Con su victoria, el PSOE retoma el encargo de liderar la metamorfosis del régimen, su reformulación pluri-nacional, acelerada tras el 11-M, y que quedó incompleta en la pasada legislatura. Un segundo tiempo para la “segunda transición”. Ahora Zapatero culminará la ocupación del llamado Poder Judicial, afianzará la legalidad del Estatuto de Cataluña, extenderá su modelo al País Vasco, al que entregará Navarra, y a Galicia y abrirá una nueva ronda del “proceso de la paz” con ETA. En suma, dará los pasos decisivos para convertir a lo que queda de España en un protectorado de los nacional-racistas vascos, catalanes y gallegos, bajo la forma de un confederalismo de factura medieval en el que los españoles definitivamente pasaremos a constituir una categoría de siervos. Todo ello sin olvidar los avances, que ya se producen subrepticiamente, hacia la cesión de Ceuta y Melilla a Marruecos, a través de alguna fórmula intermedia de co-soberanía.

Zapatero es muy consciente de que su hoja de ruta se ha complicado con la interferencia de la crisis económica. Por ello, oculta sus dimensiones. La presenta como una simple “desaceleración transitoria”, limitada a la construcción, Un “paréntesis” que será superado en dos años.

Para afrontarla en el corto plazo, propone “medidas de choque”: los cheques electorales –principalmente la deducción de 400 euros en el IRPF para los pensionistas, sectores de asalariados y autónomos– y al intento de hacer levitar de nuevo al moribundo negocio del ladrillo. Todo ello a cuenta del superávit acumulado en los últimos años. Son parches de efectos efímeros. El superávit, que se reduce a la Administración central y a la Seguridad Social, dejará de absorber en breve el impacto que una menor actividad en la economía tiene ya sobre los ingresos públicos, así como los gastos de protección social provocados por el continuo aumento del desempleo. Las consecuencias son claras: miente Zapatero cuando proclama que ni subirá impuestos ni impondrá recortes sociales.

A medio plazo, propone elevar la inversión en obra pública, ante todo en infraestructuras del transporte. Pero no existe margen presupuestario para serias políticas keynesianas de inducción de la demanda desde la actividad del Estado. En cambio, sí le resulta posible a Zapatero preparar condiciones para reanimar la oferta. Sabe perfectamente que el capital no volverá a invertir hasta que no esté lista la purga que le permita un relanzamiento de sus tasas de beneficios. Y esto significa mantenimiento de la presión de la inmigración –que Zapatero considera ya como un factor “estructural”– sobre las condiciones de trabajo de los españoles, bajada de la fiscalidad sobre las rentas del capital y reducción drástica de los costes laborales. Por ello, una de los aspectos más significativos del discurso de investidura de Zapatero ha sido la propuesta de “un gran Acuerdo Económico y Social que abarque, desde luego, al mercado de trabajo”, para el que serán convocados los empresarios y los sindicatos. En aras de la “competitividad” se preparan pactos inter-burocráticos que dejarán baldados a los trabajadores españoles.

El triunfo electoral de Zapatero le ha catapultado a una nube de omnipotencia. A su propia fuerza electoral espera añadir la reserva de los 800.000 votos que le restan a una IU en caída libre. A pesar de ello, en aras del talante, ha propuesto pactos a gogó. Ante todo, al principal partido de la oposición. Pero, a la vez, ha recordado a ese partido que los pactos “deben ser incluyentes de todas las identidades”. Pactará con uno o con otros según le convenga. Pero está con razón convencido de que podrá contar incondicionalmente con el PP para muchos “temas de Estado”, Ante todo, para descargar la crisis económica sobre los trabajadores.

Nunca hemos albergado dudas acerca del triunfo electoral del PSOE. Más aún: ya en enero de 2008 dábamos por descontado que ETA, para favorecer a  Zapatero, intervendría en la campaña electoral con algún atentado. Pero la más importante ayuda a Zapatero ha sido la aportada por Rajoy.

A lo largo de la pasada legislatura, denunciamos reiteradamente  la adhesión del PP al curso de reformas estatutarias; su acatamiento de la sentencia de “punto final” sobre el 11-M. Y, finalmente, su disposición a la “derrota de ETA” del brazo de los colaboradores con la misma,  secundando los llamamientos del Borbón al “consenso” y “unidad de los demócratas”.

En los debates televisados de la campaña electoral, Rajoy llegó a calificar a Zapatero de mentiroso 14 veces. Pero, a la vez, fue aparcando toda discusión sobre el modelo de Estado, los procesos estatutarios, la lucha antiterrorista, etc. Optó por farfullar cifras y datos sobre “lo que preocupa a la gente”: la  inflación subyacente, la cesta de la compra, el porvenir de una niña políglota y diestra en informática, etc. Con ello, se hizo evidente ante muchos que el PP en modo alguno constituía una alternativa al gobierno del PSOE.

Luego Rajoy se fue de vacaciones y, al regresar, durante el debate de investidura, le vimos pidiendo disculpas por existir: “por favor, señor Rodríguez Zapatero, yo lo único que hago es cumplir con mi función de oposición”. Fue un Rajoy servicial hasta el servilismo. Preocupado, ante todo, de no “crispar”: «ya he anunciado que en los próximos días presentaremos un paquete de medidas económicas por si a ustedes les sirve y, si no les sirve, tampoco pasa nada...». Decidido a “mirar adelante”, en nombre de un “nuevo clima de confianza”, y a acudir presuroso a todas las propuestas de pacto que le ofrezca un hombre al que hace bien poco denunciaba por haberle engañado sistemáticamente.

El Partido Nacional Republicano entiende que es preciso mirar la realidad cara a cara y decir la verdad, por amarga que sea. La Nación es una comunidad ética, jurídica, política, económica y afectiva que se integra mediante el Estado. Pero el Estado que desde 1978 presume de integrar a la Nación española, en realidad la ha precipitado en la desintegración. España ya no existe como Nación. Todo lo más, existen españoles de convicción y emoción.

España es hoy un solar donde, además de ese sector de patriotas españoles, acampan  nutridas huestes de antiespañoles furibundos, masas desnacionalizadas –únicamente atentas a que nada perturbe la pazzz de su “sociedad civil”–, y amplios conglomerados de plebe subsidiada.

El pueblo español, entendido como entidad política, como sujeto de soberanía, es algo que está por constituir. Y esto sólo podrá realizarse a través de la lucha. Nos referimos a la acción directa de masas. El cretinismo electoral bajo el vigente régimen sólo servirá para prolongar la pérdida de España. Sólo la lucha directa es útil, aunque sólo sea para resistir, como ha demostrado la huelga de los funcionarios de justicia.

Probablemente esa lucha arrancará con dificultad pues exige unos mínimos soportes de tejido asociativo, hoy inexistentes. Las plataformas que animaron las grandes movilizaciones de 2005-2007 fracasaron finalmente por sus ilusiones en la Constitución del 78. Un nuevo salto adelante implica posiciones de ruptura democrática con la monarquía, con su gobierno y con su oposición, para el avance  hacia la III República española

Pongamos manos a la obra desde hoy mismo.