El estado de la cuestión nacional que nos toca vivir deriva directa y únicamente de la Constitución española de 1978 y su régimen. Fruto de los acuerdos entre las élites franquistas representadas en sus cortes accionadas por Campechano I (sucesor de Franco a título de Rey) con las organizaciones nominales en el exilio y, fundamentalmente, con las distintas oligarquías capitalistas territoriales para la reforma del régimen franquista, se llegó a la redacción en la trastienda de unas cortes legislativas franquistas, sin poder constituyente, de la que ha sido la Constitución de 1978.

De esto se derivan varias lecturas.

La primera: la población española a la muerte de Franco en su conjunto no se pronunció si quería ruptura o reforma y en general, podemos decir, estaba a gusto con el status quo de la situación del momento salvo exiguas minorías orientadas a una u otra salida en las que triunfaron los reformistas de las élites franquistas (lo que se ha venido en llamar el suicidio de las cortes franquistas o del búnker), y esto es debido a que durante 40 años de dictadura se procedió a una profunda despolitización de la población.

La segunda: la elaboración de la constitución de 1978 y el advenimiento de su régimen fue de espaldas a la población, sin mandato popular y, por tanto, sin previa consulta, y solo legitimada por un referéndum franquista a posteriori.

La tercera: en esa constitución se consagran los dos pivotes sobre el que se asienta el régimen del 78 o del Borbón siendo uno de ellos la permanencia en el periodo de vigencia de la constitución de la misma figura de la Jefatura de Estado como Rey y el pacto del régimen con las distintas oligarquías capitalistas territoriales a través de la creación del Estado autonómico y cuya naturaleza es ser centrífugo fundamentado en cualidades no empíricas pero sí de carácter etnolingüísticas (a la postre toda una soberbia obra de ingeniería social a la que hay que descubrirse el cráneo), y sobrevolado por un órgano político llamado Tribunal Constitucional intérprete.

La cuarta: este naturaleza centrífuga de la Constitución del Borbón y su Tribunal político intérprete ha promovido la segunda consecuencia del régimen franquista que no es otra que la desnacionalización de la población española y articular todos los resortes y fisuras para la fragmentación de la Soberanía nacional, siendo la más característica de todas ellas hasta el momento el reconocimiento CONSTITUCIONAL de una Nación, la catalana, una Realidad Nacional, la Andaluza, y una Comunidad Autónoma con cláusula de arrastre (la capacidad de alcanzar el tope competencial), la Valenciana, y dejando el desenlace final (ahora o en el momento conveniente) a las distintas correlaciones de fuerzas vigentes en este momento o en el posterior pero con claro imperio de aquellas fuerzas separatistas frente a una débil, exigua, dubitativa y trufada resistencia nacional.

Entre unos y otros, y a la luz de la Constitución del Borbón, nosotros apostamos a ganador por los primeros. Por eso se puede afirmar ya extinta la Nación Española.

Quedan los españoles que quieren seguir siéndolo. Están divididos, fragmentados, individualizados, atomizados, organizados muchos en distintas organizaciones y partidos que se encuadran desde la extrema derecha fascista y casposa hasta la derecha más guay y homologada, centrada, liberal, débil, acomplejada y fracasada. Todas trufadas, todas instrumentales al régimen antinacional, antidemocrático, antisocial y corrupto del Borbón, que los aboca al fracaso histórico. Sobre ellos hay un llamamiento Histórico también a la resistencia y a la lucha para la refundación de la Nación española sobre los restos cadavéricos y pútridos que nos deje el Borbón y su régimen.

Al igual que en una noche alevosa se arrió para siempre la gloriosa bandera de la nación soviética, un día será arriada la más gloriosa enseña rojigualda. Lo que los españoles que decidan seguir siéndolo decidan después vendrá por sangre, sudor y lágrimas pero ya no la podrán llamar la España que les vio nacer.