Hay quien piensa que, en el contexto de la actual crisis,  lo normal sería que los grandes sindicatos estuvieran en pie de guerra. Nosotros pensamos, por el contrario, que esos sindicatos hacen lo que, por su propia naturaleza, no pueden dejar de hacer. Protestas contra los ERE  ante los gobiernos de las Comunidades Autónomas y no contra el “gobierno de España” de Zapatero, pataletas de desfogue después de plegarse a las imposiciones de las empresas, como ha ocurrido en  Cataluña ante SEAT,  aislamiento sectorial de las convocatorias, fragmentación de las mismas por Autonomías, etc.

Esta actitud no es ocasional, sino consecuencia de todo un proceso histórico. Nuestra maravillosa “transición” transmutó a los enlaces y jurados del sindicato vertical franquista en los comités de empresa que conocemos. Y confirió eficacia general a los convenios colectivos negociados por los sindicatos más representativos en las elecciones a esos comités: es lo que se ha venido en llamar “irradiación”. El resultado es que los trabajadores carecen de interés en afiliarse y pagar cuotas si de todas maneras los efectos del núcleo de la acción sindical, que es negociar sus condiciones laborales, ya van a revertir sobre ellos. La consecuencia es un bajísimo nivel de afiliación. Los sindicatos pasan entonces a vivir de subvenciones y no sólo en pago a su “representatividad”, sino también por otros conceptos como su función “consultiva”, o de participación en actividades como la formación profesional. Está, además, su implicación en procesos selectivos de personal, por lo que perciben dietas diferenciadas. Todo esto es lo que el artículo 28.1 de la Constitución denomina pomposamente “garantizar la libertad sindical” y que en realidad ha contribuido al reemplazo de los funcionarios del antiguo sindicato vertical por una casta burocrática “libre” con aspiraciones funcionariales. Otra cosa no son las cúpulas de los sindicatos y sus 270.000 liberados. La financiación de esta casta mediante subvención, como si de un servicio público se tratase, equivale a un impuesto a pagar entre todos, incluidos pensionistas, autónomos e incluso asalariados que no se benefician ni es previsible que vayan a beneficiarse nunca de la labor de los sindicatos.

En virtud de resolución del Ministerio de Trabajo, CCOO y UGT recibieron en 2008 14,7 millones de euros del dinero de todos los contribuyentes. Así, CCOO recibió 6,44 millones para la realización de actividades sindicales y otros 1,02 millones por la citada función “consultiva”. Por su parte, el Gobierno le entregó a UGT  6,09 millones de euros para su funcionamiento y otros 1,19 millones extra por la actividad de consulta. Por lo tanto, CCOO recibió 7,46 millones y UGT 7,28 millones. Aunque estos dos sindicatos son los que más fondos han conseguido, no son los únicos que financian los ciudadanos con su trabajo diario. Entre los que más ayudas lograron destacan el sindicato vasco ELA, que percibió 513.000 euros, Unión Sindical Obrera (USO) 499.000, el sindicato de funcionarios CSI-CSIF 376.000, el gallego CIG 299.000,   el vasco LAB 230.000 y CGT 213.000 euros.  Pero esta orgía de subvenciones no se limita a los sindicatos de asalariados. La Confederación de Organizaciones Empresariales Españolas (CEOE recibió una subvención de 2,15 millones de euros por su función “consultiva” con el Ministerio de Trabajo.

A todo esto se suma la especial atención dedicada por el PSOE a las zonas que tradicionalmente le aportan mayores cantidades de votos. Desde 2004 a febrero de 2009, la Junta de Andalucía que preside el socialista Chaves ha concedido subvenciones a los sindicatos mayoritarios UGT y  CCOO por un importe de 265 millones de euros. De un análisis realizado por Pedro de Tena en Libertad Digital se desprenden datos significativos.

