunitario que rompa el espinazo a la usura institucionalizada. Bajo la República del Trabajo, es claro que medidas contra la finanza y las grandes concentraciones industriales y de servicios como las antes enunciadas, incluso podrían mejorar las condiciones de existencia de dichos sectores. En este contexto, algunos de ellos podrán ir decidiendo por sí mismos acerca de su incorporación a la economía pública, en qué plazos y en qué formas, a la vista de las realizaciones del nuevo sistema de vida.

Esta alternativa comportaría, por otra parte, el pleno reconocimiento a artesanos, profesionales, artistas, explotaciones familiares, etc. del derecho a desarrollar sus actividades y a la promoción de las mismas.

La planificación como movilización integral

El fracaso de la planificación marxista ha puesto también de relieve que la complejidad y trascendencia del Plan son incompatibles con dictados burocráticos. El comunismo marxista se ha atenido a la misma idea que la socialdemocracia clásica: la construcción de una nueva forma de vida es la tarea de un centro gubernamental que solicita información. Llevando hasta el fin un planteamiento mecanicista, el marxismo ha pretendido cambiar las mentalidades como producto del cambio de las estructuras económicas, a su vez realizado mediante decretos. Pero el Plan no puede ser una ucase, una orden emanada de un centro y ramificada por funcionarios y tecnócratas. Ha de ser acción colectiva, trabada e interdependiente.

La planificación comunitaria únicamente es factible en un régimen político plenamente democrático. Y exigirá una participación, compromiso, y responsabilidad que alcancen el nivel de una movilización integral. Serán componentes de la misma tanto amplios niveles de autonomía, como la penalización de las ineficacias. Junto a la movilización, el Plan debe tener como atributos indispensables la flexibilidad y diversificación. La planificación será trazada por el órgano de gobierno general en cuanto a las grandes opciones y magnitudes. Los niveles políticos provinciales y finalmente locales deberían encargarse de escalonar su concreción y aplicación efectiva.

En gran parte de las actividades englobadas en el sector público se abrirán vías de gestión funcionalmente descentralizada, mediante entes institucionales reguladores de cada sector de actividad, concebidos como unidades de compromiso, a las que las instancias de gobierno dotarán de los medios necesarios para el cumplimiento de las misiones asumidas. Gozarían de amplios márgenes de autonomía en la gestión y de instancias rectoras en las que participaran todas las categorías del personal, así como la voz de los usuarios, y que contarán con directores vinculados a la obtención de resultados. Bajo la tutela e inspección de los correspondientes órganos de gobierno, no sólo organizarían verticalmente como un conjunto cada rama de actividad, sino que la articularían con otras ramas, a través de relaciones de cooperación, en el cuadro de la planificación global. Estas instituciones contaran con medios idóneos de investigación y unidades de cálculo a diferentes niveles. Darían curso a una amplia posibilidad de iniciativas, apoyadas en facultades de renovación de sus consejos rectores y de sus directivos regularmente ejercitadas, de propuesta y promoción de iniciativas y rivalidad de proyectos.

En el sector privado, el impulso de la participación de los trabajadores en la gestión, exigiría la reforma de la actual legislación sobre los órganos de gobierno de las sociedades. Por otra parte, se habilitaría a la Administración general y local para el ejercicio de la iniciativa pública en ese ámbito en cualquiera de sus formas.