UGT ha recibido en el mencionado periodo 122.433.196 euros y CCOO 143.049.447 euros. Estas cantidades  superan ampliamente lo obtenido por cuotas sindicales en ambas organizaciones en los cuatro años objeto del estudio. Ante la inexistencia de cifras oficiales de afiliados tanto de UGT como de CCOO en Andalucía. Pedro de Tena recurre a las cifras aportadas por  CCOO a nivel nacional, en datos de 2008 y por UGT en datos de 2005. Según estos datos,  CCOO en España contaba con 1.192.973 afiliados al 31 de octubre de 2008. La UGT, por su parte, contaba en 2008 con 944.000. Para acotar  el número de afiliados en Andalucía, se ha aplicado a la suma total de afiliados el porcentaje de población andaluza sobre el conjunto nacional, un 18 por ciento. De ese modo resulta que UGT podría contar en Andalucía con un total de 169.920 afiliados y CCOO contabilizaría 214. 735 afiliados andaluces. La cuota mensual  a satisfacer por los afiliados andaluces de UGT es de 10,40 euros,  mientras que la cuota mensual del afiliado de Comisiones Obreras es de 10,50 euros. Según estos datos, la UGT recaudaría anualmente la cantidad de 21.206.016 euros. Es decir, que en los cuatro años anteriores, y manteniendo los valores constantes, habría recaudado un total de 84.824.064  euros, una cantidad muy inferior a los 122,4 millones recibidos como subvenciones del gobierno de Chaves. Igualmente CCOO ingresaría anualmente la cantidad de 27.056.610 euros, que en el período considerado podría ascender a 108.226.440 euros, cantidad igualmente inferior a los 143,0 millones recibidos en calidad de subvenciones. Dicho de otro modo, si el presupuesto de estos sindicatos sólo englobara estas cantidades, las cuotas representarían el 43 por ciento del total en el caso de CCOO y el 40 por ciento en el caso de UGT. La ciudad de Cádiz, con 127.000 habitantes, tiene para 2009 unos presupuestos globales de 209 millones de euros, 56 millones menos de lo que reciben los sindicatos en 4 años.

Con tamañas inyecciones de dinero público es difícil que los sindicatos lleguen a plantar cara a Zapatero. Salvo en un supuesto, del que existe un precedente próximo: los sindicatos se enfrentaron al Gobierno de Aznar en 2002 por un decreto-ley que pretendía reformar el mercado laboral. Entonces organizaron la primera huelga general de 24 horas que ha vivido España en el siglo XXI y que le costó el puesto al entonces ministro de Trabajo Juan Carlos Aparicio. Ahora, a pesar de que España lidera el paro del mundo desarrollado (OCDE) los grandes sindicatos se mantienen en la moderación. Pero todo podría cambiar si Zapatero cediese a las presiones favorables al abaratamiento del despido, pues éste amenazaría a medio plazo las fortalezas sindicales. Como ha señalado el profesor Dolado, los trabajadores con contratos indefinidos, susceptibles de conseguir mayores indemnizaciones por despido con las normativas actuales, suponen un 62% de la clientela potencial de los sindicatos (asalariados + parados). Por ello los sindicatos defienden el statu quo de sus clientes mayoritarios, a la vez que ignoran olímpicamente los intereses de los restantes trabajadores: los temporales, sobre los que está recayendo ahora el grueso del ajuste, y los parados. En este supuesto, la casta burocrática sindical tendría que lanzar movilizaciones defensivas, so pena de entrar en un periodo de fracturas y descomposición.

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo ha manifestado en varias ocasiones que “la  crisis no se arregla con una huelga general".  Sin embargo, también ha advertido que, en caso de reformas estructurales, "mañana mismo convocamos una huelga general".  Mientras esto no suceda, los sindicatos preferirán mantener la “paz social” y no dar armas a los partidarios de la reforma del mercado laboral.

Los trabajadores, para defenderse, tendrán que recuperar otras vías, utilizadas con éxito en el pasado, al margen de los grandes sindicatos actuales: las asambleas, los comités elegidos en las mismas, los piquetes de información y extensión de las luchas.

Cualquier porvenir del sindicalismo dependerá de su independencia respecto del poder del Estado y del capital, y de su democracia interna. Ninguna de ellas es posible en el marco de la mamandurria de la subvención.